Por la sala de audiencias pasaron dos ex ministros, se exhibió el video de una descarga de droga exprés desde una avioneta y se transmitió la declaración filmada de un testigo asesinado. Tres meses después, el juicio oral a Esteban Lindor Alvarado cerró con una condena a prisión perpetua para él como líder de una organización que lavaba dinero del delito y por instigar un homicidio. Cuatro de sus colaboradores recibieron la misma pena por planear y ejecutar el crimen del prestamista Lucio Maldonado, el caso que operó como un hilo del que tiraron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery hasta dar con un emporio criminal forjado bajo la protección de agencias estatales. “En el juicio demostramos cómo Alvarado pudo construir una red de relaciones que le permitió desarrollar su organización”, dijeron tras el veredicto.
El fallo de los jueces Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela fue unánime y concedió todas las penas solicitadas por la acusación, a excepción de dos implicados por lavado de activos que fueron condenados a menos años que los requeridos por los fiscales. Los jueces impusieron una multa superior a los 300 millones de pesos para Alvarado y el decomiso de bienes atribuidos a la banda: vehículos, camiones, tres lotes en Puerto Roldán y la quinta del paraje Los Muchachos donde, según la Fiscalía, estuvo secuestrado Maldonado.
El tribunal aceptó además que se remitan copias del juicio al Consejo de la Magistratura de la Nación para que evalúe el desempeño de funcionarios de la Justicia federal por no avanzar con investigaciones hacia el grupo. Esto había sido solicitado por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) envió catorce informes a ese fuero alertando sobre actividades de la banda y los jueces no le dieron curso.
En uno de los primeros puntos de la sentencia, los jueces consideraron válidas las pruebas cuestionadas por las defensas. Entre otras, la declaración del mecánico Carlos Argüelles, un amigo de Alvarado que declaró en su contra y al año siguiente fue asesinado. Como resultado, una de las “secuelas” del juicio al decir de los fiscales, esa declaración filmada del mecánico será remitida a todos sus colegas de la Unidad de Homicidios que investigan unos cuarenta crímenes que Argüelles atribuyó al clan de Alvarado. “Todos escuchamos a Argüelles y fue muy importante para explicar cómo funcionaba la organización”, dijo Edery.
En el terreno de las secuelas los fiscales también inscribieron la investigación de las cadenas de complicidades de las que se valió Alvarado para construir su emporio a lo largo de diez años: “Tenemos que ver si existen personas que en el desarrollo del juicio pudieran tener algún tipo de responsabilidad. Hay responsabilidades que no serían penales, sino políticas o administrativas. No somos sólo nosotros los que tenemos que ver esto. Hay mucha gente que toma decisiones en la provincia. Habrá que ver qué fue lo que pasó durante estos diez años en Santa Fe para que tengamos una persona como Alvarado, con el poder que tuvo”, añadieron.
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Cargos y condenas
La lectura del fallo estuvo a cargo del juez Negroni, quien repasó los más de veinte puntos del veredicto ante los fiscales y defensores en el Centro de Justicia Penal (CJP) mientras los imputados escucharon sus condenas por videoconferencia desde prisión, en el caso de Alvarado desde Ezeiza. En una sala lindera se amontonaron periodistas, empleados judiciales y fiscales. La imagen de los acusados era, apenas, un punto en la pantalla.
Entre ellos, inapreciable para el registro de los fotógrafos, estaba Alvarado. El hombre de 43 años que según la acusación forjó un emporio delictivo tras ser condenado por dirigir una banda de ladrones de autos en el conurbano bonaerense. Recibió la pena de prisión perpetua por instigar el crimen de Lucio Maldonado, cuyo cuerpo apareció el 13 de noviembre de 2018 junto a la avenida de Circunvalación, a 200 metros del casino. El prestamista fue secuestrado en la puerta de su casa y asesinado con cuatro tiros. Junto al cuerpo había un cartel que decía ”con la mafia no se jode”. El GPS de su auto reveló que estuvo cautivo en una finca del paraje Los Muchachos propiedad de Alvarado. Ese homicidio fue considerado agravado por el uso de arma de fuego y calificado por ser planeado entre tres o más personas. Alvarado también fue condenado por cuatro amenazas coactivas: los ataques simultáneos contra el edificio de Tribunales y el CJP del 10 de diciembre de 2018, el envío de una cabeza de perro a la empleada del Ministerio Público de la Acusación Marina Marsilli y la orden de balear su casa en enero de 2019.
