Por Leo Graciarena
El ladrillero Javier Pablo Fernández fue acribillado en el patio de su casa de Nuevo Alberdi la tarde del jueves 9 de febrero pasado.
Brandon Alan Rivas, uno de los jóvenes arrestados en la pueblada que se desató en el asentamiento Los Pumitas tras el crimen del niño Máximo Jerez el pasado 5 de marzo, fue acusado por el fiscal Alejandro Ferlazzo por el crimen del ladrillero Javier Pablo Fernández, de 55 años, acribillado en el patio de su casa de Nuevo Alberdi la tarde del jueves 9 de febrero pasado. Rivas, de 23 años, ya había sido acusado días atrás por el asesinato de la almacenera María del Carmen Vidal, cometido el 1º de febrero en su comercio de Solís al 200 bis. Es decir que, según la Fiscalía, Rivas mató al menos dos personas en ocho días por encargo de alguien que está sobre su persona.
Si bien en la audiencia no se fue más lejos que la acusación, en la calle se menciona que tanto la almacenera Vidal como el ladrillero Fernández tendrían algún grado de parentesco con la familia Villalba asentada en el barrio Los Gráficos, en la zona oeste de la ciudad. Una familia que ha denunciado públicamente ser destinataria de una violenta embestida por parte del convicto Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, quien cumple dos condenas en el penal federal de Ezeiza y es sindicado como un referente en la venta y distribución de droga en Rosario.
Apenas habían pasado un puñado de minutos de las 16.30 del jueves 9 febrero cuando Javier Pablo Fernández se preparó con su pareja para tomar unos mates en el patio delantero de la casa familiar, ubicada en Calle 1356 a metros del cruce con Baigorria, en el límite de Nuevo Alberdi y Palos Verdes. El hombre regó las plantas y luego se sentó en su reposera.
Mientras eso sucedía, dos hombres que llegaron en una moto Honda CG Titán azul se estacionaron frente a Fernández. Uno de ellos bajó del rodado y preguntó por Javier mientras se acercaba caminando. Después de un breve diálogo en el que preguntó por el costo de los ladrillos, el sicario desenfundó una pistola calibre 9 milímetros y gatilló al menos siete veces contra el obrero, quien en un acto reflejo trató de escapar pero recibió impactos por la espalda que lo tumbaron al piso. Tras ello el sicario se subió a la Titán azul que había sido robada horas antes y huyó junto a su cómplice por Calle 1356 hacia Ciudadela.
Para el fiscal, el autor del hecho cometido a sangre fría fue Brandon Alan Rivas, quien este jueves a la tarde fue acusado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra Fernández y la portación de la pistola calibre 9 milímetros con la que asesinó al ladrillero. El juez de primera instancia Hernán Postma dio por formalizada la audiencia imputativa dictando la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años o hasta que se realice el juicio o proceso abreviado.
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En medio de la acusación, el fiscal calificó a Rivas como “una persona fungible” dentro de la escena en la que se mueve. Es decir, un ejecutor que mata porque su patrón se lo ordena. El término fungible se viene escuchando en las salas de audiencias del Centro de Justicia Penal desde hace un par de años, cuando distintos magistrados han presentado a muchachos con imputaciones similares como “resortes fungibles que a cambio de dinero o por escalar en la estructura criminal a la que pertenecen se encargan de materializar toda clase de actos violentos”.
El 10 de marzo pasado Rivas fue acusado por el asesinato de la almacenera María del Carmen Vidal, ocurrido en un quiosco de Solís al 200 bis la tarde del miércoles 1º febrero último. La comerciante, de 57 años, había recibido al menos una amenaza refrendada con una balacera contra su negocio una semana antes de ser ejecutada por quien se acercó a una ventana, le pidió una mayonesa y cuando la mujer se dio vuelta para buscar el producto la ejecutó sin piedad.
Tras la primera amenaza, y de manera preventiva, la comerciante había colocado chapones para cubrir el frente de su local con el fin de evitar lo que finalmente sucedió. El fiscal Ademar Bianchini acusó a Rivas de los delitos de homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de tres o más personas agravado por el uso de un arma de fuego y la portación de la misma y el juez Postma le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley.
