Fueron casi diez pagos para dar con algunos de los prófugos más buscados, que participaron de homicidios y otros casos resonantes. Buscan replicar el sistema para secuestrar armas
Por Lucas Aranda
El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el plan de recompensas para esclarecer caso como el de Ivana Garcilazo
En agosto pasado, el gobierno de Santa Fe publicó la lista de los prófugos más buscados. El proyecto marcó el inicio de una nueva etapa en el pago de recompensas para esclarecer homicidios y otras causas importantes. Contando casos anteriores, la provincia ya abonó más de 100 millones de pesos y quiere replicar el mismo sistema para secuestrar armas.
La posibilidad de ofrecer dinero para resolver distintas investigaciones a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) está vigente desde hace tiempo, pero esta herramienta recién empezó a ganar protagonismo dentro de la política de seguridad de la Casa Gris a partir del cambio de signo político que se produjo en diciembre de 2023. Según sostuvo la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, en diálogo con La Capital, previamente sólo se había concretado una entrega de este tipo por parte del Poder Ejecutivo.
La lista empezó a crecer con mayor velocidad desde mediados del año pasado, cuando la Gobernación redobló la apuesta económica para atrapar a sospechosos de alto perfil como los hermanos Bilbao —ya recapturados— y Matías Gazzani, el más buscado actualmente. Al mismo tiempo se estableció un pago básico de $16.000.000 por datos sobre homicidios sin resolver y se duplicó el monto.
Desde el inicio de la administración del gobernador Maximiliano Pullaro, se pagaron nueve recompensas en Santa Fe. No todas se entregaron mediante resoluciones de acceso público sobre los legajos en cuestión, ya que uno de los principios fundamentales del sistema consiste en garantizar la reserva total sobre la identidad y la declaración de las personas que colaboran con el Estado.
En una primera etapa, comprendida entre principios de 2024 y el inicio de 2025, el Poder Ejecutivo contribuyó con el avance de algunas causas de altísimo impacto en Rosario mediante el ofrecimiento de dinero a testigos. Así se resolvió el asesinato de Bruno Bussanich y otro de los tres homicidios vinculados al crimen del playero.
En julio pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad autorizó la entrega de 10 millones de pesos por la captura de Damián Reifenstuel, el último imputado por el asesinato de Ivana Garcilazo tras el clásico rosarino del 30 de septiembre de 2023. En este caso, el pedido del MPA no apuntaba a desbaratar una peligrosa organización ilegal, sino a cerrar la investigación de uno de los homicidios de mayor impacto social de la primera mitad de la década.
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El profesor de química fue detenido el 25 febrero de 2025 en una pequeña localidad de Bolivia. Un testigo de identidad reservada lo reconoció en Samaipata, donde daba clases y lo conocían como el Uruguayo. A partir de esta declaración y la posterior aprehensión, la provincia abonó el dinero que había ofrecido cinco meses antes, poco antes del primer aniversario del fatal ataque a piedrazos de un grupo de simpatizantes de Newell’s contra la hincha de Central que volvía del Gigante de Arroyito en motocicleta, seguida por su novio.
Pasados dos años en los que las recompensas y la lista de los más buscados cobraron relevancia más allá de los límites de Santa Fe, la secretaria de Asuntos Penales hizo un balance sobre un proceso de "enorme aprendizaje" para obtener resultados con estas herramientas. Dentro de su balance, reconoció que la normativa requiere hacer equilibrio entre dos cuestiones clave que se contradicen. Por un lado planteó que el mejor cambio que hicieron fue darle publicidad al programa para que “la gente sepa de alguna manera que el miedo a aportar un dato va a ser compensado”. Al mismo tiempo, subrayó: “Lo ideal es que, sobre todo en los casos de alto perfil, nadie se ponga a buscar en su círculo quién pudo haber aportado esa información”.
Entre las resoluciones publicadas en los últimos diez meses, Santa Fe entregó cinco recompensas, aunque sólo dos trámites se completaron con el monto fijado previamente. En los casos restantes, los colaboradores recibieron una compensación menor.
El dinero abonado equivale a más del 70% del presupuesto de $103.000.000 asignado a raíz de solicitudes del MPA. En estas investigaciones aparecen tres de los 13 prófugos que llegaron a la lista oficial de los pedidos de captura más peligrosos.
Masneri apuntó que los ofrecimientos se definen con la cifra máxima que se puede abonar. Después, los fiscales presentan un informe para evaluar cómo estaba la investigación antes de sumar el testimonio de los informantes. “El grado de confirmación o lo que sumó el dato es lo que determina cuánto corresponde pagar. Si eso aportó todo lo que necesitábamos saber, se paga el 100 por ciento. Si vino a confirmar o a cambiar un cachito el rumbo, se evalúa el porcentaje”, precisó.
