La evidencia colectada hasta el momento deja en prisión por dos meses al joven que mató a ladrones

Acusado de haber atropellado y causado la muerte de dos ladrones en moto que minutos antes le habían robado una mochila con dinero a punta de pistola, Diego Pablo C. fue imputado ayer de homicidio simple y quedó en prisión preventiva por 60 días. La resolución despertó la bronca de unas 300 personas que se manifestaron frente al Centro de Justicia Penal (CJP) reclamando la libertad del imputado, pero no hubo mayores incidentes (ver página 24).

El fiscal Patricio Saldutti entendió que, con la evidencia recabada hasta el momento, no hay otra calificación legal que se ajuste a lo ocurrido aunque no descartó que surjan elementos que pudieran modificarla en los próximos días. El defensor Pablo Rajmil se opuso a ese encuadre jurídico alegando que su asistido no tuvo intención de matar y proponiendo atenuantes basados en la traumática situación que el joven de 25 años había vivido minutos antes a expensas de los delincuentes que lo habían amenazado de muerte para asaltarlo.

“No es mi función en esta audiencia determinar si usted es culpable o inocente”, le dijo el juez Román Lanzón al acusado en los tramos finales de la audiencia realizada ayer por videoconferencia. Finalmente, remarcando el carácter provisorio de esta instancia judicial, el magistrado concluyó en sintonía con el fiscal que la evidencia colectada hasta el momento exhibe dos secuencias claramente separadas: el robo del que fue víctima Diego y el posterior doble homicidio que, a seis cuadras de la primera escena, terminó causando cuando subió con su camioneta a una vereda y arrolló la moto en la que huían Diego Quiroga García y Luciano Escudero.

Precisamente un video exhibido durante la audiencia que registró ese momento de la mortal colisión instó al juez a sostener que alguien que maneje un vehículo en esas condiciones “no podría haber tenido otra intención” que causar la muerte, aunque aclaró: “Sí habrá que profundizar cual era su estado en ese momento”. Es que el juez tampoco cerró las puertas a la aparición de evidencia que sustente la emoción violenta que esgrimió la defensa como atenuante a la conducta homicida del acusado.

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Una de las primeras medidas previstas en ese sentido, en principio para hoy, es una pericia psiquiátrica al imputado, mientras quedan por analizar muchos elementos probatorios como las imágenes de casi una veintena de cámaras de vigilancia que tomaron distintos momentos de los hechos, así como la toma de testimonios y pericias sobre el arma de los ladrones asesinados.

Tragedia en dos actos

El trágico episodio se desencadenó la tarde del jueves, alrededor de las 16.30, en Amuchástegui al 600. Una seis cuadras al oeste de la circunvalación, allí Fisherton se extiende como una barriada de clase media laburante donde los arrebatos y robos a mano armada aparecen a la orden del día. Un caldo amargo que mezcla miedo e indignación y para el cual basta con una pizca de violencia para hacerlo inflamable.

De los testimonios colectados entre un par de vecinos y la propia víctima del atraco, Diego llegó en su camioneta Chevrolet S10 a la casa de su padre cuando fue interceptado por dos hombres que iban en una moto Honda Titán roja. Al menos uno se bajó, le rompió una ventanilla del vehículo y lo obligó a descender. Un vecino lo vio en cuclillas —otro testigo de rodillas— mientras era amenazado con un arma de fuego y obligado a entregar una mochila con 2 mil dólares. Al parecer los ladrones le pidieron más y el joven entregó una billetera con 2.400 pesos y su celular. Con el botín en su poder los asaltantes huyeron en contramano por Amuchástegui hacia el norte.

Un hombre que llegaba en una Renault Kangoo observó la escena e intentó seguir a los asaltantes pero los perdió de vista enseguida. Otro vecino dijo haber oído tres disparos antes de salir a ver qué pasaba.

El propio Diego dijo que los ladrones dispararon tres veces al aire cuando se escapaban. Hasta ayer no se había colectado evidencia material, más allá de los testimonios, de que esos disparos existieron. Por lo pronto en el lugar no se levantaron vainas servidas. Según lo reconstruido hasta ayer, una vez concretado el asalto se desencadenó otra secuencia cuando Diego C. decidió ir a perseguir a los asaltantes.

Intenciones

Si bien hasta ayer no estaba del todo determinado el trayecto de la persecución, en algún momento la víctima del robo avistó la moto de los ladrones y fue por ellos.

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La defensa esgrimió que lo hizo con la intención de no perder de vista a los asaltantes hasta que éstos fueran apresados por la policía. Rajmil incluso deslizó que durante el trayecto uno de los delincuentes le apuntó con la pistola. Más allá de esas circunstancias todavía no acreditadas, la secuencia de la persecución termina cuando ambos vehículos circulando por Juez Zuviría suben a la vereda este apenas cruzaron la calle Navarro. Primero lo hace la moto e inmediatamente después, como pisándole los talones, sube la camioneta de Diego.

