Archivo La Capital
Secuestro de documentación en el Ministerio de Seguridad en Rosario, en noviembre de 2021
El juez Nicolás Falkenberg estableció medidas cautelares contra cinco de los imputados en el trámite abierto por asociación ilícita y violación de la ley nacional de Inteligencia donde ya se fijaron restricciones para el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. Ninguna implica privación de libertad. A los ahora imputados se les ordenó la obligación de dar aviso en caso de salir del país y comprometer la fecha de regreso. También se les fijó una caución real que implica un desembolso económico.
Las medidas fueron fijadas este jueves tras un acuerdo entre la fiscalía y las defensas de los cinco imputados. Estos son la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Shujman y la ex directora de Inteligencia del Organismo de Investigaciones Debora Cotichini como organizadores de asociación ilícita, y del ex director de Control Diego Rodríguez, el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Álvarez y la empleada Agustina Moulins en calidad de miembros.
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Este martes habían trascendido los fundamentos de la primera resolución judicial que evaluaba actividades de presunto espionaje ilegal. Con ellos el juez Martín Torres había prohibido la salida del país de Sain y también la de portar o tener armas. El magistrado dijo advertir que los cientos de perfiles de personas físicas que motivan la acusación contra el funcionario no fueron dispuestos, ni ordenados ni controlados por un órgano fiscal.
Los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grinberg acusaron a Sain de jefe de una asociación ilícita y por la violación de la ley nacional de inteligencia, medida que fue impulsada además por seis diferentes querellantes de víctimas aparentes de esos perfilamientos. Las imputaciones implican haber hecho actividades de inteligencia ilegal sobre empresarios, gremialistas, legisladores, funcionarios judiciales y policiales, abogados, militantes sociales y periodistas.
La querella de la familia del niño que se ahogó en una de las piletas de la institución insiste en el pedido para imputar a tres directivos. Sostienen que se usaron "pruebas inventadas" para protegerlos
