“Soy inocente, no tengo nada que ver con el transporte de estupefacientes. Se me recontra investigó, se me escuchó a mí y a mi familia y nunca llegaron a nada”. Esteban Lindor Alvarado dijo esas últimas palabras ante el tribunal federal que, media hora después, lo condenó a 15 años de prisión por organizar el traslado de una carga de 493 kilos de marihuana a Río Negro en 2017. La pena se dictó en un fallo dividido —uno de los magistrados votó en disidencia por la absolución— seis días después de que el mismo Alvarado recibiera una condena a prisión perpetua en la Justicia provincial por dirigir una asociación ilícita, instigar un homicidio y cinco hechos de lavado de activos.
Las dos condenas cerraron procesos judiciales simultáneos que, en el primer semestre del año, posaron la atención pública sobre el entramado de empresas comerciales ligadas a Alvarado y los delitos atribuidos a su organización. Desde febrero en la Justicia provincial, y partir del mes siguiente en la federal, se discutieron las mismas tramas complejas y episodios que signaron la criminalidad de la última década en Rosario y sus alrededores.
El crimen del prestamista informal Lucio Maldonado, secuestrado y asesinado a balazos en noviembre de 2018, fue el puntapié para una investigación provincial que en febrero de 2019 derivó en la detención de Alvarado en un camping de Embalse Río Tercero. Nueve meses después, por primera vez en la historia, la Justicia federal indagaba a Alvarado en una causa por narcotráfico en la que ahora recibió condena.
Se tata de un caso que se remonta a noviembre de 2017, cuando agentes de la Secretaría Nacional de Sanidad Animal (Senasa) inspeccionaron un camión con semirremolque en un control de rutina que se realizó cerca de al localidad rionegrina de General Roca y detectaron 493 kilos de marihuana entre la cama que se ubica detrás de las butacas y el sector de carga. El camión, en el que viajaban los hermanos Jesús y Marcos Esteban Rodríguez, iba custodiados por un Chevrolet Vectra en el que iban Ricardo Ariel Ianni y José Luis Di Marco. Los cuatro fueron condenados a distintas penas en mayo de ese mismo año por un tribunal federal de Río Negro, aunque el proceso nunca avanzó sobre el organizador del transporte hasta que acusaron a Alvarado en la sede tribunalicia local. Es que el camión pertenecía a Toia SRL, una de las empresas armadas por el ahora condenado para lavar dinero ilícito, y el titular del acoplado donde fue hallado material estupefaciente era empleado de Logística Santino, otra firma de la misma trama comercial.
“Sería muy injusto”
Con el juicio provincial ya iniciado, el debate en los tribunales de bulevar Oroño al 900 arrancó el 15 de marzo y hubo testigos que declararon en las dos sedes. Al cierre de las audiencias, el fiscal Fernando Arrigo pidió una condena a 20 años de prisión para Alvarado, al igual que lo solicitado por la querella a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que además lo denunció en una causa por lavado de activos en la que fue indagada su ex esposa Rosa Capuano. Los defensores Pablo Morosano y Fernando Arias Caamaño, por su parte, pidieron la absolución.
“Se estaba analizando el transporte de estupefacientes y salieron con la asociación ilícita. Parecía que era el mismo juicio, calcado del provincial. Todos los que fueron al juicio de la provincia hablando acá de lavado, de empresas. ¿Y el viaje? Nunca se habló del viaje. Nunca se tocó ese tema en miles de horas de audiencia. Sería muy injusto que se me condenara”, cuestionó Alvarado ayer a las 11 de la mañana, conectado por videoconferencia a la antigua sala del primer piso de los Tribunales Federales.
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“Nunca van a encontrar nada —remarcó el único acusado— porque no hay nada. Durante todo el juicio se escuchó a gendarmes y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y todos dijeron que no hay nada. Siempre estuve tranquilo en el juicio porque sabía que no tenía nada que ver. No hay pruebas. No es que no buscaron. No hice nada yo. Lo escuché al fiscal interpretar las escuchas y decir cosas que no son. Lo mismo la parte querellante. No tengo nada que ver con el transporte de estupefacientes”, remarcó Alvarado en su testimonio.
