Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Cierra un 2025 signado por sucesos policiales con fuertes novedades en distintos ámbitos. Se registró un aumento en los homicidios en el departamento Rosario respecto de 2024, aunque se sostiene una notoria merma en relación a años anteriores. En el plano institucional fue condenado un exfiscal regional de la provincia y en el fuero federal dos jueces quedaron imputados por casos de corrupción. La cúpula de la policía de Rosario fue removida tras el escándalo de la malversación de fondos destinados a combustibles y en otras causas varios agentes terminaron tras las rejas por cometer delitos.

El gobierno provincial continuó acentuando su política criminal con algunos pilares que se consolidaron este año. Por ejemplo el Programa de Recompensas y la lista de prófugos más buscados, que promovió la captura de criminales y expuso a otros líderes que continúan evadidos de la Justicia. El año también estuvo marcado por los derribos de puntos de venta de drogas como una de las principales medidas para buscar disminuir la violencia callejera.

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En la calle el pulso lo marcaron sucesos muy violentos que significaron una suerte de reconfiguración en el mapa criminal local. Los movimientos en las barras de Rosario Central y Newell’s, la irrupción en la escena de Los Menores como una de las principales bandas criminales luego de operar dos años en el anonimato, y la avanzada en el territorio contra Los Monos con crímenes de hombres que estuvieron en sus filas pero con el intento de asesinato de Dylan Cantero como hecho clave.

Aumento de homicidios

Durante 2025, según los registros de La Capital, hubo 115 homicidios en el departamento Rosario, lo que significa un leve aumento en relación a los 90 asesinatos registrados en 2024. Detrás de esa cifra se asoma un aumento en el uso de armas de fuego como medio para cometer los crímenes, llegando a un 75 por ciento del total y marcando una suba respecto del 67 por ciento registrado el año anterior.

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Más allá del aumento en comparación a 2024, la cifra continúa alejada de la cantidad de crímenes ocurridos en años más complicados como lo fueron 2022 con 287 y 2023 con 258. Para el gobierno provincial fue un logro, como lo destacó el gobernador Maximiliano Pullaro en la entrevista con La Capital al asegurar que Rosario “será la ciudad más segura de Argentina”.

El programa de recompensas y la caída de Reifenstuel

En un orden cronológico puede destacarse la presentación del Programa de Recompensas que el gobernador Maximiliano Pullaro hizo el 14 de febrero pasado. Se trata de un dispositivo que cuenta con la posibilidad de pagar recompensas a quienes aporten información fidedigna que posibilite avances concretos en investigaciones de homicidios ocurridos desde 2014.

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En ese marco diez días después fue detenido en Bolivia el único prófugo que tenía la investigación por el crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central asesinada en septiembre de 2023 tras el clásico con Newell’s. Damián Reifenstuel fue capturado a partir de la declaración de un testigo que lo reconoció cuando se hacía pasar por otra persona en una localidad cercana a Santa Cruz de la Sierra. A lo largo del año desde el gobierno notificaron nuevos casos por los que se ofrece recompensas y en algunos casos aumentaron el monto destinado para quien aporte información.

Escándalo policial por fraude con combustibles

Cerca de mitad de año un escándalo sacudió a la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe. A principios de mayo, tras una intervención del Ministerio de Seguridad, el jefe y el subjefe fueron apartados de sus cargos y otros trece agentes quedaron detenidos. Se había destapado un complejo caso de malversación de fondos económicos destinados originalmente a combustibles para el patrullaje urbano.

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La investigación escaló hasta llegar a 28 imputados, entre ellos finalmente el exjefe de la policía local Daniel Acosta. Meses después de haber sido removido de su cargo, le imputaron ser líder de una asociación ilícita y quedó preso hasta mayo de 2026. Otros jefes de distintas divisiones de la URII quedaron presos como parte de la misma trama: “Tuvo por finalidad garantizar un circuito ascendente y continuo de retornos o beneficios de actividades ilícitas como también de dádivas o multas en efectivo o en especies como bebidas de altísimo valor que imponían principalmente a los miembros de la propia organización”. El fraude al Estado se estima que fue de al menos 45 millones de pesos.

Derribos en Microtráfico

A lo largo del año el gobierno provincial consolidó el derribo de puntos de venta de drogas como un pilar de la ley de microtráfico aprobada a fines de 2023 y puesta en marcha en 2024. Con un trabajo conjunto con la Unidad Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, esta semana alcanzaron los 100 búnkeres desactivados en la provincia de Santa Fe.

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La lectura del gobierno y de la Justicia es que el derribo o inactivación de puntos de venta de droga tiene un impacto directo en la reducción de la violencia urbana. “Nosotros no solo desactivamos puestos de ventas a partir de llamados telefónicos. En estos dos años tuvimos alrededor de 2.500 allanamientos y secuestramos 700 armas de fuegos. Eso es más o menos 7 allanamientos por día. Esto es una herramienta útil que hace que las organizaciones se queden sin poder de fuego en el territorio”, subrayó este martes el fiscal Franco Carbone, titular de la Unidad de Microtráfico.

Jueces federales bajo la lupa

Uno de los casos más resonantes del año tiene que ver con la imputación de dos jueces federales por distintos delitos cometidos en sus funciones. Primero fue Marcelo Bailaque: comenzó a ser imputado a fines de 2024 y el 19 de diciembre pasado finalmente la Justicia confirmó su prisión preventiva domiciliaria hasta marzo de 2026. Está acusado por prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos. Todos delitos relacionados a su cargo, mediante el cual establecía vínculos con empresarios que luego declararon en su contra.

