Fue acusado por encubrir una red de juego clandestino. También sentenciaron al exempleado de la Fiscalía Nelson Ugolini a la pena de 5 años de cárcel.
Foto: Sebastián Suárez Meccia
El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción.
El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitación perpetua en el juicio que lo sentó en el banquillo acusado de proteger una red de juego clandestino que operaba en Rosario y otras localidades de la provincia de Santa Fe. El fallo se conoció pasado el mediodía de este viernes a dos semanas de la lectura de los alegatos de cierre y a casi dos meses de iniciado el debate oral y público.
Los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese dieron a conocer el fallo este viernes ante la presencia del fiscal regional Matías Merlo y la fiscal general de la provincia María Cecilia Vranicich. Los fiscales durante el juicio fueron José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, quienes habían solicitado la pena de 12 años de prisión para el ex jefe de los fiscales rosarinos.
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Entre los acusados también estuvo Nelson Ugolini, empleado judicial que trabajaba para el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, ya condenado en esta causa a 3 años de prisión tras aceptar ser imputado colaborador. Para Ugolini, los jueces dictaron la sentencia a 5 años de cárcel como lo habían solicitado los fiscales.
El exfiscal regional Patricio Serjal comenzó a ser juzgado el 15 de septiembre por corrupción institucional en una causa ligada a las tramas de narcocriminalidad que marcaron la agenda del delito en Rosario en los últimos años. Quien fuera jefe de fiscales rosarinos había sido acusado de haber brindado protección o cobertura a una red de juego clandestino cuyo jefe, el empresario Leonardo Peiti, ya fue condenado a una pena reducida por su colaboración con la causa.
Serjal, de 48 años, había llegado a juicio acusado como organizador de una asociación ilícita y por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público agravada por su condición de funcionario, omisión de persecución y peculado de servicios. El exfiscal regional había sido detenido el 11 de agosto de 2020 a raíz de una investigación de los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra sobre el ataque a tiros al casino City Center de enero de ese año, hecho en el que murió el gerente bancario Enrique Encino, un apostador que fumaba en un balcón y fue alcanzado por un disparo. Según la pesquisa, ese atentado fue ordenado por el jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, con fines extorsivos.
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Un ladero de Guille, Maximiliano “Cachete” Díaz, se desesperó y llamó al empresario del juego Leonardo Peiti, a quien conocía por haberlo extorsionado, para que le averiguara “con sus amigos de Fiscalía” cómo era la situación de los dos apresados. Como el celular de Díaz estaba intervenido, ese intercambio dejó expuesta la conexión que, para la acusación, habían conformado Serjal y Ugolini para brindarles protección al empresario Peiti y sus negocios de juego.
Uno de los testigos en el juicio fue Leonardo Peiti, empresario del juego con condena cumplida en la misma causa. Según la acusación, a cambio de dinero que recibía periódicamente de este hombre, Serjal daba instrucciones sobre cómo asegurarle impunidad al por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien fue condenado con una pena rebajada a 3 años de prisión como imputado colaborador.
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Peiti, en tanto, fue condenado a fines de 2021 a seis años de cárcel por pagar sobornos para garantizar su actividad y lavar dinero del delito; pena reducida a tres años por sus aportes como imputado colaborador. Recuperó la libertad luego de diez meses de detención.
Al aceptar la condena en un acuerdo abreviado, Peiti admitió su responsabilidad en el control de numerosos emprendimientos de juego clandestino en la provincia. También asumió haber pagado sobornos a actores políticos y judiciales para obtener concesiones.
La norma ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece sanciones que pueden llegar al arresto. Pero para aplicarla en la ciudad, el Concejo Municipal deberá aprobar una ordenanza de adhesión.
Por Lucas Ameriso
Por Nicolás Maggi
