Una vecina del barrio Los Pumitas que se escondió detrás de una planta cuando mataron a tiros al niño Máximo Jerez contó a quiénes vio en el auto desde el cual partieron los tiros. Aquella misma madrugada del domingo 5 de marzo, en la otra punta de la ciudad, un hombre advirtió cuando guardaban en un garaje un Honda Civic idéntico al que, según lo que había escuchado en los noticieros, se usó en el crimen. Hubo allanamientos y requisas carcelarias y así se fueron cruzando los hilos que llevaron, este martes, a la imputación de cinco personas por el homicidio en contexto narco del nene de 11 años, el caso que desató una pueblada con tres supuestos búnkers demolidos. Los acusados son dos hermanos a quienes se les achacó ser coautores del atentado letal; y una mujer y sus dos hijos apresados por ocultar el auto.
Los cinco fueron imputados por el fiscal de Homicidios Adrián Spelta, quien en una extensa audiencia explicó cómo llegó a los implicados y cómo están configuradas las bandas que se disputan el territorio de la zona noroeste donde vivía Máximo junto a su familia. Un esquema con ramificaciones que llegan hasta la cárcel de Piñero. También dijo el fiscal que hay dos sospechosos prófugos y no se descarta la imputación futura de personajes ligados a la venta de drogas que están en prisión.
Spelta acusó como coautores del homicidio de Máximo Jerez a los hermanos Maximiliano y Nicolás “Macuá” Castillo, quienes son primos de Alex "Araña" Ibáñez, un preso que cumple en el penal de Piñero una condena de 3 años y medio por ocultar un arma usada en el asesinato de Ticiana Espósito, la nena de 14 años baleada por error en 2020 cuando lavaba los platos en su casa.
Este grupo, dijo el fiscal, está ligado al piloto civil Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, condenado como proveedor de drogas de Los Monos, quien compartió con “Araña” el pabellón 9 de Piñero antes de que sea traslado a una cárcel federal. El día que mataron a Máximo, “Araña” estuvo en el barrio visitando a su familia en el marco de una salida transitoria y en la requisa a su celda se secuestraron dos celulares.
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La banda mantenía una disputa por la venta de drogas con Cristian “Salteño” Villazón, a quien iba dirigido el ataque que terminó con la vida de Máximo y dejó con heridas a sus tres primitos. El Salteño también está preso y cumple condena a 15 años de prisión por un triple crimen. Pero en el barrio Los Pumitas aseguran que sigue dirigiendo el negocio desde la cárcel, y quizás por eso su casa fue la primera que demolieron el lunes 6 de marzo los vecinos tras el entierro de Máximo. Por distintas referencias, los investigadores sostienen que este grupo responde a Francisco “Fran” Riquelme, una suerte de representante del capo narco Esteban Lindor Alvarado en la zona noroeste.
Según esa línea, los atacantes que a la 1.30 del domingo 5 rociaron de tiros la cuadra de Cabal al 1300 bis buscaban dejar un mensaje a la gente del Salteño. Pero el que estaba en la línea de tiro era Máximo, un nene que jugaba al fútbol en el club Los Pumitas, que pertenecía a la comunidad Qom y era alumno de la escuela bilingüe “Cacique Taigoyé”. El nene recibió un tiro en el pecho y murió desangrado. Tres de sus primos fueron heridos: Alexis, de 13 años, recibió un tiro en el pecho; Nahiara, de 2, en el brazo derecho; y Salomón, de 13, en la boca.
Los disparos partieron de un Honda Civic negro con los vidrios polarizados que ya había merodeado antes por el lugar. “Los vecinos dicen que fue la gente del Macuá la que le disparó a esas criaturas, no es la primera vez que tiran tiros”, dijo al ser entrevistado por el caso Juan José Villazón, el padre del Salteño, a cuya familia iba dirigido el ataque. La semana pasada el hombre fue imputado junto a su pareja por amenazar a familiares de Jerez para que no hablaran con la policía. “La orden salió del pabellón 9 de Piñero. El que maneja todo ahí es el Peruano y el mensaje es que el barrio es de ellos”, añadió.
“Dicen que pasó un auto negro con una metra. Se saben que fueron los del Araña. Pasaron mirando las casas, no encontraron a nadie y se las agarraron con las criaturas”, declaró otro muchacho ligado a la familia Villazón que fue detenido con un arma en medio de la pueblada y desde entonces está preso.
