Este domingo por la mañana, vía zoom, Diego Pablo C. será acusado por el fiscal Patricio Saldutti por el doble homicidio de Diego Nicolás Quiroga García, de 25 años y Luciano Escudero, de 29, a quienes arrolló con su camioneta, una Chevrolet S-10, tras haber sido asaltado el jueves por la tarde en inmediaciones de Juez Zuviría y Navarro. Si bien se conoce que será acusado por el delito de homicidio existen un abanico de calificaciones que podrían oscilar entre el homicidio simple, que es sobre lo que se infiere irá el fiscal Saldutti, y la legítima defensa o emoción violenta, sobre lo que podría girar la estrategia de la defensa. El fiscal ordenó que a Diego C., detenido en el Order de la cárcel de mujeres, se le realice una pericia psiquiátrica.
Pablo Rajmil, abogado defensor del acusado, dio su versión de los hechos en cuanto programa de tele, radio o de gráfica lo consultaron. “Pablo estaba haciendo una operación bancaria en el centro. De ahí se dirigió a la zona oeste, a la zona de Fisherton, donde vive. Cuando llegó a su casa, en la que también residen sus padres, sube el auto a la vereda como para bajarse y entrar y en ese momento es abordado por dos personas en una motocicleta con arma de fuego. Le rompen de un culatazo el vidrio del auto y le exigen la plata a punta de pistola”, relató.
También indicó que su cliente “accedió, entregó el dinero que tiene y esta gente aparentemente en principio como que le exige más. Lo hacen bajar del auto. El baja y ahí disparan las armas de fuego, creo que son tres disparos de a de fuego que hacen al aire para amedrentarlo. Se llevan el dinero, y se van en motocicleta”. El profesional le sumó al relato que su asistido persiguió a los asaltantes para “ver adónde iban o para encontrar personal policial que pudiera detenerlo”. No precisó cómo fue el momento en que la camioneta Chevrolet S-10 del imputado arrolló a los motociclistas. “Mi asistido en ese momento estaba muy alterado, muy nervioso, muy preocupado”, indicó Rajmil. El acusado por el doble homicidio trabaja en negocios familiares vinculados a la construcción.
El hecho que involucró a Diego Pablo C., Diego Nicolás Quiroga García y Luciano Escudero es digno de un relato regido por la ley de la selva en una ciudad donde se privilegian más los bienes que la vida. Un clima de época cuya dinámica está dada por la apatía, el desprecio por el otro y la construcción de un enemigo claro y visible. Y un Estado ausente. En el medio, una sociedad que parece encontrar su satisfacción en las detenciones civiles, poco criticada por una parte importante de la prensa, y por una Justicia reticente a marcarle la cancha a personas que se erigen como justicieros populares. “En el mismo lodo, todos manoseados”, como reza el tango Cambalache.
Dos muertos y un preso, todos eso por 2 mil dólares y 2 mil pesos. Un doble homicidio de los que dividen aguas. Un hombre de 25 años, sin antecedentes y de buena familia que espera preso el resultado de un largo proceso judicial que deberá afrontar. Una vida que ya no será la misma más allá de ese proceso. Dos hombres que, según fuentes de la pesquisa, tendrían antecedentes por robo y que está muertos. Un caso que va mucho más allá en el debate que el simplificador latiguillo, contrafactual, del “vos decís esto porque no te paso a vos” y que encuentra respaldo en la frase “la gente siente bronca ante la injusticia, como en este caso”.
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De acuerdo a lo que trascendió sobre el expediente hay claramente dos hechos delictivos concatenados: uno, el robo de una mochila con 2 mil dólares y 2 mil pesos por dos ladrones en moto en Amuchásteguí al 600; y otro, la persecución y muerte de los dos motociclistas atropellados a seis cuadras de la primera escena, en Zuviría y Navarro.
