Gastón Ariel R. y Hernán Ramón R., los dos hermanos acusados por una balacera que el pasado 10 de enero dejó heridos a tres militantes del Movimiento Evita en el barrio Nuevo Alberdi, podrían recuperar la libertad en las próximas horas ya que no se colectaron pruebas suficientes para pedir su procesamiento. Así lo admitió el fiscal de la causa en un escrito en el cual manifestó su malestar contra la Justicia Federal por no colaborar para que las víctimas del tiroteo, actualmente bajo un programa de protección de testigos, pudieran contar lo sucedido al juez de Instrucción Alejandro Negroni.
El jueves 10 de enero, alrededor de las 20.30, una balacera en la esquina de Somoza y Luzuriaga dejó tres heridos graves: los hermanos Ariel y Carlos Ferreyra, de 19 y 21 años, y el albañil Carlos Arregui, de 27. En su momento se dijo que el tiroteo tenía que ver con un quiosco de drogas regenteado por Liliana M., referente hasta dos meses antes del Movimiento Evita en ese barrio. Y desde ese día fueron apuntados los hermanos R. como los atacantes.
Lo cierto es que dos días después la familia Ferreyra abandonó el barrio. Ramón, el padre de los heridos, alegó que mientras sus hijos estaban internados había sido amenazado por dos jóvenes que le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que si no se iba matarían a todos. En ese marco la familia ingresó al Programa Nacional de Protección de Testigos por el cual se les brindó a 14 personas una nueva identidad y trabajo fuera de Rosario.
Tras una semana de búsqueda, el 17 de febrero los hermanos R. fueron apresados en Victoria. Ellos dijeron encontrarse allí con familiares para asistir al carnaval y negaron haber participado de la balacera.
Sin pruebas. Transcurrido más de un mes de las detenciones, el abogado de los acusados pidió que se les dictara la falta de mérito por estar vencidos los plazos sin que se resuelva su situación. "No me queda más remedio que allanarme a la solicitud de la defensa", dijo el fiscal Carlos Covani, quien justificó las razones por las cuales no se colectaron pruebas suficientes.
"La sospecha sobre Hernán y Gastón R. surgió de lo consignado por el subcomisario Marcelo Mendoza (jefe de la subcomisaría 2ª) en el parte que menciona a «vecinos» no identificados. Pero al examinar las actuaciones policiales, las únicas alusiones que surgen de declaraciones son las testimoniales de Carlos y de Ramón Ferreyra. El primero indicó con nombre y apellido a los agresores pero cinco renglones más abajo dice: «No logré individualizarlos bien, no los reconozco si los vuelvo a ver». Luego, el 17 de enero, el juzgado ordenó las testimoniales de las víctimas, no habiéndose logrado hasta hoy la producción de tales pruebas, sin avizorarse cuándo se podrían recibir o si algún día se podrán concretar", dijo el fiscal.
Covani explicó que varias veces se intentó obtener esos testimonios, "lo que se frustró debido a que fueron ingresados al Programa Nacional de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, organismo que no ha colaborado con la investigación como tampoco lo hizo la fiscalía Federal Nº 2 de Rosario ni el juzgado Federal Nº 4" (ver aparte).
Uno se queda. "Ante la frustración de una investigación policial pobremente iniciada (se invocan testimonios de «vecinos» a quienes nunca se les recibió declaración) y con el corolario de que los principales testigos (las víctimas) han sido «ocultados» por funcionarios nacionales, no me queda más remedio que allanarme a la solicitud de la defensa para que el juez dicte la falta de mérito en beneficio de los imputados Hernán y Gastón R.", sostuvo el fiscal.
Sin embargo, Covani no descartó que el primero de los hermanos permanezca en prisión porque "tiene una causa por portación de armas por la cual estaba excarcelado bajo ciertas condiciones que no cumplió, entre ellas la de ausentarse de la ciudad sin permiso".
