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La delegación nacional solicitó medidas urgentes para detener el proyecto Sea Lion. El gobierno inglés defendió su derecho a otorgar licencias petroleras
Comenzaron las primeras audiencias por el reclamo argentino en el archipiélago.
La Argentina llevó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), su reclamo para frenar la explotación petrolera que impulsa el Reino Unido en las Islas Malvinas. Las audiencias comenzaron hoy y continuarán este miércoles.
Durante la primera jornada, la delegación argentina expuso los fundamentos de su presentación y solicitó medidas provisionales para impedir que el gobierno británico avance con el proyecto petrolero Sea Lion.
El pedido del gobierno de Javier Milei incluye la suspensión de todas las actividades vinculadas con la iniciativa, la prohibición de nuevas autorizaciones para operar en el área y la preservación de los datos obtenidos durante las tareas de exploración. También reclama medidas para proteger el medio ambiente marino.
El embajador Mario Javier Agustín Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, encabezó la exposición de los fundamentos jurídicos.
Durante su intervención, cuestionó las decisiones unilaterales del Reino Unido y sostuvo que la Argentina intentó alcanzar acuerdos de cooperación sin obtener resultados: "En lugar de cooperar, concedió licencias de exploración de forma unilateral".
Oyarzábal también explicó por qué considera urgente la adopción de medidas provisionales: "Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva".
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En esa línea, señaló que los habitantes de las islas no pueden disponer de los recursos naturales de la plataforma continental cuya soberanía reclama la Argentina.
La estrategia jurídica argentina se apoya en dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La primera es la resolución 2.065, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La segunda es la resolución 31/49, de 1976, que instó a ambos países a evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara la controversia.
A partir de esos antecedentes, la delegación nacional sostiene que la explotación de hidrocarburos en un área bajo disputa contradice las obligaciones internacionales.
Además, invoca los artículos 192 y 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que establecen obligaciones para proteger y preservar el medio marino.
El gobierno británico rechazó los argumentos argentinos y defendió su facultad para autorizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas marítimas cercanas a las Malvinas.
Durante su primera intervención ante el tribunal, la fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, sostuvo: "La posición británica frente a la pretensión argentina está sólidamente cimentada. El Reino Unido no alberga duda alguna sobre su soberanía en las Islas y, por ende, sobre su soberanía y derechos soberanos en las áreas marítimas adyacentes".
A partir de esa posición, Londres defendió su derecho a conceder licencias de explotación petrolera a empresas que operen en la zona.
Las audiencias continuarán este miércoles con una segunda ronda de exposiciones y respuestas de ambas delegaciones.
Según el cronograma oficial, la representación argentina volverá a intervenir entre las 10.30 y las 12, hora de Hamburgo. A la tarde, el Reino Unido tendrá su turno, entre las 17.30 y las 19.
El público podrá seguir las presentaciones a través de la transmisión en vivo disponible en el sitio oficial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Una vez finalizadas las audiencias, los jueces deberán analizar los argumentos de ambas partes y resolver si corresponde conceder las medidas provisionales que solicitó la Argentina.
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