El jueves a la tarde cuando la tormenta comenzó a descargar agua, Diego Pablo C. era asaltado en Amuchásteguí al 600. Según la defensa del hombre asaltado, los motociclistas lo encañonaron, le rompieron una de las ventanillas, le quitaron la mochila con dinero y realizaron tres disparos al aire en forma intimidatoria. “El fiscal trabaja sobre esa parte del relato. Si bien hay testimonios en ese sentido, no se ha podido verificar que haya sucedido. No se hallaron vainas y tampoco impactos en ninguna superficie”, indicó un vocero judicial. Los ladones huyeron y en ese momento cesó el peligro de vida para el asaltado. Fin del primer hecho. Un robo que está acreditado y un riesgo contra vida de la víctima. Diego C. es víctima y Quiroga García y Escudero victimarios. Pero con la muerte de los asaltantes la acción penal sobre los acusados prescribe.
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A partir de ese momento comienza una segunda escena: una persecución a lo largo de seis cuadras que finalizó con los dos motociclistas arrollados por Diego Pablo C. al mando de la camioneta. Una escena que puede comprenderse desde la “emoción humana” pero que está penada por la ley penal. Fuentes cercanas a la pesquisa indicaron que en la escena del doble homicidio se encontró “una pistola calibre 9 milímetros con parte de un cargador que coincide con otra parte que se encontró en el lugar del robo junto a proyectiles intactos”, según explicó el vocero. Esto podría transformar el robo en calificado, es decir con el uso de arma de fuego.
La persecución fue tomada por varias cámaras de videovigilancia. Según se investiga Diego C. se subió con su camioneta S-10 a la vereda en Zuviría al 200, tocó la moto Honda Titán roja sin patente y terminó arrollando a Quiroga García y a Escudero. El primero quedó debajo de la camioneta y murió en el lugar. El segundo agonizó en el Hospital de Emergencias y murió este viernes por la mañana. Ambos eran de la parte más empobrecida de Ludueña. En esta escena Diego C. es victimario y los motociclistas que lo robaron víctimas.
El encuadre jurídico
Al sumar una segunda víctima, el caso disparó todo tipo de inquietudes y especulaciones sobre cuál podría ser el encuadre jurídico del caso. Fuentes cercanas a la acusación deslizaron que, a partir de las pruebas reunidas hasta anoche, la opción más grave del homicidio doloso se sobreponía en la consideración del fiscal. Es decir que perdía peso la figura más leve del homicidio culposo, provocado por negligencia y un actuar imprudente pero sin intención.
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De encuadrarse el caso como un homicidio doloso y por tratarse de un hecho cometido sin arma de fuego podría aplicarse el delito de homicidio simple _en este caso con dos víctimas_ que prevé de 8 a 25 años de prisión. En ese contexto, el defensor de Diego C. podría alegar un comportamiento en legítima defensa. Esta es una variante del Código Penal que atenúa el delito si es cometido ante una agresión ilegítima y sin provocación previa contra la integridad física del acusado y la reacción es proporcional a ese ataque.
Este supuesto parece debilitarse ante la constatación de que el conductor persiguió a los ladrones cuando éstos ya no lo amenazaban y, por lo tanto, había cesado el peligro. Aún así, su abogado podría plantear un “exceso en la legítima defensa”, figura que se aplica cuando la reacción está justificada pero es desmedida.
Es el encuadre que se aplicó al célebre y controversial caso del ingeniero Horacio Santos, un ingeniero químico de 42 años, quien el 16 de junio de 1990 persiguió con su auto en el barrio porteño de Villa Devoto y ejecutó a balazos a los dos delincuentes que le habían robado el pasacassete de su Renault Fuego. Los asesinó a pesar de que estaban desarmados. En ese caso, que marcó a un rumbo hace dos décadas e instauró debates vigentes sobre la “justicia por mano propia”, también se discutió la variante de la emoción violenta amparada en el clima de época: “Al ingeniero lo habían robado muchas veces ya y el hombre no aguantó más”, como se propalaba por aquellos días bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem. La “emoción violenta” trata sobre un atenuante o eximente de la pena que, para determinarse, requiere ser constatado en exámenes psíquicos.
