La próxima semana será el veredicto del juicio que abordó los delitos de una banda organizada desde la cárcel de Piñero. La defensa de Riquelme, considerado jefe, cuestionó la falta de investigación al Servicio Penitenciario en el ciclo 2021-2023
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
.El tribunal que condenó a Francisco Riquelme sugirió investigar la connivencia penitenciaria
El juicio a Francisco "Fran" Riquelme, acusado de liderar una asociación ilícita e instigar dos homicidios, culminó esta semana y la Fiscalía reiteró el pedido de condena a prisión perpetua. Los delitos que le atribuyeron fueron cometidos desde la cárcel, lo que habilitó a su defensa a plantear en el alegato de cierre algunas consideraciones sobre “el fracaso del sistema carcelario”. El veredicto se conocerá el 29 de mayo.
El debate oral y público, iniciado en marzo, abordó principalmente el conflicto que la banda de Fran Riquelme, con base en el barrio Empalme Graneros, mantuvo con una organización rival del barrio Ludueña entre 2021 y 2023. En ese contexto la acusación de Fiscalía se condice con lo que en aquella época contaban los vecinos tras cada crimen o balacera: Riquelme hacía saber que pretendía mandar en esas calles del noroeste rosarino. Su defensa negó las pruebas expuestas en juicio y pidió la absolución, pero más allá de su rol lógico en el proceso también planteó inquietudes que exceden al caso puntual.
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En su alegato de cierre indicaron que al quedar Riquelme como jefe desde prisión de una banda criminal, por consecuencia, se afirmaría que cometió delitos “con la aquiescencia del Estado”. Es que el juicio volvió a exponer un interrogante que todavía pesa sobre uno de los períodos más violentos que atravesó Rosario en los últimos años. Si no hay una respuesta integral es porque tampoco se conocen investigaciones que indaguen en posibles responsabilidades institucionales en las irregularidades que quedaron a la vista cuando las cárceles se convirtieron en centro de operaciones de bandas que, surgidas en el encierro, instigaron extorsiones, balaceras y homicidios.
Lo que expone la Fiscalía sobre la estructura criminal de Riquelme, con su liderazgo desde una cárcel cárcel provincial, ocurrió también con otros reclusos alojados en penales federales. Algunos pesados históricos, como Esteban Alvarado o Guille Cantero, mantuvieron en prisión el poder que habían ganado en la calle. Pero tantos otros entraron a la cárcel por delitos menores, o no vinculados a organizaciones criminales, y en las cárceles tuvieron la capacidad de convertirse en jefes o referentes de grupos que emergieron en distintas zonas de Rosario. Coparon barrios instalando terror en la población con métodos similares, corriendo los límites de la violencia y provocando una escalada evidenciada en la cantidad de homicidios dolosos registrados.
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Sobre ese fenómeno, ocurrido sobre todo entre 2020 y 2023 pero con un período crítico en 2021 y 2022, surgen los interrogantes acerca de cómo se posibilitó. Lo obvio es que lo hicieron mediante teléfonos celulares, lo que quedó expuesto en todas las causas contra las bandas que emergieron en esos años. Algunos investigadores consultados ven un punto de inflexión en los permisos concedidos durante la pandemia ante la suspensión de las visitas, pero también reconocen la existencia de “kioscos” que se mantuvieron los años siguientes. Un eufemismo para referir a la connivencia institucional. “El Servicio Penitenciario era un kiosco enorme, estaba todo tarifado. Es un mundo muy difícil de penetrar, como si estuviese organizado para ocultarse todo lo que pasa ahí adentro”, analizó una fuente.
El gobierno de la provincia desde el inicio de su gestión ubicó la crisis penitenciaria como una de las principales problemáticas de seguridad pública e impulsó medidas restrictivas que repercutieron en el control y contención de la violencia urbana. Como extremo aparece la construcción de la cárcel “El Infierno”, que las autoridades anuncian como un proyecto que cambiará el paradigma carcelario aun ante planteos de inconstitucionalidad que ensayaron especialistas. En ese marco el gobierno reconoce de manera tácita lo que también expusieron algunas causas recientes: el delito mantiene su vínculo entre la calle y los penales. A propósito, los últimos días llegó a La Capital un mensaje desde una cárcel provincial: “Los detenidos les pagan a los directivos y a los guardias entre 300 mil y 1 millón de pesos para pasar celulares y droga”.
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Sin embargo es clara la diferencia entre lo ocurrido entre 2020 y 2023 con la actualidad y tiene que ver con la magnitud de la violencia ordenada desde las cárceles. Por ejemplo, disminuyeron de manera notoria las causas por asociaciones ilícitas lideradas por reclusos. Los argumentos apuntan al aumento del control carcelario, a la inteligencia criminal y otras medidas. Pero la ausencia de investigaciones complejas e integrales sobre el vínculo entre bandas criminales y el sistema carcelario permite la duda sobre el real alcance de la connivencia penitenciaria: si fue solo por beneficios económicos al cobrar para dejar pasar un celular, o si hubo otro tipo de intereses vinculados a las consecuencias de la violencia en el plano social e institucional.
En su alegato de cierre la defensa de Fran Riquelme, representada por Antonela Travesaro, aprovechó este elefante en la habitación para su estrategia y planteó la cuestión con el recorte del caso abordado en el juicio. “No se intentó explicar ni se probó cómo Riquelme habría liderado una organización criminal estando bajo custodia estatal”, indicó. “Sostener estas atribuciones en cabeza de Riquelme implica afirmar el fracaso del sistema carcelario. Implica afirmar delitos cometidos con la aquiescencia del Estado, en el interior del Servicio Penitenciario, delitos que no han sido investigados. Es más fácil cargarle todos estos hechos “al Pablo Escobar de Empalme Graneros” que investigar seriamente la corrupción”, agregó.
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En ese sentido redobló: “Acá tendrían que estar sentados, al lado de Riquelme, el director de Piñero desde 2021 a 2023 y el responsable político del Servicio Penitenciario a nivel provincial”. “Nos está faltando la pata del poder ejecutivo en esta banda criminal para poder condenar a Riquelme”, insistió. La acusación, por su parte, aseguró haber presentado en juicio las evidencias sobre el rol jerárquico de Riquelme en la asociación ilícita, pero también en otros hechos no abordados en el debate pero sí mencionados como parte del contexto. Riquelme apareció en la voz de testigos que dieron cuenta del control territorial sobre todo en Empalme Graneros, de donde es oriundo.
El juicio iniciado en marzo tuvo a quince acusados como parte de la asociación ilícita y abordó seis homicidios por los que hay doce pedidos de condena a prisión perpetua. La mayoría de esos crímenes ocurrieron en el marco de un enfrentamiento con una banda del barrio Ludueña también dirigida desde la cárcel de Piñero. A Riquelme le atribuyen la instigación de dos de esos homicidios, por lo cual está entre los acusados para los que Fiscalía solicitó la pena máxima. El veredicto se conocerá el 29 de mayo.
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