El fenómeno de los ataques a tiros y asesinatos en puestos de drogas no es desconocido en Rosario. Pero la apabullante cantidad de episodios con sangre y plomo ligados a cinco búnkeres históricos que se enumeraron este jueves en una audiencia judicial tuvo un efecto tan demoledor como la medida que autorizó la jueza Silvia Castelli, quien avaló que esas edificaciones sean tiradas abajo por una topadora. En una audiencia inédita en la Justicia provincial, por sus implicancias y la cantidad de funcionarios presentes, autorizó el derribo de esas construcciones ligadas a grandes de bandas de narcomenudeo en Ludueña y Tablada, dos de los barrios más castigados por el estallido de violencia en la ciudad.
“La medida de derribo no puede esperar”, dijo la jueza luego de que el fiscal Franco Carbone expusiera por horas sobre esos inmuebles con destino de picota. La audiencia tuvo cierto carácter inaugural por la cantidad de puestos de drogas invocados y por la presencia a sala llena de funcionarios de la provincia y el municipio. Pero se realizó al mismo tiempo en que, previo aval judicial, una pala mecánica tiraba abajo un quiosco de Riobamba al 5000 cercano a dos escuelas y en torno al cual se produjo un asesinato.
La jueza consideró que la respuesta del Estado a los vecinos en esos territorios castigados no puede esperar, pero también llamó la atención sobre el peligro de no acompañar la foto del derribo con medidas a largo plazo. Es que, sin una presencia sostenida que trascienda la militarización, el recurso puede funcionar a nivel simbólico pero corre el riesgo de perder eficacia. En un contexto en el que la usurpación violenta de viviendas es cosa de todos los días en las periferias. Y ante la gran capacidad de reinvención que han demostrado los mercados de drogas ilegalizadas.
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“El Estado no puede bajar, golpear y retirarse. Está bien como primera medida. Pero debe generar arraigo en los territorios más allá de esta medida judicial. Porque hoy nos vamos con una foto, pero en el futuro debe avanzar en prevención”, advirtió en ese sentido Castelli. En una solvente argumentación, la jueza presentó una radiografía actual de algunas bandas de narcomenudeo y dijo que para las edificaciones a derribar no debe aplicarse el concepto de vivienda porque “no son inmuebles, son instalaciones”.
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La jueza Silvia Castelli, quien autorizó el derribo de búnkeres en el marco de la nueva ley de narcomenudeo.
“El concepto penal o civil de un domicilio habla de personas habitando en un lugar. Quienes se han apropiado de estos lugares les han dado un destino ilícito desde 2020 en adelante con ocupantes golondrina”, aclaró ante una platea que daba cuenta del espaldarazo político a la medida. No sólo estaban presentes funcionarios del gobierno de Maximiliano Pullaro sino la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, y fiscal la regional María Eugenia Iribarren, en un claro mensaje de respaldo institucional.
Es que la medida parte de una coordinación multiagencial ante la reciente adhesión provincial a la ley de narcomenudeo. Un cambio normativo que faculta a las agencias penales santafesinas a sancionar el microtráfico de drogas. Un mercado atado a hechos de alta violencia, balaceras, delitos polirrubro, circulación de armas de fuego y el uso de mano de obra fungible en los eslabones más bajos de venta.
Esos dos factores les dan a estas demoliciones un carácter distinto que las de unos diez años atrás, cuando eran encaradas sólo por el Ejecutivo en causas federales. El derribo está previsto en la ley de drogas y en este caso fue solicitado por la vía de un “cese de estado antijurídico”, es decir, un trámite previsto para evitar un daño producido por un delito.
Otro rasgo, acaso la carta fuerte con la que jugó al Fiscalía en su presentación, es el alto nivel de documentación sobre los sitios a tumbar y sus efectos lesivos. Carbone ofreció una historización detallada de los hechos de violencia registrados en los últimos cuatro años en esas bocas de expendio. Los incidentes con armas, allanamientos, intervenciones policiales, o muertos en las cercanías se cuentan por decenas. Son cinco puntos que fueron visitados en una recorrida oficial del viernes pasado. Se expusieron fotos en pantalla de esas edificaciones con serio estado de deterioro, escaso o nulo mobiliario, algún colchón y ropa tirada por el suelo.
Los puntos a demoler, tarea que se según se anunció comenzará mañana mismo, son cinco: Ayacucho al 4300, Biedma 255, Necochea e Ivanowski, Felipe Moré 600 bis y Felipe Moré 612 bis. Estos últimos son asignados a Francisco “Fran” Riquelme, líder de una de las facciones en pugna en Ludueña y Empalme que el martes fue vinculado a amenazas al gobernador. “No es una casa más. Es un emblema de Ludueña. Por eso la urgencia de la medida”, graficó el fiscal.