Ese momento, el más triste, fue captado por la cámara de una casa de esa misma vereda. La moto de 150 centímetros cúbicos desaparece del cuadro como engullida por la Chevrolet desbocada que se estampa contra un árbol. Si bien no aparecen en la escena, se sabe que el cuerpo de Quiroga, que tenía 25 años, terminó debajo del rodado donde murió. Y que Escudero, de 29, fue rescatado con golpes tan graves que murió al día siguiente en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

Presión y sensibilidad

Consumado el peor resultado posible para la secuencia de ambos hechos la escena se transformó en una olla a presión cuyo manejo seguirá requiriendo de extrema sensibilidad. Primero la llegada de familiares de los jóvenes muertos, ambos oriundos de barrio Ludueña, agregó tensión a un ambiente ya dominado por la congoja y el desconcierto. Una dolorosa tensión palpable en la escena y luego replicada en redes sociales.

La respuesta, con el correr de las horas, derivó manifestaciones en reclamo de la libertad del conductor de la camioneta que fueron de las más contundentes de los últimos tiempos, con 2.500 personas marchando el sábado por Fisherton bajo una lluvia insistente que obligaba a estar convencido.

En ese contexto de emoción social extrema tuvo lugar la audiencia del domingo, en el que las partes se conectaron por videoconferencia: el juez en un despacho, el fiscal y el defensor en sus hogares y el imputado en una celda de la Alcaidía mientras en la plazoleta que circunda el Centro de Justicia Penal (CJP) de Sarmiento y Virasoro se concentraban casi 300 personas exigiendo que Diego C. quedara en libertad (ver página 24).

El fiscal se abocó a la “materialidad y la evidencia” colectada hasta el momento que, más allá de lo provisorio de la instancia, da cuenta de un homicidio simple en el que hubo intención de matar y que contempla una pena de 8 a 25 años de cárcel. Al término de la audiencia diría a la prensa que está “a la espera de una evidencia que podría echar luz sobre una calificación distinta, pero con la evidencia que tenemos ahora, lo correcto era imputar homicidio simple”, defendió Saldutti su rol acusador en los términos que le exige la ley a un funcionario como él.

“No quiso matar, no es un asesino. Sólo quería que detuvieran a los ladrones”, sintetizó el defensor. Rajmil argumentó todo tipo de atenuantes, desde un asalto sufrido tiempo atrás por Diego del que no hubo denuncia hasta el hecho de que esta vez lo amenazaron con el arma y dispararon, que durante la persecución volvieron a apuntarle y, en definitiva, que actuó bajo un estado de emoción violenta lógico para quien minutos antes había sido víctima de un episodio tan extremo.

Puesto a resolver, el juez distinguió entre dos hechos distintos y concluyó que, en virtud de lo demostrado hasta ahora, no parece que el estado de shock bajo el que actuó el homicida pudiera haberle evitado comprender lo que estaba haciendo. Y apeló a la contundencia del video exhibido en la audiencia para colegir que, por cómo se ve la camioneta arrollando la moto de los ladrones, Diego C. tuvo la intención de causarles la muerte, aunque “habrá que ver en qué circunstancias” desplegó esa conducta.

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La discusión sobre la prisión preventiva también tuvo un desenlace técnico. Saldutti explicó que pidió esa cautelar por el plazo de ley hasta dos años por instrucción de sus superiores, pero aclaró que en 60 días podría tener una idea más acabada de lo ocurrido y sus porqués. La defensa se opuso al pedido, ofreció garantías personales y reales para asegurar que Diego no se fugaría ni entorpecería la investigación.

A mitad de camino de ambas posturas, y teniendo en cuenta que no están dadas las condiciones legales para otorgarle una prisión domiciliaria, Lanzón dictó 60 días; lapso que estimó prudencial para tener más elementos que logren despejar dudas y aclarar el incidente.

Afligido  

Finalmente, sin apartarse de las cuestiones técnicas que determinaron su resolución, el juez se permitió expedirse sobre la escena más grande que, más allá del abordaje judicial que permite analizarlo en dos secuencias distintas, caracteriza lo sucedido el 8 de abril como un solo episodio con víctimas y victimarios intercambiando roles en una tristísima muestra de lo jodida que está la sociedad rosarina.

Así, Lanzón le manifestó al imputado que entendía que la situación por la que había pasado era muy grave, agregó que él mismo y sus familiares se sienten expuestos a los problemas de seguridad como cualquier vecino. “Me aflige la falta de políticas públicas eficaces para atacar la situación de la inseguridad. Pero esto no es un justificativo para alterar la convivencia pacifica en un estado de derecho”, marcó finalmente su posición, tal vez no tanto sobre este hecho ya consumado y fatal, sino sobre hechos como este que cada vez más se arengan desde ciertos medios y redes sociales como si algo imposible como la justicia por mano propia pudiera ser todavía materia de discusión.