Según al acusación, Rivas actuó junto a otras cuatro personas: Walter Emilio O., quien condujo el auto en el que arribaron al quiosco de la víctima; Pamela Anabel V. y otros dos jóvenes no identificados. Los cinco llegaron en un Fiat Palio Adventure hasta el negocio de María del Carmen pero fue Rivas quien caminó hasta el local, le pidió a Vidal que le vendiera una mayonesa y cuando la mujer le dio la espalda la ejecutó con al menos cinco disparos con una pistola calibre 9 milímetros.
Más acá en el tiempo, alrededor de la 1.30 del 5 de marzo, la cuadra de Cabal al 1300 bis fue rociada a balazos desde un auto Honda Civic negro con los vidrios polarizados. Según la investigación los tiradores buscaron dejar un mensaje a la gente del Salteño, un hombre que está preso por regentear búnkers de la zona. Pero quienes quedaron en la línea de tiro fueron Máximo Jerez y tres de sus primitos. El nene, que jugaba al fútbol en el club Los Pumas, tenía 11 años, pertenecía a la comunidad Qom y era alumno de la escuela bilingüe “Cacique Taigoyé”. Máximo recibió un tiro en el pecho y murió desangrado mientras sus primitos fueron alcanzados por proyectiles que los dejaron heridos.
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El ataque se dio en medio de una disputa territorial entre al menos dos bandas. Una encabezada por Alex “Araña” Ibañez, un preso que cumple en el penal de Piñero una condena de 3 años y medio por ocultar un arma usada en el asesinato de Ticiana Espósito, la nena de 14 años baleada por error en 2020 cuando lavaba los platos en su casa. Y además parte del esquema comandado por el peruano Rodríguez Granthon. Y la otra, la banda de Los Salteños, que comanda Carlos Cristián Villazón, quien purga una condena a 15 años de prisión por el triple crimen de Cristhian “Búho” Albornoz; su pareja, Florencia Corvalán; y la hija de ambos, Chelsi, de un año y medio.
Ese hecho ocurrió la tarde del domingo 16 de febrero de 2020 en Génova y Cabal y las víctimas eran familiares directos de Miguel Angel “Caracú” Albornoz, un hombre condenado por venta de drogas.
Villazón también está acusado de ser el instigador del crimen del prestamista Alejandro Francisco Oroná, de 55 años, ocurrido la noche del viernes 20 de enero pasado en inmediaciones de Juan B. Justo y Ottone, en el barrio Empalme Graneros.
Según pudo establecerse tras el diálogo con vecinos de Empalme, el conflicto entre Araña y Los Salteños se agudizó en los últimos meses y los residentes de la barriada quedaron en medio de un pandemónium desatado por la violencia entre ambas partes. El crimen de Máximo Jerez actuó como “la gota que rebalsó el vaso” de la tolerancia de la comunidad y desató una pueblada que catapultó la realidad de la zona a las cámaras de los noticieros nacionales. Luego del velorio y entierro del niño, los vecinos protestaron frente a la casa de la familia Villazón y la gentes derribó y squeó tres supuestos búnkers, entre ellos uno atribuido a Los Salteños. Como colofón de los desmanes hubo varios detenidos y uno de ellos fue Rivas.
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En la investigación del crimen del niño Jerez, el fiscal de Homicidios Adrián Spelta acusó como coautores del asesinato a los hermanos Maximiliano y Nicolás “Macuá” Castillo, quienes son primos de Araña Ibáñez. Este grupo, según expuso Spelta, está ligado al Peruano Rodríguez Granthon, condenado como proveedor de drogas de Los Monos, quien compartió con Araña el pabellón 9 de Piñero antes de que sea traslado a una cárcel federal. El día que mataron a Máximo, Araña estuvo en el barrio visitando a su familia en el marco de una salida transitoria y en la requisa a su celda se secuestraron dos celulares.
En este contexto, la tarde de este jueves Miguel Eduardo Ibáñez, de 54 años, fue atacado con cuatro balazos disparados desde una moto en inmediaciones de Campbell al 1200 bis y quedó internado en terapia intensiva del Hospital de Emergencias. El hombre tendría lazo parental con Araña y sus familiares, quienes indicaron que la víctima de las balas es ajeno a cualquier conflicto y fue atacado tan sólo por portación de apellido.
El reordenamiento vial trajo demarcaciones nuevas, tótem de velocidad y bicisenda entre 27 de Febrero y Montevideo.
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