Jorge Castillo, el “Rey de La Salada” desistió de abrir una feria en tierras santafesinas por la prohibición que la provincia le puso a la instalación de este tipo de formato comercial, aunque aclaró que quizás más adelante intente nuevamente con Santa Fe porque “soy cabulero y estas tierras me generan un aura especial”.
Castillo le comentó a La Capital que con la legislación que sancionó el poder legislativo santafesino el año pasado sólo podía instalar 20 puestos, un número insignificante comparado con las ferias imponentes que tiene en provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora), Caba (Flores) y Mendoza.
“Vi las disposiciones de Santa Fe sobre grandes extensiones y según la normativa, por la capacidad de habitantes de Tortugas tenía la posibilidad de poner sólo 20 puestos. Hay hecho leyes que hay que andar peleando y no tengo ganas, yo quiero laburar”, precisó el empresario.
En esa línea, consideró que las disposiciones las pusieron sólo para frenar su proyecto: “Si yo fuese Irsa (la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces) y voy a ese pueblo a armar un shopping para los que tienen plata, no dirían nada. Pero como doy laburo para los pobres y hago shopping para esa clase social, entonces me llenan la canasta de leyes”, disparó.
“Lo mismo me pasó en Mendoza donde peleándola, finalmente pude instalarme. Estas trabas fue uno de los motivos por lo que no avancé con lo de Santa Fe, igualmente no me daban los tiempos por la pandemia, pero ya este año podría ir viendo de hacer otra feria”, adelantó Castillo.
“Mientras tanto sigo con lo que tengo encaminado en Corrientes donde ya me reuní con la Cámara de Comercio. Quería instalarme en el límite de Santa Fe y Córdoba para atender a la gente del norte del país pero es muy posible que lo haga desde Santiago del Estero donde tengo una propiedad de dos mil hectáreas en Termas de Río Hondo”.
La Capital había anunciado la decisión de Castillo de abrir una feria en la provincia en agosto de 2021 cuando comentó por este medio que había elegido un predio en Santa Fe para un nuevo paseo de compras a cielo abierto.
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El lugar que “el rey de La Salada” tenía en vista y con preacuerdo establecido con los propietarios del campo, estaba en jurisdicción de Tortugas, en el límite con Córdoba, sobre la ex ruta 9 y a pocos kilómetros de la intercepción con la autopista. Había dicho que era atractivo porque desde Rosario se podía llegar en solo dos horas y desde la ciudad de Córdoba las distancias también eran favorables.
“A la provincia de Córdoba ya la había descartado por el criterio de su gobierno gorila, pero no entiendo al gobernador Omar Perotti, que es de la popu, es peronista, aunque yo soy radical. Pensé que al ser un gobierno justicialista iba a tener otro criterio para beneficio del que menos tiene”, apuntó.
“Los funcionarios se oponen sin saber, hablan de grandes superficies y lo que yo instalo son galerías comerciales, sobre ese tipo de infraestructuras no cuentan con legislación”, destacó Castillo que ya había explicado que su proyecto estaba diseñado bajo un modelo constructivo pospandemia, con pasillos de diez metros de ancho, a la intemperie y techos corredizos para usarlos en caso de lluvia.
El empresario desistió de “pelear por ahora; quiero ponerle la energía en Corrientes, después en Santiago del Estero y tal vez deje Santa Fe para el futuro”, provincia a la que le sigue teniendo ganas “porque cada vez que paso por tierras santafesinas siento el aura y cuando voy a Córdoba no me pasa lo mismo. Y como soy cabulero, escucho los sentimientos”.
Tras el anuncio de Castillo de armar un nuevo “shopping para los pobres” cerca de Tortugas, en noviembre del año pasado la Legislatura prohibió por ley la posibilidad de instalar una "Salada" en territorio santafesino. El cepo que suspende por un año las "ferias internadas" se logró tras declarar en situación de riesgo del sistema comercial.
La normativa fue pedida por la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeesa) y otras instituciones gremiales y empresarias. Establece que puede prorrogarse por un año más, tiempo en que los legisladores se comprometieron a trabajar en una ley de fondo y definitiva.
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