Las últimas dos semanas la cotidianidad de los vecinos del barrio Stella Maris, en el noroeste de Rosario, quedó atravesada por una seguidilla de balaceras y tres homicidios. Ese marco de violencia fue tan profundo como repentino, por lo que caló en la comunidad al punto de paralizar la actividad de un centro de salud. A lo largo del año se registraron situaciones similares en distintos barrios de la ciudad, con características que hacen a un fenómeno particular tanto para las investigaciones como para la prevención de los hechos. Investigadores de distintas áreas analizan cómo se trabaja en estos estallidos que se distinguen de lo que ocurre en otras zonas con conflictos permanentes.
Poco después de la medianoche del lunes 6 de noviembre los vecinos de Maradona al 800 bis se asomaron a la calle al escuchar una serie de balazos que llegaban desde una esquina. El ataque fue desde una moto, a lo largo de varios metros, y entre las personas que miraban quedó una mujer herida de muerte. Sofía Archilasqui, de 29 años, fue la primera víctima de tres homicidios ocurridos en el marco de una semana y con pocas cuadras de distancia, período en el que también hubo varias balaceras y amenazas. El domingo 12 fue asesinada Lorena Itatí Vega, de 42 años, en su casa de Juan B. Justo al 8600 y al día siguiente Marcelo Alejandro Padial, de 58 años, fue acribillado dentro de su camioneta en Juan B. Justo al 8100, a una cuadra de su casa. Sobre ninguna de las víctimas pesaba alguna investigación o sospecha directa por conflictos que pudieran estar relacionados a sus muertes.
Con ese contexto los vecinos del barrio Stella Maris describieron un marco de violencia relacionada al narcomenudeo que se extendía por fuera de los homicidios mencionados. Hablaron de ataques frecuentes al llegar la noche, de una vida acostumbrada a tener en cuenta ciertos riesgos y por lo tanto a tomar medidas para intentar evitarlos. Pusieron el foco en una banda llamada Los Menores, que tiene peso en ese barrio, en el 7 de Septiembre y otras zonas aledañas. Sin embargo fue a partir de los tres asesinatos que esa situación tomó estado público e institucional, al punto de provocar el cierre del centro de salud Ceferino Namuncurá, de José Ingenieros al 8500.
Los que investigan
En relación al caso del barrio Stella Maris los investigadores de distintas áreas, judiciales o policiales, registraban ya hacía un tiempo a esta zona como territorio de una banda determinada, quizás con el antecedente del asesinato de Ángel Acuña. Un hecho ocurrido el 13 de septiembre y por el cual también fue mencionada la banda de Los Menores. “En este caso es una zona y un conflicto que venimos trabajando hace bastante. Están muy activos hace varios meses, pero hay algo que detonó en estas últimas semanas. Han bajado alguna orden o alguien hizo algo que no debía”, analizó una fuente judicial consultada.
Hay características de estos estallidos que pueden incidir en el esclarecimiento de los hechos. “Son bastante inorgánicos y eso complica un poco la investigación”, analizó el funcionario consultado en referencia a que se trata de bandas con estructuras chicas sobre las cuales no se conoce del todo su composición. Una situación que se diferencia de lo que ocurre en otras zonas de la ciudad donde existen conflictos históricos o dominio de bandas que están identificadas, e incluso judicializadas y con buena parte de sus líderes e integrantes presos.
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En ese sentido coincidió un investigador policial de calle: “Uno sabe que por ejemplo en Felipe Moré (Empalme Graneros) tenés como referente a Riquelme, en Tablada a Alan Funes o a Chucky Monedita (todos presos y acusados como líderes de asociaciones ilícitas). Pero en estos lugares no sabemos quiénes mandan. Es difícil y más cuando son menores. Podemos tenerlos registrados pero no sabemos para quiénes trabajan”, agregó. En ese sentido, al menos en las etapas iniciales, dependen mucho de los informantes: tanto para acceder a pistas sobre posibles autores de los hechos investigados como para conocer los territorios y sus dinámicas.
Otro funcionario judicial reparó en la escasa información de calidad que brindan las comisarías sobre los hechos violentos graves ocurridos en territorios bajo sus jurisdicciones. "Ni un solo homicidio de ningún fiscal en los últimos 4 años al menos fue resuelto por información que se haya producido en una comisaría", cuestionó. "¿Me vas a decir que ningún comisario tiene información sobre lo que sucede en el barrio donde está?", agregó.
Por otro lado, un funcionario policial de rango superior consultado por este diario fue crítico con las decisiones que en los últimos años transformaron la composición de la Unidad Regional II de la policía. “Los homicidios se previenen con inteligencia criminal. La URII no tiene unidad de inteligencia ni de investigación de este tipo. No tiene ningún elemento de los que tenía antes para realizar una investigación”, apuntó.