En ese contexto, el fiscal Spelta imputó a Nicolás Ariel Castillo como quien manejaba el auto desde el que partieron los tiros y a su hermano Maximiliano como uno de los que disparó junto a Nicolás Torres y a un tal “Gula”, ambos prófugos. Les achacó delitos que prevén prisión perpetua: un homicidio calificado por el acuerdo previo entre varias personas y otros tres delitos idénticos en grado de tentativa. Maximiliano sumó la portación ilegal de un arma de fuego de guerra.
La defensora pública de este último, Florencia Chaumet, dijo que Maximiliano no vive en la misma casa que su hermano y que fue detenido sin pruebas. La abogada de Nicolás, María del Carmen Varela, aseguró que ese fin de semana su cliente le había prestado el auto a un amigo —de quien dio el nombre— y no sabe para qué lo usó. El juez Hernán Postma les dictó la prisión preventiva a ambos por el plazo legal.
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Al dar cuenta de la evidencia, el fiscal reconoció el “aporte de la ciudadanía” en un caso que rompió con cierta apatía social ante la escalada de muertes violentas. Contó que un aporte clave provino de un testigo casual. Un vecino que el día del hecho, a la noche, vio cuando guardaban un Honda Civic negro con vidrios polarizados en un garaje de Campodónico al 3200, cerca del límite con Pérez. Sospechó que era el auto usado en el crimen y llamó al 911. Dijo que nunca había visto un auto en esa casa.
Así, el mismo lunes 6 fue allanada la vivienda donde detuvieron a Alejandra R., de 51 años y a sus hijos Esteban, de 31, y Gustavo, de 22. Les secuestraron celulares, el auto patente DEP101 sin las llaves y ocho envoltorios de cocaína, por lo que además se les inició una causa federal por tenencia de drogas. Los tres declararon. Dijeron que se limitaron a recibir un auto, creyendo que estaba “limpio” porque así lo había solicitado desde prisión el padre de uno de los muchachos, Gustavo Borda, quien cumple una condena a 5 años y medio de prisión por el crimen de Ticiana Espósito en 2020 y está alojado en el mismo pabellón que Araña Ibáñez.
Pese a que acreditaron empleos en blanco y ofrecieron fianza, el juez Hernán Postma les dictó la prisión preventiva a los tres hasta marzo de 2025 lo que motivó una reacción desesperada de la mujer: “¡Esto no es Justicia, esto es otra cosa!”, gritó llorando mientras los custodios intentaban calmarla y la audiencia se acercaba a su fin. Ella y sus hijos fueron acusados de encubrimiento agravado por el delito precedente (la muerte de un nene) lo que eleva la pena en caso de condena.
Ese auto en cuestión fue el nexo que llevó a Nicolás Castillo. Estaba a su nombre y se encontró una póliza de seguros y un boleto de compraventa en la guantera. Cuando fueron a detenerlo a Campbell al 1200 bis había allí otras doce personas, entre ellas un prófugo por homicidio y el garante de las salidas de Araña. A Maximiliano, a quien apodan “Catino”, lo apresaron casi en simultáneo esa tarde del martes 7 cuando caminaba por Campbell y Sorrento.
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Los hermanos fueron nombrados por una testigo de identidad reservada que llegaba a su casa cuando la aturdieron los disparos que mataron a Máximo e hirieron a sus primos. A los pocos minutos vio acercarse a alta velocidad un auto oscuro: “Me quedé quieta y me escondí detrás de una planta”, contó. Dijo que el auto estacionó frente a un búnker de Campbell y Juan B. Justo y que manejaba “Macuá” Castillo. Según ese testimonio lo acompañaban su hermano “Catino”, que “llevaba algo debajo de la remera”, además de “Nicolás Torres y el chico que le dicen Gula”.
A Torres fueron a buscarlo a su casa de Juan B. Justo al 3100, pero no estaba. Lo que encontraron dentro de una mochila fue media docena de cargadores y centenares de cartuchos de balas de distintos calibres. Un familiar del muchacho dijo que eran de él y agregó: “No sé cuándo las trajo, el es soldado de Nicolás Castillo, trabajan para el Araña”.
Al exponer el esquema de bandas, el fiscal dijo que las disputas entre los dos grupos se acentuaron tras el crimen de Cristian “Larva” Fernández, ligado a Los Monos y acribillado en abril de 2022 mientras reparaba su camioneta en Gorriti y Campbell. Y mencionó testimonios de otras causas por homicidios en las que se hablaba del “búnker de Macuá” en Juan B. Justo y Campbell.
