En la reciente condena federal a Esteban Alvarado como organizador del traslado de más de 400 kilos de marihuana a Río Negro hubo una voz disonante. El juez Otmar Paulucci, a diferencia de los otros dos integrantes del tribunal, se inclinó por absolverlo por la duda. Las razones de su voto están explicadas en los fundamentos del fallo que se dieron a conocer esta semana. Para el magistrado, se probó que Alvarado dirigía una estructura criminal a partir de sociedades comerciales pero no “el trabajo intelectual de la organización del transporte”. Según el criterio que pesó en la condena, en cambio, ese rol de mando en una estructura sofisticada es justamente lo que ubica al líder al frente del envío fallido.
“No tengo nada que ver con el transporte de estupefacientes”, dijo Alvarado el 10 de junio pasado, conectado desde la cárcel de Ezeiza a la antigua sala de juicios de Oroño al 900. Entonces cuestionó las semejanzas entre ese debate y el que afrontó en la Justicia provincial, donde una semana antes había sido condenado a prisión perpetua como jefe de una asociación ilícita, instigador de un crimen y cinco hechos de lavado de activos. “Parecía que era el mismo juicio. ¿Y el viaje? Nunca se habló del viaje”, agregó ante el tribunal que, media hora después y en un fallo dividido, lo terminaría condenando.
Un viaje trunco
El caso se remonta a noviembre de 2017, cuando se detectaron 493 kilos de marihuana entre la cama detrás de las butacas y el sector de carga del camión en el que viajaban los hermanos Jesús y Marcos Esteban Rodríguez. En el auto, como custodios, iban Ricardo Ariel Ianni y José Luis Di Marco. Los cuatro fueron condenados a penas de 4 y 6 años de prisión en mayo de ese año por un tribunal federal de Río Negro.
El proceso no avanzó sobre el organizador del transporte hasta que acusaron a Alvarado en noviembre de 2019 en los tribunales federales de Rosario, nueve meses después de que la Justicia provincial lo detuviera en un camping cordobés. Según el fallo, en julio de ese año personal del Ministerio Público Fiscal que ingresaba a las 7.30 a trabajar encontró “un papel blanco doblado en el piso del hall de entrada” con una denuncia anónima que conectaba a Alvarado con la carga interceptada dos años antes.
El sindicado jefe narco fue imputado y procesado por el juez Marcelo Bailaque porque el camión pertenecía a una de sus empresas armadas para lavar dinero y el titular del acoplado era empleado de Logística Santino, de la misma trama comercial. Al expediente se acumularon otros dos legajos iniciados con anónimos. En el primero, del 9 de abril de 2013, un testigo de identidad reservada con pasado en la fuerza policial denunció que la sociedad entre Alvarado _por entonces preso por robo de autos en el conurbano_ y Luis Medina _asesinado en diciembre de ese año junto a su novia_ vendía drogas con amparo policial.
A pesar de reiterados informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria solicitando escuchas hacia Alvarado y su entorno, esa investigación no prosperó. Es por esto que los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron el mes pasado que el Consejo de la Magistratura de la Nación evalúe el desempeño del juez Bailaque por no impulsar investigaciones hacia el clan. En otro proceso federal por lavado de activos que siguió un camino independiente Alvarado y su ex esposa fueron procesados el martes.
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El juicio federal contra Alvarado comenzó el 15 de marzo y avanzó en simultáneo con el debate por asociación ilícita iniciado en febrero en el Centro de Justicia Penal, con testigos superpuestos. En base a prueba de la investigación provincial, los dos jueces que condenaron a Alvarado concluyeron que contaba con una estructura organizada de por lo menos 27 personas, repartidas entre un estamento de sociedades comerciales, otro de ejecución de delitos violentos y un tercer nivel de policías que brindaban protección. La banda “se mantuvo activa por lo menos desde junio de 2012 a octubre de 2019”.
Dichos y pruebas
Entre las pruebas que sustentaron la condena figura que uno de los choferes del camión incautado prestaba servicio para Jorge Benegas, condenado como el segundo de Alvarado, mientras que el vehículo Scania trabajaba para Edra SRL y Logística Santino, firmas gestionadas por Alvarado e inscriptas a nombre de su esposa. El semirremolque estaba a nombre de Roberto Daniel Peralta, quien declaró en el juicio que ante un mal pasar económico Ianni le compró el camión y le retribuía otorgándole horas de trabajo. Para los jueces esto da cuenta del uso de “prestanombres”.