“La investigación permite tener información, la información tiene que ser procesada por analistas de inteligencia, con eso se obtienen las conclusiones para orientar las investigaciones y la actividad preventiva”, agregó. “Por lo tanto si se echa un jefe de Unidad Regional por los homicidios, es para no tocar a los verdaderos responsables, que son los que deberían realizar tareas de inteligencia, contrainteligencia, recompilación de información e investigación”, criticó en relación a que en los últimos cuatro años fueron desplazados 11 jefes de la policía de Rosario. Decisiones, enmarcadas sobre todo en el aumento de la cantidad de asesinatos, que repercutirían en el funcionamiento de la institución.
Otros casos
Así como ocurrió las últimas dos semanas en el barrio Stella Maris, en el último tiempo se dieron otros casos en distintas zonas de la ciudad. Es decir estallidos repentinos envueltos en una dinámica similar: una serie de homicidios o balaceras sacude a la comunidad al punto de generar el cierre de instituciones y alterar la vida de los vecinos. Provocando también una fuerte cobertura de medios de comunicación, incluso nacionales, hasta que esa conmoción pasa. Lo que no significa que cesen los conflictos que precedieron al estallido puntual.
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De los registrados este año se puede destacar lo ocurrido en marzo en la comunidad Los Pumitas, luego del asesinato de Máximo Jerez, el niño de 11 años que estaba en la vereda de Cabal al 1300 bis cuando quedó en medio de un ataque a balazos contra una casa vecina ligada al narcomenudeo. Al día siguiente se generó una pueblada que derrumbó las viviendas de varios vecinos sindicados como transeros, conflicto que provocó una serie de amenazas difundidas por redes sociales.
También en esos días se suspendieron las clases en la escuela primaria José Ortolani, institución que recibió un mensaje intimidante con una bala pegada. Hasta las organizaciones comunitarias cerraron sus puertas esos días, atemorizados por un marco de violencia que había paralizado al barrio.
Tal vez esa propia ebullición barrial provocó que de inmediato quedaran expuestos los nombres de los sospechosos del crimen de Máximo Jerez. La investigación avanzó rápido y a los pocos días se identificó a los autores. Los homicidas, según el fiscal que llevó adelante la pesquisa, estaban ligados a Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico y preso en la cárcel federal de Marcos Paz. Del otro lado, es decir de quienes eran el objetivo principal del ataque que mató al nene, quedaron expuestos los familiares de Cristian “Salteño” Villazón, que también está preso.
No sucedió lo mismo con otro estallido repentino ocurrido tiempo después en el barrio La Cerámica, donde hubo cuatro homicidios que continúan sin ser esclarecidos. El 10 de mayo fue asesinado Jeremías Natanael López, de 15 años, en Siripo al 1400. Casi dos días después mataron a Luis Alberto Gómez, de 36 años. Luego sucedió el doble homicidio de dos adolescentes amigos de la primera víctima: Máximo Luján, de 13 años, y Maite Gálvez, de 14.
En el medio de esos hechos circuló la versión del robo de un cargamento de cocaína y la amenaza de que iban a continuar los asesinatos en tanto no apareciera ese botín. El resultado fue el temor generalizado del vecindario, que llevó a un nivel de inasistencia del 90 por ciento de los alumnos de la Escuela N.º 1315 Itatí, donde cursaban Máximo y Maite.
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Otro caso aconteció a fines de 2022 cuando los vecinos del Fonavi de Rouillón y Seguí quedaron en medio de una saga violenta que llegó a su punto máximo con el doble asesinato de Valentín Solís y Eric Galli, de 14 y 15 años. Algún factor de una estructura precaria de venta de drogas al menudeo se alteró y generó el recrudecimiento de una bronca que se cobró la vida de esos dos chicos, que eran ajenos al conflicto pero estaban con quien para los investigadores era el verdadero blanco del ataque.
Un día antes habían sido baleados dos adolescentes en la misma zona y por esos días la preocupación de la comunidad se trasladó a la Escuela Lola Mora, donde asistían los chicos. Primero estuvo cerrada por duelo y luego fue escenario de reuniones entre docentes, gremialistas y funcionarios que intentaron abordar lo que ocurría en ese sector del oeste rosarino.
Con el relato de esos episodios quedan expuestos otros puntos en común. Por un lado las víctimas eran ajenas, al menos directamente, a los conflictos de fondo. Lo que da cuenta de la complejidad de la violencia urbana cuando se corre de los límites cada vez más difusos de las supuestas disputas entre bandas. Por otro lado, ya sea por lo que surgió de los avances de las investigaciones judiciales o por los comentarios de calle, dichos trasfondos tienen una pata elemental en establecimientos penitenciarios desde donde se diagrama parte de esa trama.
