El oficialismo quedó en minoría, no consiguió quorum, y cayó la sesión del Senado donde estaba previsto finalmente aprobar los pliegos 75 miembros de Poder judicial federal, distribuidos en 14 provincias argentinas: entre ellos, un juez, un fiscal y un defensor para Rosario, y otro defensor para la ciudad de Santa Fe. Todos los pliegos contaban con dictamen de aprobación previa en la comisión de Acuerdos del Senado.
Sin embargo, en los últimos días, una fuerte presión mediática opositora contra la jueza Ana María Figueroa para evitar pueda renovar su mandato luego de cumplir 75 años (en agosto próximo) consiguió bloquear el tratamiento del pliego de la magistrada que buscaba extender su mandato luego del cumplimiento de ese tope de edad, tal cual lo establece la letra constitucional.
La jugada opositora se orienta a reconfigurar la composición de la Sala I de la Cámara de Casación, donde se decidiría una posible reapertura de la causa Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y su familia, que fuera cerrada en una instancia judicial anterior.
El interbloque del FdT sentó 34 miembros, quedando a tres de los 37 necesarios para poner en marcha la sesión. Toda la oposición se ausentó en bloque, incluida una fracción de cuatro senadores que se separaron del oficialismo en el inicio del año legislativo, en febrero pasado.
Para evitar caiga la sesión, en una negoción de última hora, el FdT ofreció llevar adelante la sesión, excluyendo el conflictivo pliego de Figueroa, pero la JxC no accedió de todos modos.
El senador por Santa Fe Marcelo Lewandowski lamentó la actitud opositora, expresó “indignación y dolor” al ver que se sigue “postergando la designación de jueces, fiscales y defensores”, que en el caso de la bota santafesina implica la designación de un nuevo magistrado, un fiscal y un defensor para la ciudad de Rosario y otro defensor oficial para la capital provincial.
El ahora también precandidato a gobernador para las elecciones del próximo domingo, expresó en la sesión en minoría que de todos modos llevó adelante el oficialismo, “vengo solicitando que, por favor, hagamos una sesión para aprobar estos pliegos rápidamente; lo necesitamos. Y hoy que tenemos sesión, no están los que tienen que aprobarlos. La única verdad es la realidad: Hoy, podríamos tener más fiscales y más jueces y sin embargo siguen postergando la nominación para que en Rosario tengamos posibilidad de defendernos”, se quejó. “No hay mejor acto de campaña que aprobar lo que necesitamos en Santa Fe: jueces y fiscales”, completó.
Los senadores por la fuerza mayoritaria de la provincia según las elecciones de 2021, Carolina Losada – también precandidata a gobernadora- y Dionisio Scarpin no dieron quorum, y colaboraron con el fracaso de la sesión.
El presidente del interbloque oficialista, José Mayans, reclamó responsabilidad institucional a la oposición parlamentaria, que pegó el faltazo a la sesión de hoy del Senado y con ello generó la postergación de la designación de 75 nuevos jueces, fiscales y defensores públicos en distintas jurisdicciones del país y, entre ellos, cuatro de la provincia de Santa Fe.
Mayans criticó a la oposición por hacer fracasar la sesión, en la que además se iban a tratar temas como la autorización de entrada y salida de tropas para la realización de ejercicios militares, “algo que nunca se le negó a ningún presidente constitucional”. “Hay que terminar con la oposición sistemática y negativa”, reclamó el formoseño.
“Si están en desacuerdo con algunos de los temas que se tratan, que bajen a trabajar y digan con cuál, con argumentos y fundamentos”, desafió Mayans. Además, comentó que, en negociaciones previas, le ofreció a la oposición retirar del temario los pliegos a los efectos de destrabar la sesión y tratar los asuntos restantes; pero no obtuvo respuesta.
A la vez, indicó que otros opositores “especulan, dicen que hay que esperar a que pasen las PASO, porque si dan quorum los medios los matan”, al analizar la actitud de senadores de otras bancadas que hoy faltaron.
Para Mayans, la mayoría de los pliegos “no tienen prácticamente impugnaciones”, lo que hace inexplicable aún más las ausencias. Precisamente, el proceso de designación de funcionarios del Poder Judicial es complejo y lleva en este caso un promedio de cinco años de duración, desde que se inician los concursos en el Consejo de la Magistratura, pasan por la comisión de Acuerdos del Senado y llegan al recinto. “No se justifica la demora, porque hay una necesidad imperiosa de que la justicia funcione”, concluyó Mayans.