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El otro juez federal acorralado por la Justicia en 2025 fue Gastón Salmain. La semana pasada fue procesado por delitos de corrupción por autorizar a financistas a adquirir 10 millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del 10 por ciento de la diferencia de cambio entre dólar oficial y blue. Si bien le impusieron prisión preventiva, tiene protección de fueros mientras continúe en su cargo en tanto no se expida al respecto el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La condena al exfiscal regional

El 7 de noviembre pasado el exjefe de los fiscales rosarinos, Patricio Serjal, fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitación perpetua. Fue en el marco de un juicio al que llegó acusado como organizador de una asociación ilícita y por cohecho pasivo. Le atribuyeron haber brindado protección o cobertura a una red de juego clandestino cuyo jefe, el empresario Leonardo Peiti, ya fue condenado a una pena reducida por su colaboración con la causa.

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El exfiscal regional había sido detenido el 11 de agosto de 2020 a raíz de una investigación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre el ataque a tiros al casino City Center de enero de ese año, hecho en el que murió el gerente bancario Enrique Encino, un apostador que fumaba en un balcón y fue alcanzado por un disparo. Según la pesquisa, ese atentado fue ordenado por el jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, con fines extorsivos.

Los prófugos más buscados

A principios de agosto el gobierno provincial publicó una lista de los 10 prófugos más buscados por la Justicia santafesina. En ese marco se reconoció la impronta criminal de Matías Gazzani, ubicado a la cabeza de la nómina con una promesa de recompensa de 60 millones de pesos para quien aporte información que conduzca a su captura. Gazzani estaba en el radar de la Justicia al menos desde 2020, pero su nombre comenzó a cobrar relevancia en 2023 a partir de los primeros homicidios ejecutados por la banda Los Menores, de la aparece como presunto jefe.

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La lista comprendió también a otros prófugos que fueron atrapados en los últimos cuatro meses, algunos de ellos implicados en investigaciones complejas sobre narcotráfico con alcance local e internacional. Tal es el caso de los hermanos Waldo y Brian Bilbao, sindicados a la cabeza de una organización criminal investigada por la Justicia federal por proveer cocaína en avionetas desde Bolivia.

Los Menores en la escena

La banda Los Menores fue mencionada por primera vez a mediados de 2023, tras un crimen ocurrido en el barrio Stella Maris de la zona noroeste de Rosario. Más de un año después, luego el asesinato del exlíder de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, esta organización tomó mayor estado público al ser mencionada por la posible autoría material del ataque.

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En ese marco la Justicia provincial avanzó con allanamientos y una investigación, paralela a la que busca esclarecer el crimen de Pillín, que llevó a la primera imputación de Los Menores como una asociación ilícita. La Justicia determinó que su jefe es Matías Gazzani y que, además de copar la barra de Rosario Central, desplegaron una red de narcomenudeo en distintas zonas de Rosario. Plan que pudieron llevar a cabo desplazando a otras bandas barriales y valiéndose de contactos policiales como se expuso en las detenciones de los agentes Fernando Abel Molina y Jonatan Garraza.

Desplazamientos del Gigante al Coloso

El 2025 estuvo signado por fuertes movimientos en el mundo de las barras bravas de Rosario Central y Newell’s. Tras el asesinato de Pillín Bracamonte hubo desplazamientos forzados de referentes de “Los Guerreros” que terminaron en la tribuna de Newell’s bajo el ala de personas vinculadas a Los Monos. Para la Justicia, en lo que es una versión todavía no comprobada, Pillín fue asesinado para que Los Menores coparan la tribuna. En ese marco ubicaron como jefe de la hinchada a Lautaro “Laucha” Ghiselli, ahora imputado como miembro de la asociación ilícita integrada por Los Menores.

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Uno de los principales desplazamientos de Central a Newell’s fue el caso de Juan Domingo “Cascarita” Ramírez, antiguo miembro de la barra canalla que luego fue visto en el paravalanchas leproso. Dos días después de ese partido, a fines de julio, fue asesinado a balazos en la puerta de su casa de Rueda al 1800. Otros barras ligados a Pillín fueron asesinados a lo largo del año: Juan “Chicha” Ferreyra y Ariel Bovio.

Dylan Cantero en la mira

Dylan Cantero tiene 21 años y es el menor de los hijos del fundador de Los Monos, Ariel “Viejo” Cantero. Hermano de “Guille”, actual jefe de la banda criminal, Dylan había recuperado la libertad a fines de 2024. A lo largo de todo 2025 su nombre apareció en las páginas policiales en reiteradas ocasiones: lo quisieron matar, buscaron incriminarlo mediante la aparición de su nombre en pancartas colgadas en la vía pública y finalmente volvió a la cárcel a principios de diciembre. La arremetida contra uno de los sucesores de los Cantero implica una reconfiguración en el escenario criminal local, en el que no solo hay avanzadas de otras bandas sobre Los Monos sino también reacomodamientos internos.

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El nombre de Dylan había aparecido en carteles callejeros que lo vinculaban a crímenes y otros delitos. Pero fue el 15 de octubre pasado que apareció públicamente de manera concreta: estaba en la puerta de su casa del barrio La Granada cuando lo atacaron a tiros y un balazo le provocó una herida en una pierna que lo dejó internado en el Hospital Clemente Álvarez. Un mes después, el 17 de noviembre y en una secuencia similar, fue baleado nuevamente en el mismo barrio. En esta ocasión fueron heridas más graves, pero tres semanas después fue dado de alta. Sin embargo del Heca se lo llevaron esposado: días después lo imputaron por narcomenudeo y volvió a la cárcel de Piñero, donde estará en prisión preventiva por el plazo de ley.