La secretaria de Niñez, Daniela León, manifestó que no se encontraron niños o adolescentes en la recorrida del viernes. El director del Registro de la Propiedad, Fernando Sirk, expuso que el búnker de Ayacucho pertenece al Estado Nacional mientras que los otros tienen a sus dueños fallecidos, inhallables o con escrituras de hace cien años. En un caso, el titular reside en California. Una mujer se presentó con un abogado en la audiencia alegando ser la dueña del de calle Necochea.
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“La casa es mía. La compré hace más de dos años. Tengo boleto de compraventa. Trabajo en una asociación civil. Si la derriban dejan en la calle a mis hijos y nietos”, expuso. Pero al momento de la inspección sólo habitaba allí un soldadito, por lo que la jueza autorizó la demolición bajo expresa advertencia de que se atienda la situación habitacional de esa familia. La defensora pública Maricel Palais, en tanto, se opuso a los derribos porque “se trata de viviendas usurpadas que deberían ser restituidas a sus titulares por el propio Estado”.
“No pueden permanecer esos búnkeres en el medio de los barrios con todos los episodios violentos que tienen aterrados a los vecinos”, planteó el fiscal. A su turno el secretario de Seguridad Pública de la provincia, el ex gendarme Omar Pereyra, dijo que “no se trata de una cuestión netamente simbólica sino que es eliminar el germen, el origen de un problema con efectos laterales gravísimos”.
El recorrido histórico se basa en un informe del flamante Equipo de Microtráfico a cargo de las fiscales Carla Cerliani y Valeria Haurigot. El pedido se fundó además en escuchas obtenidas de la causa más reciente contra Riquelme, imputado esta semana por ordenar una balacera a la comisaría 19ª y ligado a dos atentados fallidos contra una escuela y una iglesia, hechos en los que estaba previsto dejar mensajes contra Pullaro.
Del celular secuestrado en esa causa a un soldadito de Riquelme, según consta en el informe, surgieron conversaciones con Lautaro Funes, uno de los presos del clan Funes alojado en Ezeiza. Su perfil se repasó en la audiencia, así como el de Alejandro Isaías “Chucky” Monedita, también preso como el jefe de un grupo narco con base en Tablada.
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El fiscal Franco Carbone solicitó las demoliciones en base a un informe de decenas de balaceras y asesinatos en los puestos de venta.
Archivo La Capital
Lo cinco puntos fueron escogidos por la cantidad de incidentes violentos de los que fueron escenario. La casa azul de portón negro de calle Ayacucho, perforada a balazos como en un ámbito bélico y asignada por los investigadores al clan Funes, registra desde 2020 al menos quince incidentes con disparos y tres asesinatos, dos de ellos femicidios, y una media docena de personas con heridas en un ojo, el tórax, el cuello o el rostro. “A este lugar lo conocen como el búnker de los Funes. Ustedes se van a ir y al otro día vuelven como si nada”, dijo un vecino de esa vieja gomería deshabitada.
En la construcción de calle Biedma los hechos con armas fueron 17 y hubo dos homicidios. Trece incidentes se contaron para el inmueble del pasaje Ivanowski y dos los fallecidos. Las casas de Felipe Moré, una asignada Francisco Riquelme y otra a su hermano prófugo, funcionan según los vecinos como depósito de drogas que se venden en la vía. Allí hubo 21 episodios con disparos y cuatro muertos.
Ese “banquete de evidencia”, dijo la jueza, es suficiente para aplicar la medida a la que habilita la novedosa ley de narcomenudeo. “Ha dado apariencia suficiente la Fiscalía, un muestreo de hechos con armas de fuego y un bagaje de conductas relacionadas con la tenencia de estupefacientes para su comercialización”, planteó. Remarcó que “los grupos criminales han usado estos lugares como base cierta y arraigada” de sus negocios, sin que el estado provincial pudiera, hasta ahora, intervenir en la faceta de afectación a la salud pública.
“No podemos perder de vista el contexto de violencias altamente lesivas en el que se inscriben estos hechos”, subrayó, y dijo que en todos los casos invocados se constataron los supuestos que la nueva ley dispone priorizar: la venta en mercados abiertos, la participación de traficantes en otras actividades delictivas, el uso de armas y la participación de menores de edad o de personas vulnerables. “La check list en términos de prioridades es el caso concreto que trajo la Fiscalía”, resumió. Por último indicó que los derribos deberán coordinarse entre la agencia fiscal, la policía y Defensa Civil e instó a que “continúe la presencia interagencial del Estado en los territorios”.