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Además fue considerado jefe de una asociación ilícita (22 personas ya fueron condenadas en juicios abreviados por integrarla) desde la cual se cometieron cinco hechos de lavado de activos en Funes Hill, Condominios del Alto, Tierra de Sueños, Puerto Roldán y General Domínguez. Lo declararon reincidente (su primera condena fue a 3 años de prisión en suspenso por el robo de un auto el 28 de diciembre de 2007) y le impusieron una multa de 316.173.048 pesos que equivale a cuatro veces el monto del lavado.
La misma pena recayó sobre Mauricio Laferrara, un sicario al que condenaron por intervenir en el crimen de Maldonado, integrar la asociación ilícita y ser coautor del homicidio de Cristian Enrique, un joven de 22 años que apareció el 10 de noviembre de 2018 al costado de la ruta provincial 14, en Soldini. Por el crimen de Maldonado también fueron condenados a perpetua Matías Ávila, Germán Fernández y Facundo Almada, este último también como miembro de la banda.
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Los únicos que recibieron menor pena fueron el técnico en construcciones Miguel Grecci Hazzi y su pareja, Damiana Ghirardi. El primero era considerado el “arquitecto” de la banda y los fiscales pretendían una pena a 8 años de cárcel por dos hechos de lavado. El tribunal lo condenó a 4 años y 8 meses de prisión por esas maniobras y por integrar la asociación ilícita además del pago de 76.500.000 pesos. Los jueces ordenaron que, en caso de quedar firme la sentencia, sea detenido. La comunicadora y decoradora Ghirardi recibió una pena de 3 años de prisión condicional por un hecho de lavado y una multa de 46 millones de pesos.
La condena cierra uno de los juicios emblemáticos de la Justicia provincial. El debate se celebró en un edificio amurallado por las cuatro esquinas y en él no sólo se discutieron los delitos atribuidos al grupo y el armado de una organización en tres estamentos (una pata violenta, una empresarial y otra de policías que brindaban impunidad) sino también las conexiones policiales, judiciales y políticas que permitieron su consolidación.
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Policías y políticos
Del celular secuestrado a Alvarado al caer en Embalse Río Tercero, el 2 de febrero de 2019, surgieron las maniobras encaradas para evitar ser involucrado en el crimen de Maldonado: con la ayuda de policías infiltrados en la pesquisa intentó descargar la responsabilidad en Los Monos, su banda rival. Una singularidad del debate fue escuchar la declaración de Argüelles, el testigo luego asesinado, quien insertó en una misma trama crímenes de alta resonancia pública que aparecían dispersos o inexplicables.
Los ex ministros de Seguridad Maximiliano Pullaro y Marcelo Sain expusieron sobre la investigación al clan en la que el primero participó como ministro y el segundo como director del Organismo de Investigaciones.
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El propio Alvarado pidió la palabra en más de una ocasión. Admitió haber ordenado la intimidación contra Marsilli, aunque sostuvo que la idea inicial era arrojarle “una corona”. También dijo que los fiscales lo presentaron como un monstruo y que el juicio fue montado para perjudicar al senador Armando Traferri y la vicegobernadora Alejandra Rodenas.
Con este capítulo cerrado (si bien quedan abiertas las vías de apelación), Alvarado enfrentará otro veredicto cuando se produzcan los alegatos de cierre en un juicio federal por el transporte de 494 kilos de droga a Río Negro en 2017. La cita es para el lunes en los Tribunales de Oroño al 900.
