El proyecto con media sanción en el Senado que impulsa la prohibición de la actividad de cuidacoches en toda la provincia, empezó a moverse con más dinamismo en la Cámara de Diputados. Pese a los reparos planteados por el Arzobispado de Rosario (que pide ordenar la actividad y castigar a las mafias que extorsionan en shows y estadios de fútbol) el jueves que viene las tres comisiones tratantes de la iniciativa tienen previsto unificar un despacho para descender al recinto y votarla. Sin embargo, el día anterior, los mismos legisladores convocaron a representantes de la Iglesia para escuchar y tomar apuntes de sus reclamos.
La propuesta que prohíbe la actividad de los cuidacoches surgió del senador por Rosario, Ciro Seisas, y establece la adhesión de los municipios como paso fundamental para aplicación y plantea tareas comunitarias, penas de arresto y a su vez una alternativa de reinserción laboral de los trapitos . Este jueves está prevista una reunión de las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Allí se deberá pulir quien ejerce la acción contravencional para que las faltas deriven en un colapso de la Justicia penal, atiborrada de expedientes. Tanto el radicalismo como el socialismo llevarán borradores de dictámenes por separado para unificar criterios, con el fin de votarlo y aprobarlo en el recinto.
Cabe recordar que la comisión de Seguridad Pública de la cámara advritió que se debe aprobar una "legislación responsable y aplicable", en lo que atañe al juzgamiento de las contravenciones. "Cargarle el trabajo a la Justicia penal, podría empeorar la situación", remarcó el diputado de Unidos Martín Rosúa, quien agregó: "Obviamente tiene que hacerse desde los municipios y no desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA)".
El miércoles a las 13, la comisión de Seguridad tiene previsto recibir a las autoridades eclesiásticas que ya enviaron un documento para ser analizado por los legisladores. Este miércoles, referentes locales de la Iglesia Católica mantuvieron un encuentro con un grupo de personas que se dedican a esta actividad que generó gran repercusión.
Además del arzobispo Martín, de la cita participó el responsable de la Pastoral Social de Rosario, el padre Fabián Monte, y miembros de la comisión Diocesana de Pastoral Social.
En dicho encuentro, la Iglesia reafirmó su "acompañamiento a estos trabajadores informales" y renovó su "vocación" por trabajar en una "solución de los problemas que atraviesan los más vulnerables y excluidos". Además, llamaron a una regulación de la actividad, y no a una eliminación de la misma.
"Por eso creemos que este tipo de actividades no deben eliminarse, sino ordenarse; principalmente para identificar a quienes se aprovechan de estas situaciones, especialmente en espectáculos masivos o en inmediaciones de los estadios", remarcó el arzobispo rosarino.
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Lo cierto es que el proyecto que llegó de Senadores seguramente tendrá cambios. Semanas atrás, entre las preocupaciones que se escucharon en la comisión de Seguridad, los funcionarios de la capital provincial dejaron sobre la mesa su preocupación de hacerse cargo de las acciones punitivas, al cuestionar el artículo 4 en el que se impone la adhesión a la futura norma y constituye al ámbito municipal como actor y autoridad para afrontar las contravenciones. La dificultad planteada es que para cumplir con el proyecto haría falta más presupuesto y nuevas designaciones.
Un tema planteado es que distintas problemáticas tienen regulación con una única casuística. Es decir, los trapitos que extorsionan, los cuidacoches aceptados por vecinos e integrados a un barrio, los barrabravas que lucran como mafias cuando hay shows musicales o partidos de fútbol y las cooperativas a beneficios de hospitales constituyen fenómenos heterogéneos pero que se legislarían todos bajo la prohibición.
"Está claro que se llegó a un nivel casi insoportable en un sector de la sociedad, víctima de apretadas, extorsiones, apropiación del espacio público. Sería una injusticia abordarlo genéricamente cuando hay problemas distintos. Ahora hay que resolver cómo ponerlo en marcha, sin generar recursos extra, y sin complicar a la Justicia y sin atacar la vulnerabilidad de personas que tendrían que ser atendidas y capacitadas laboralmente", resumió Rosúa quien de todos modos se mostró confiado en avanzar en una legislación al respecto.
Espejitos de colores
Por su parte Lionella Cattalin había indicado que existen realidades distintas en las diversas localidades y normativas distintas. "Todos pidieron cambios por la capacidad de accionar o no ante una falta cometida. Esta ley tiene que entender las realidades de toda la provincia y de todas las ciudades, es algo complejo y dificultoso. El control del espacio público es potestad municipal pero la contravención es algo provincial y hay que amalgamar todas estas realidades y sacar una norma que solucione todas las aristas como la violencia, la falta de empleo, la pobreza creciente y no abarrote a la Justicia muy cargada con juicios pendientes. Tenemos que ser muy responsables a la hora de hablar de este tema y no vender espejitos de colores, porque el problema de los cuidacoches puede ser una de tantas soluciones, pero no lo vamos a resolver con una ley y mucho menos con una ley debatida a las apuradas", finalizó la diputada socialista.