“De forma clara se pueden observar maniobras en las que el imputado dirigió y coordinó a terceras personas para que figuren como titulares registrales de los bienes pero en realidad los beneficiarios finales resultan ser el mismo Alvarado, su esposa y sus hijos, lo que ratifica el rol de organizador y líder que tenía sobre la estructura criminal”, consideraron. En este punto destacaron el testimonio de la contadora Marina Marsilli, empleada de la fiscalía provincial que investigó el patrimonio de la banda y cuya casa fue baleada en un atentado.
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En la condena también pesó la declaración de Rodrigo Ortigala, quien fuera colaborador de Alvarado y se distanció de él tras mantener una relación sentimental con su esposa. Dijo que Ariel Ianni, quien visitó a Alvarado en prisión, “era una persona muy amiga de Esteban”, que “todo el mundo sabe que tenían quioscos de drogas” y que “tenía un búnker muy conocido” en Puerto Norte. “Ni ellos tenían control de la plata que ganaban, era imposible calcularla”, aseguró.
Ortigala habló sobre el cargamento secuestrado en Río Negro. Contó que Carlos Argüelles, un mecánico de confianza de Alvarado asesinado al año de declarar en su contra, le había comentado en aquel momento: “Lo tumbaron al gordito Ariel, que iba de apoyo. Esteban lo obligó a subir a un camión y está como loco porque perdió un montón de droga y ahora se la tiene que pagar”.
La punta de la pirámide
Para los jueces, en suma, “el tráfico de estupefacientes era una actividad más de la estructura”. Recordaron que, según Argüelles, su ex patrón había creado la marca AMF, sigla de “Acolchados, Mantas y Frazadas” que en realidad aludía a “Alita, Merca y Faso”. Por último mencionaron las visitas que recibía Alvarado mientras estuvo preso en cárceles bonaerenses por parte de personajes ligados al narcotráfico. “Más que visitas, eran ir a ver al jefe”, dijo al respecto en el juicio el comandante de Gendarmería Nacional José María Valdez, quien investigó al grupo en 2015.
La condena remarca que Alvarado dirigía una estructura que contó con un área jurídica, asesoramiento financiero, contable y tributario, una sección empresaria y otra operativa que hicieron posible el traslado: “El delito encuentra su fundamento en los intentos de combatir más eficazmente aquellos casos de criminalidad organizada, cuyo aspecto más complejo reside en poder perseguir a quienes se hallan en las jerarquías más altas. Se sabe que la acción de organizar es armar una estructura funcional que facilite la comisión de estos delitos”.
Por una figura que prevé de 8 a 20 años de prisión, la pena se fijó en 15 años al considerar como agravantes la premeditación, los medios aportados, la pluralidad de intervinientes, la “ambición y el ánimo de lucro”, la edad de Alvarado al momento del hecho (38 años), su “sesgo de violencia marcado” y la “red de protección policial” que lo amparó. Como atenuante se consignó “el comportamiento del acusado durante el debate, que en todo momento se mostró colaborador y predispuesto, aunque desconociendo rotundamente su intervención”.
En disidencia
En el voto en disidencia, Paulucci reconoció la existencia de una estructura criminal liderada por Alvarado pero entendió que “esa circunstancia no resulta determinante y absoluta para atribuirle también la organización del transporte secuestrado en 2017. No existen pruebas suficientes para tener por acreditado que participó en la planificación, preparación y coordinación del transporte atribuido a las personas condenadas en General Roca”, de quienes dijo que pudieron contar con autonomía para organizar el envío por su cuenta.
“Ricardo Ariel Ianni durante el juicio efectuó precisiones sobre las condiciones del camión y los motivos que lo llevaron a obrar de esa manera. Señaló que él fue quien cargó el estupefaciente, que lo ubicó en la caja de herramientas y debajo de la cama del camión. Refirió que pasó a buscar a Dimarco y habló con los hermanos Rodríguez, los choferes, para trasladar el cargamento”, prosiguió, y puntualizó que “de la prueba no surgen ni siquiera indicios que acrediten la planificación de ese viaje ilegal”.
A diferencia de sus colegas, para Paulucci el testimonio de Ortigala “no merece ningún tipo de credibilidad” porque tenía una enemistad con el imputado. Por eso consideró como “un dato falso” lo que dijo sobre el cargamento. “Se trató de una maniobra delictiva burda y grosera. Al abrir la puerta del conductor el personal percibió el olor a marihuana y observó los bultos sobre la cucheta”. Para el juez, en suma, “ corresponde la absolución” ante un estado de duda que atribuyó a una “deficiente investigación”.
