El comienzo de otra era de derribos de búnkeres, esta vez en el contexto de la adhesión de la provincia a la ley nacional de narcomenudeo, tuvo distintos sabores a lo largo de la mañana de este viernes. Bajo la mirada de un enjambre de periodistas y la presencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el fiscal Franco Carbone, se comenzó a demoler una vivienda de dos plantas en Ayacucho al 4300, a pocos metros de Uriburu. La casa perteneció a la familia Funes, una referencia en el plano delictivo en el límite de los barrios Tablada y La Bajada. En la vereda de esa casa, el 11 de marzo de 2016 fue asesinada a balazos Mariela Graciela Miranda, madre de Lautaro y Alan Funes. Ese crimen marcó a plomo y sangre una guerra que en menos dos años tuvo un saldo de más 30 víctimas. Por el crimen de Miranda fueron condenados Alexis Caminos, hijo de “Pimpi” (histórico líder de la barra leprosa) y su primo, Juan Manuel “Juanchi” Almada, a penas unificadas de 30 y 25 años respectivamente.
Cuando los periodistas y los funcionarios dejaron el territorio y sólo dos policías quedaron custodiando el lugar, una mujer con un bebé en brazos, que se identificó como pariente de los Funes, se acercó a dos trabajadores de una cooperativa que realizaban la demolición y los amenazó. Fue demorada. Los operarios contaron lo ocurrido y desde la cooperativa de trabajadores decidieron suspender los trabajos que se realizaban en el lugar y en Biedma 255 hasta que se garanticen las medidas de seguridad. Más allá de esta suspensión momentánea, el derribo de estas estructuras llevará varios días.
Pero como en Rosario siempre hay espacio para que ocurra algo más, pasado el mediodía se conoció que durante la mañana se habían denunciado dos nuevas amenazas tumberas contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Una fue en la Escuela Técnica Nº 4, de Rouillón 1175 bis, donde se advertía “con los presos no se jode”, y otra a menos de cinco cuadras, en un Centro de Salud ubicado Teniente Agneta al 1400.
En este último punto los vándalos se quedaron cortos con el aerosol y terminaron el mensaje a rayones con una piedra, una llave y una birome. Un detalle no menor: dejaron el envase de aerosol en la escena del ataque, que fue recolectado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y enviado a peritar. El mensaje, similar al anterior, está firmado: “Att RR”.
Crimen y guerra
Luego del bestial asesinato de Mariela Miranda, Jonathan “BamBam” Funes, hijastro de la mujer, relató en sede judicial cómo comenzó el conflicto entre su familia y la del ex líder de la barra brava leprosa Roberto “Pimpi” Caminos. El conflicto los hizo abandonar su departamento en el barrio Municipal para instalarse en la casa de calle Ayacucho al 4300.
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“Todo empezó en 2012 ó 2013. Mis hermanos Alan y Ulises iban a lo escuela técnica 393 (ubicada en Alice al 5000) y para llegar tenían que pasar por el barrio de los Municipales. En ese barrio, la familia Caminos controlaba todo lo que pasaba: venta de drogas, usurpaciones. Lo que pasó fue que éstos querían que mis hermanos fueran sus sicarios y empezaran a matar gente para ellos. Pero ellos no querían. Ulises tenía 16 años y Alan cerca de 12. Ellos querían que mis hermanos maten a los que habían matado a su padre, a los de la banda de los Ungaro”, dijo BamBam en Tribunales. Él y su hermano Ulises fueron asesinados durante la guerra de los dos años. BamBam fue acribillado a la salida de la cárcel de Piñero el 5 de febrero de 2018.
En el plano de lo simbólico, lo ocurrido este viernes en Ayacucho 4389/4391/4395 (distintas numeraciones que supo tener la propiedad) fue muy fuerte. Y en el interior de lo que alguna vez fue una vivienda familiar quedaron distintos vestigios de la historia.
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En DNI de Ulises Nicolás Funes, uno de los hermanos asesinados en 2018, tirado sobre un colchón desvencijado.
Foto: Celina Mutti Lovera.
Una foto, quizás de una comunión, en la que se ve a Miranda, a Jorge Funes y una pequeña. Un DNI a nombre de Ulises Nicolás Funes, asesinado la noche del domingo 7 de enero de 2018 en un pasillo de barrio La Lata. Útiles de niños de apellido Funes diseminados como parte de la basura de lo que la Justicia considera que fue una especie de aguantadero que sirvió para guardar armas, esconder secuaces, acumular y vender drogas. Postales de cómo puede ser la vida al otro lado de la ley jurídica o que enmarcan cómo fueron los últimos minutos de los Funes en el lugar.