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El último detenido entre los sospechosos de alto perfil cuya resolución se hizo pública fue Alexis Emanuel “Chamí” Mendoza. La Fiscalía Regional de Rosario lo identificó como miembro de Los Menores, la banda narcocriminal liderada por Gazzani y asociada a la barra brava de Central. El prófugo, de 31 años, cayó bajo arresto el pasado 8 de marzo y el 24 de abril se autorizó el pago de 22 millones de pesos sobre un total de $30.000.000 previsto en la resolución anterior.
La segunda recompensa más alta fue la de la aprehensión de Gerardo Sebastián “Dibu” Gómez, detenido el 26 de agosto en la localidad bonaerense de Dock Sud. En este caso, la provincia había ofrecido 35.000.000 de pesos y abonó 15 millones, algo menos de la mitad.
Un mes después de aquel operativo en territorio bonaerense, Gendarmería Nacional atrapó a Fernando Andrés “Colo” Cappelleti durante otro procedimiento en barrio Martin. En este caso se entregaron los $20.000.000 fijados por resolución oficial gracias a la declaración para hallar a otro miembro de Los Menores. Lo mismo ocurrió cuando detuvieron a Reifenstuel y se utilizó el presupuesto total.
Los tres casos mencionados previamente fueron abordados por el Bloque Interagencial de Capturas, creado el año pasado para articular el trabajo del Servicio Penitenciario, la Policía de Santa Fe, el MPA y organismos de inteligencia. Para complementar esta labor se formó la Unidad de Captura de Alto Perfil, un equipo de agentes con entrenamiento especializado y equipamiento de última generación.
En lo que respecta al dinero, la provincia ofrece la plata en efectivo como una de las medidas para proteger a los testigos antes, durante y después del cierre de los procesos penales. El Estado incluso puede entregar el dinero si consiguen comprobar que un fugitivo falleció. Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó el año pasado que esto "ahorra un montón de esfuerzos en una búsqueda que ya no tiene sentido".
El funcionario apuntó que la prioridad siempre es hallar con vida a un sospechoso y evitar la intervención directa de quienes colaboran con las autoridades: “No sólo queremos que no lo maten, recomendamos no interceptarlos ni tratar de capturarlos por su cuenta y dar aviso inmediato a las autoridades".
La quinta recompensa confirmada en los últimos diez meses corresponde a un caso compatible con este último tipo de causas penales. La resolución se refiere al crimen de Pablo Bonda (34), un tatuador baleado el 25 de enero de 2024 en la esquina de Perú e Ituzaingó. Un año y medio más tarde, el gobierno santafesino autorizó la entrega de 6.000.000 de pesos tras la verificación de los datos obtenidos para el esclarecimiento del caso. Cabe aclarar que el primer imputado, Juan Bautista B. (21), fue detenido pocos días después del homicidio. El presupuesto para contribuir con esta pesquisa era de 8 millones de pesos.
Cualquier persona que pueda colaborar con su declaración para esclarecer un asesinato u otro caso de interés definido por la Justicia provincial puede llamar al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected]. También están disponibles las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):
Quienes participaron en los delitos investigados no pueden cobrar el dinero. El gobierno santafesino define el pago a partir de un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos para confirmar la utilidad del testimonio. Asimismo, el dinero puede repartirse entre dos o más personas que hayan colaborado y el monto se divide de acuerdo a la relevancia de la información que aportan.
Como una de las responsables del programa, Masneri remarcó que también es posible pagar la recompensa por transferencia bancaria si la persona compensada así lo pide. “En el 90 por ciento de los casos, la gente elige el efectivo”, aclaró.
Las autoridades también abordaron un episodio excepcional dentro de este sistema, ya que el gobierno llegó a rechazar el reclamo de un testigo. Según explicó la funcionaria, el MPA consideró que el pedido no era válido porque se trataba del primer llamado al 911 ante un hecho que ocurría en la calle.
Frente a los resultados de los últimos dos años, el gobierno baraja dos alternativas para mejorar el sistema dentro del plan de reforma en seguridad que envió a la Legislatura. Una de las modificaciones centrales consiste en generar programas propios que no dependan de una solicitud judicial y consiste en pagar por la entrega de armas de fuego, “siempre que no tengan un resultado positivo compatible con un homicidio”, según indicaron fuentes oficiales.
Por otro lado, esta modificación de la normativa permitiría lanzar recompensas sin un pedido judicial concreto. Masneri cree que un ofrecimiento independiente de la política criminal del MPA puede ser una buena herramienta para abordar casos como los de trata de personas junto al área de derechos humanos.
Por Fermín Sanchez Duque
