El gobernador dijo en LT8 que mantendrán los operativos de seguridad de rutina porque ayudaron a bajar los delitos. Las deudas de Javier Milei y la Corte
Maximiliano Pullaro defendió las políticas de seguridad.
El gobernador Maximiliano Pullaro defendió el trabajo de los policías caminantes que solicitan DNI en la calle y generaron polémica en las últimas semanas. “Vamos a seguir trabajando con la misma política de calle porque estamos en el marco de la ley”, sostuvo en El Primero de la Mañana, por LT8.
“Lamento profundamente que no se llegue a comprender la magnitud del problema que tenemos. Que en una ciudad que hace un año tuvo 290 homicidios y ahora 70, no se entienda que debe tenerse un control estricto de la calle. A una de 15 personas se la molesta para corroborar si tiene pedido de captura. Hay que detectar eso”.
“Si para la policía una persona puede presumiblemente cometer un delito, tiene que ser demorada. Los controles han hecho bajar la violencia y aprehender a muchas personas con pedidos de captura y tener el secuestro de armas de fuego en flagrancia récord en Rosario”.
No es obligatorio portar el DNI, pero si se resiste a ser identificado y, en el marco del procedimiento existen sospechas de un acto preparatorio de un delito, ahí se produce un procedimiento por el artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial para poder demorar. “Lamentamos tener que molestar a personas que nada tienen que ver pero es la única manera de detectar personas que tienen pedidos de captura”, agregó el gobernador.
“Empezamos con un momento muy complejo con un déficit fiscal y deuda flotante muy importante. Tuvimos un pequeño superávit en julio. Y este año invertimos 500 millones de dólares cuando la obra pública se cortó en el país. El año que viene serán de 1.500 millones, casi más del 15% del presupuesto, récord que no se verá en las otras provincias y menos en el Estado nacional”, sostuvo.
Respecto al encuentro que mantuvo con el presidente Javier Milei en la semana junto a gobernadores radicales, Pullaro dijo que lo único que trajo en concreto fue incorporar a las provincias litoraleñas al pliego de la hidrovía.
“De la deuda previsional dijo que tomaría el tema, pero nada en concreto. Le dijimos con contundencia si podía saldar la deuda con la Caja de Jubilaciones porque había otras provincias que estaban en una situación parecida. Vamos a seguir el tema en la Corte como venimos haciendo”, planteó.
Además contó que le pidió al presidente por la reparación de las rutas nacionales en Santa Fe y, si no está dispuesto a repararlas, que ceda a la provincia las trazas que conducen al complejo interportuario para que las administre el gobierno de Santa Fe. “Pedimos esas trazas de rutas nacionales para arreglarlas porque no puede ser que 2 millones de camiones circulen como lo hacen”, remarcó.
“Me es difícil enfocarme en una modificación de la Constitución con una provincia con tantos problemas por resolver como la seguridad y educativos. El Ejecutivo no está trabajando en eso, no está en nuestra agenda. La UCR, yo soy de partido, que cree en el partido y hará lo que diga, pero no es agenda del Ejecutivo”, señaló.
Respecto de la modificación de la cantidad de miembros de la Corte, el gobernador sostuvo: “Son proyectos de la Legislatura. Hay que trabajar mucho para renovar la mirada que tiene la Justicia de Santa Fe para que tengamos una Justicia más eficiente, barata y que dé las respuestas que espera desde hace tiempo el ciudadano”.
Luego abordó la cuestión presupuestaria, uno de los temas en que chocaron ambos poderes este año. “En estos meses, sobre un presupuesto que tenía el Poder Judicial muy importante y abultado, a junio ejecutaron el 107% y después tuvo un impacto ante una demanda que le hicieron al poder ejecutivo pero cuando ya habían ejecutado en medio año más de lo presupuestado”, dijo.
“Entendemos que en estos momentos difíciles en cualquier lugar del Estado, hay que ser muy eficientes y reestructurar, rever funciones en momentos en que avanza la IA, la despapelización, digitalización para ser un Estado moderno. Entendemos que el Ejecutivo y la Legislatura lo está haciendo y el Poder Judicial tiene que darse la oportunidad de darse ese debate”, concluyó.
Por Juan Iturrez
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