El jefe de la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General de Santa Fe destacó el aporte de los vecinos con sus denuncias anónimas a la Fiscalía
Foto: La Capital / Archivo.
Uno de los búnkeres derribados en Rosario durante este año. Se realizaron 100 procedimientos así en toda la provincia
La Provincia ya desactivó 100 puestos de venta de drogas o búnkeres desde que entró en vigencia la ley de microtráfico hace casi dos años. El fiscal Franco Carbone, a cargo de la Unidad Especial que investiga y combate ese tipo delito, dijo que esos operativos tienen impacto directo en la reducción de violencia y destacó el aporte de los vecinos a través de las denuncias que realizan al 0800 anónimo.
En declaraciones a LT8, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación remarcó que “a lo largo y ancho de la provincia, donde hay distintas realidades, se llevaron adelante cien inactivaciones de puestos de venta de droga. Esto tiene un impacto directo en la reducción de la violencia, más allá de que algunas veces pueda decirse que el búnker lo ponen en una casa, después lo mudan a una esquina”.
“La realidad nos impone que hay que caminar los barrios. El vecino que tiene un búnker en la cuadra, y en estas épocas calurosas, que no tenga la posibilidad de tomar mate en la vereda o que los chicos no tengan un lugar donde jugar en la calle, sacar el lugar de venta o expendio de drogas vinculado a las violencias en ese lugar es importante y es el camino correcto”, destacó Carbone.
El fiscal aclaró que “la inactivación de esos lugares no es el único camino para combatir el narcotráfico, pero contribuye un poco más a la reducción de la violencia”, y agregó que el MPA “tiene varias vías de comunicación en las que los vecinos que aporten información son cuidados. La gente del barrio puede acercarse a Fiscalía o llamar a un 0800. Se pueden hacer denuncias anónimas. Nadie se va a enterar cuál es la fuente de ingreso de esa información”.
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“Nosotros no solo desactivamos puestos de vendas a partir de llamados telefónicos. En estos dos años tuvimos alrededor de 2.500 allanamientos y secuestramos 700 armas de fuegos. Eso es más o menos 7 allanamientos por día. Esto es una herramienta útil que hace que las organizaciones se queden sin poder de fuego en el territorio”, subrayó Carbone.
El fiscal consideró que sacar del ámbito de la Justicia Federal la investigación de los casos de narcomenudeo "fue positivo. Los fiscales provinciales tenemos algo que es la territorialidad. Hace dos años, cuando empezó a regir la ley de microtráfico se empezó a investigar el microtráfico sin asignación de recursos propios. Esto fue un desafío porque absorbimos el 80 por ciento del trabajo que otrora era de la Justicia Federal".
Carbone señaló que las pesquisas encaradas por la justicia provincial "se veía que en balaceras, en organizaciones criminales, en homicidios, siempre o alto porcentaje, estaba detrás la compra venta de estupefacientes al menudeo. La desfederalización de la investigación del microtráfico es otra herramienta para abordar en forma completa al fenómeno delictivo. A dos años de esta ley estamos en una etapa de estandarizar estos procedimientos de trabajo en toda la provincia.
"Nuestro desafío es ser estratégicos en la persecución penal. Para eso hay que trabajar con datos para poder delinear las estrategias", subrayó..
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