También afecta el derecho a huelga y las cuotas solidarias de los sindicatos. El oficialismo espera obtener media sanción en el Senado antes que termine el año
Foto: La Capital / Archivo.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional ya comienza a reglamentarse
Con la firma de Javier Milei en el proyecto de reforma laboral, el gobierno se prepara para recibir luz verde en el Congreso. El texto legislativo propone importantes transformaciones en el mundo del trabajo y los modos de contratación. Su sanción implicaría modificaciones en diversos aspectos, como una reducción al cálculo de las indemnizaciones, fragmentación de las vacaciones pagas, y la creación de un banco de horas que reemplazaría las horas extra.
Además, el texto que fue enviado al Senado también genera alteraciones en el derecho a huelga, las cuotas solidarias a los sindicatos y la creación de un régimen para los repartidores de aplicaciones móviles, entre otros temas.
En cuanto a la sanción de la ley, el oficialismo prevé obtener media sanción en el Senado antes de que termine el año. Luego, el proyecto de reforma laboral pasará a Diputados.
En esta nota, un repaso por los principales cambios que traería la reforma laboral del oficialismo.
Uno de los cambios más importantes que traería la reforma laboral es una reducción en el cálculo de las indemnizaciones. Es que en el cálculo indemnizatorio se excluiría del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integre el salario normal. A su vez, no se toma más el salario más alto como referencia, sino un promedio, en el caso de aquellos sueldos que tengan ítems adicionales. También se habilita el pago de las indemnizaciones en cuotas.
Además, se dispone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se alimentará del 3% del aporte obligatorio de los empleadores. Ese monto, que dejará de percibir el Estado, será administrado por la Comisión Nacional de Valores, que funcionará bajo la órbita de los ministerios de Economía y Capital Humano. Sobre este aspecto, abogados laboralistas señalan que funcionaría de manera similar que las AFJP de la década de los 90.
Otra de las modificaciones claves que plantea el proyecto es la posibilidad de fragmentación del periodo vacacional por parte del empleador. La licencia paga se podrá “dividir”, pero en periodos no menores a siete días de corrido.
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En esa línea, el proyecto establece que en el caso de que el empleador imponga las fechas del descanso, deberá informarlo con 45 días de antelación.
La iniciativa también introduce el “banco de horas”, una figura que buscaría reemplazar las horas extras y que flexibilizaría la jornada de trabajo. Este sistema de flexibilidad habilita que el trabajador cumpla una jornada laboral más larga en determinados periodos, más no siempre. Este exceso en las horas de trabajo se daría en determinados momentos, como en las épocas del año de mayor producción o demanda.
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En este sistema, la hora extra dejaría de ser voluntaria para el trabajador porque formaría parte de la jornada laboral normal por integrar el contrato de trabajo. Esto es lo que el oficialismo nombra como “jornada elástica”. En cuanto al pago de las horas adicionales por encima de la jornada legal de trabajo, se podrían compensar con jornadas más reducidas o francos o con un plus por las horas adicionales, pero que serían inferiores al actual recargo del 50 o 100%.
A su vez, en la iniciativa figura la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas.
El proyecto de ley introduce la figura de los "salarios dinámicos", lo que ata la remuneración a la "productividad" del trabajador. Esta modificación podría afectar las negociaciones de paritarias.
También en relación con los salarios, la reforma laboral habilitaría la posibilidad de pagar las remuneraciones mensuales en alimentos, especie o viviendas, además de en pesos o monedas extranjeras.
Se amplía la cantidad de actividades consideradas esenciales. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre el 50 y el 75 % en caso de estar en conflicto.
Otro de los puntos clave del proyecto es la eliminación de la cuota solidaria, una contribución obligatoria para los trabajadores no afiliados al sindicato que se establece por convenio colectivo.
Al ser un ingreso clave para los sindicatos, su posible remoción ha generado una fuerte resistencia gremial, ya que impacta de lleno en su esquema de financiamiento operativo.
La iniciativa legal propone crear la figura del "repartidor independiente", promoviendo la "libertad de formas de contrato". Bajo este marco, la relación se define como un contrato de servicio independiente, no laboral, lo cual otorga legitimidad al trabajo informal en el sector.
Por Andrés Abramowski
Por Pablo Mihal
Por Andrés Abramowski