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“Históricamente esta casa perteneció al Clan Funes, aliado al de Francisco Riquelme. De hecho, esta propiedad ya había sido allanada hace 20 años, cuando se buscaba al padre de los Funes por piratería del asfalto”, explicó, dándole contexto, el fiscal Carbone. “Este inmueble es emblemático. Y lo que mostramos ayer ante la jueza Castelli, al argumentar el pedido de demolición, fue una historización de la cantidad de incidentes como abusos de armas, muertos, todos hechos circundando esta casa que derribamos hoy”, agregó Carbone a las puertas de lo que fuera la casa de los Funes.
Pero el de Miranda no fue el único de los crímenes que sucedieron alrededor de la casa de los Funes y que azotaron la castigada espalda de los rosarinos. El 13 de octubre de 2021, pasadas las 18, Mariel Lezcano tomaba mates en la casa que alquilaba detrás de la vivienda que había sido de los Funes. Estaba con su hijo de tres años y sus hermanos menores. Fue en ese contexto que sonó el timbre y Mariel caminó hacia la puerta para ver quién era. Apenas se acercó quedó de cara a un muchacho apodado “Lolo”, quien vestido de negro, cubierto con una gorra y un barbijo del mismo color, le disparó directo a la cabeza. Mariel quedó tendida en el piso del patio delantero de su casa, donde murió a los pocos minutos. Lolo se fugó corriendo.
El crimen de Lezcano expuso que Alan Funes, desde la cárcel, condenado por homicidio y por narcotráfico, la hostigaba para que vendiera drogas para su organización. El fiscal Avila sostuvo que Alan Funes encargó el crimen desde la cárcel federal de Ezeiza, donde estaba alojado antes de ser trasladado a Marcos Paz a mediados del 2023. La promesa remuneratoria fue de al menos 100 mil pesos.
En la audiencia en la que este jueves el fiscal Carbone solicitó el derribo de cinco lugares donde se vendía droga, previsto en la ley de drogas, en este caso solicitado por la vía de un “cese de estado antijurídico”, es decir, un trámite previsto para evitar un daño producido por un delito, se fundamentó el pedido desde múltiples informes.
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Entre los hampones mencionados en el contexto de violencia estuvieron los nombres de Francisco “Fran” Riquelme, Lautaro y Alan Funes, y Alejandro Isaías “Chucky” Monedita. Todos ellos presos en diferentes penales. Los cinco puntos fueron escogidos por la cantidad de incidentes violentos de los que fueron escenario. El ruido a golpe de maza también se escuchó en otro lugar del sur rosarino, a unas diez cuadras de la casa de los Funes, en Biedma 255. En la construcción de calle Biedma los hechos con armas fueron 17 y hubo dos homicidios, el último el asesinato de Carlos Nicolás Moreyra, de 42 años y vecino del barrio, que fue ejecutado de siete disparos.
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Armas y mazazos. Un obrero de una cooperativa arremete a puro golpe contra la estructura ubicada en Biedma 255.
Foto: Celina Mutti Lovera.
En las gateras quedaron las demoliciones de otras tres estructuras, como la denominan los investigadores: dos en Felipe Moré al 600 bis, en barrio Ludueña, y otra en Necochea e Ivanowski, en la zona de “La U” o “Cordón Ayacucho”, en Tablada.
La ley
El ministro Cococcioni remarcó, por su parte, la importancia de la ley provincial contra el narcomenudeo, que fue enviada a la Legislatura por el gobernador Pullaro y aprobada durante el mes de diciembre: “La ley, para su aplicación plena, va a demandar nuevos recursos, mayores actividades de coordinación, transferencias presupuestarias que tienen que venir del gobierno nacional, y que ya se están reclamando, porque estas causas eran de jurisdicción nacional y ahora son provinciales”.
La ley entró en vigor el pasado 29 de diciembre y el primer búnker fue demolido este jueves 11 de enero en Riobamba al 5000. Para el ministro, “estos son los primeros casos que vienen en cumplimiento de la ley, pero luego la política de microtráfico estará basada sencillamente en la información aportada por la inteligencia criminal y van a ser intervenciones focalizadas de desactivación de los puntos de venta. Y aprovecha un curso investigativo que ya era preexistente”, detalló.
Cococcioni también explicó cómo es el accionar para activar un procedimiento que termine con la demolición de un punto de venta de drogas. “No vamos a requerir una denuncia formal, aunque por supuesto la pueden hacer, pero la política de microtráfico se basa en inteligencia criminal que despliega autónomamente el Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con el Ministerio Público de Acusación y, en función de eso, se diseñan las intervenciones. La idea no es pedirle al vecino que sea quien motorice esto, sino que lo van a hacer los distintos organismos del Estado”, puntualizó.