Más sereno que en algunas de sus intervenciones durante el debate provincial, Alvarado dijo que al iniciarse la causa entre 2019 y 2020 le ofrecieron firmar una condena más baja en un proceso abreviado. “¿Por qué voy a firmar un abreviado si yo no hice nada. Yo cuando tuve problemas en San Isidro con los autos (robados) levanté la mano como un caballero, me hice cargo y me condenaron”, dijo en referencia a una condena previa a 6 años y medio que recibió en de parte de la Justicia bonaerense por liderar una banda de ladrones de autos de alta gama en el conurbano de esa provincia. “Cuando fue el juicio provincial me hice cargo de lo que hice. De lo que no, no me voy a hacer cargo jamás”, añadió.
Por último pidió que no lo condenen por la “presión mediática y política”. “Para Esteban Alvarado del año 2012 a 2020 hubo 200 allanamientos —dijo hablando de sí mismo en tercera persona—. Jamás encontraron un porro en ningún allanamiento. Soy inocente, que se tome la decisión correcta y justa”, cerró desde el penal de Ezeiza en una instancia final del juicio que se reserva a las últimas palabras de los imputados. Una decena de periodistas lo escuchó en el sector del público, detrás del blíndex.
Dos a uno
Luego de media hora, los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Eugenio Martínez regresaron al estrado a leer la sentencia. Por los votos de la mayoría, Alvarado fue condenado a 15 años de prisión —cinco menos que los requeridos por la fiscalía— como organizador del delito de transporte de drogas. En disidencia, el juez Otmar Paulucci se inclinó por la absolución del acusado por el beneficio de la duda. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 27 de junio.
En otro punto de la sentencia, el tribunal hizo lugar a un pedido del fiscal Arrigo, quien había solicitado extraer copias de transcripciones de escuchas y algunos tramos de la causa para que se investigue tanto a policías sospechados de brindar protección a Alvarado como a algunos civiles que tendrían relación con delitos de drogas. Entre los empleados de seguridad figuran efectivos de la disuelta División Judiciales de la Unidad Regional II que tuvo trascendencia por ser la fuerza que allanó a la banda de Los Monos en 2013 cuando Alvarado les disputaba el territorio y que ya fueron condenados en el fuero provincial, como Luis Quevertoque, quien recibió tres años de prisión en un juicio abreviado.
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Tras el veredicto, Arrigo manifestó su conformidad con la condena y destacó la investigación que llevó la causa a juicio así como la colaboración de los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery: “En un momento empezamos a producir pruebas en conjunto porque ellos iban avanzando, fue un trabajo bastante particular por el conglomerado empresarial y de personas con roles determinados que hacían este nivel de complejidad”, dijo.
“Quiero resaltar el trabajo de tres personas que fueron muy profesionales, José María Valdez de Gendarmería Nacional; Emiliano Lencina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y la contadora Marina Marsili, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), porque supieron vincular escuchas telefónicas, documentación secuestrada y testigos. Se hizo un entrecruzamiento con un hilo conductor”, concluyó Arrigo.
"Indicios, pero no pruebas"
“Aunque aún no conocemos los fundamentos de la condena a nuestro cliente puedo adelantar que apelaremos el fallo y defenderemos el voto del doctor Paulucci, quien fue el único que entendió que en este proceso sólo hubo indicios pero no pruebas concretas para condenar", dijo Pablo Morosano, uno de los defensores de Alvarado.
"Lo dijimos y repetimos —agregó—, no hay nada que vincule a Alvarado con ese cargamento de drogas, sí con las personas que él conoce desde hace mucho tiempo y fueron condenadas en Río Negro. Pero no es lógico ni se ajusta a derecho que sea condenado por delitos que cometen sus amigos. Si no fuera por la cuestión política que envolvió a este juicio y el contexto que vive la ciudad, que nadie niega ni es menor; si fuera otra persona la que estaba en el banquillo, lo hubiesen absuelto sin ninguna duda”.
