Diez efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario fueron imputados este martes por haber prendido fuego a una persona a la que habían detenido para incriminarlo en una causa relacionada al narcomenudeo. El hecho ocurrió en mayo de 2024 en una vivienda de la zona norte, donde según la Fiscalía uno de los policías roció con alcohol etílico a la víctima y le acercó la llama de un encendedor. Los demás agentes fueron acusados de encubrirlo en el acta de procedimiento y en declaraciones posteriores ante funcionarios de la Fiscalía.
La víctima fue un hombre, hoy de 44 años, que quedó con graves secuelas: una traqueotomía posiblemente permanente, pérdida de la voz y alteraciones respiratorias. En su momento declaró por escrito y narró cómo —dentro de una casa con otros tres detenidos— lo obligaron a hacerse cargo de una mochila que tenía varias dosis de cocaína. Que en esa secuencia lo prendieron fuego y no lo asistieron, por lo que tuvo que tirarse agua con orina que había en un inodoro.
La investigación que encabeza el fiscal Pablo Socca expone un procedimiento plagado de irregularidades y un delito grave que derivó en la imputación por tentativa de homicidio para seis de los agentes detenidos. Pero también deja entrever que se trata de un accionar habitual, lo que se evidencia en las amenazas a los otros detenidos en la vivienda donde ocurrieron los hechos: "Fíjense lo que dicen de nosotros. Yo soy re sicario, yo robo, los mato a ustedes, soy más sicario que cualquiera de acá, ¿saben por qué? porque yo soy policía y hago lo que quiero". Además, entre los imputados hay un policía recientemente condenado por un caso similar.
Narcomenudeo, la versión oficial
La gravedad de las imputaciones no implica solo la agresión a la víctima sino también el montaje posterior relacionado al encubrimiento. No solo para ocultar el delito que habían cometido al prender fuego a un hombre, sino para además darle curso legal a un procedimiento supuestamente iniciado en flagrancia que luego derivó en imputaciones a los cuatro detenidos, entre ellos la víctima, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Como consecuencia de tantas irregularidades no quedó claro la procedencia ni el destino de la mochila con cocaína que le atribuyeron a los detenidos, por lo cual ese trámite podría terminar archivado.
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El primer paso para lo que pudo haber sido una causa armada, además de ocultar la agresión a la víctima, fue lo plasmado por los agentes de la PAT en el acta de procedimiento presentada el día de los hechos, 27 de mayo de 2024. El suboficial David Zeballos narró que cerca de las 12 patrullaban la zona asignada cuando en Larrechea al 1900 vieron a un hombre que salió de un pasillo con una mochila y al ver al móvil policial volvió sobre sus pasos intentando escapar por el mismo pasillo del que había salido. Así se inició una persecución que terminó dentro de una vivienda en la que había otras tres personas.
Allí, de acuerdo a lo expuesto en el acta, en esa casa el sospechoso le pasó la mochila a otra persona. "Se dirige hacia el baño de la finca y se observa una explosión", indicó Zeballos en el documento y agregó que hallaron a la otra persona con una botella de alcohol y un encendedor en mano, ya con quemaduras en su cara y manos. La mochila tenía 17 paquetes grandes, cada uno con aproximadamente 50 envoltorios de cocaína, con un total de 846 dosis. Acto seguido comunicaron a fiscalía de Flagrancia, que derivó el procedimiento a la unidad de Microtráfico, lo que devino en la detención de los sospechosos.
Fuego contra un detenido
En una causa similar, que aborda un allanamiento ilegal de otros agentes de la PAT que ya están condenados, hubo celulares secuestrados donde aparecieron indicios de más delitos. Entre ellos aquel episodio ocurrido en Larrechea al 1900 en mayo de 2024, al que hicieron referencia los agentes en un grupo de WhatsApp. "Se la re mandaron. Quemadura de 2º grado. Está en estado crítico el kako", comentó uno de los policías involucrados el mismo día del hecho. "¿Fue Z el que lo prendió fuego?", preguntó una de las dos agentes mujeres involucradas y el otro le confirmó. Hacían referencia a David Zeballos.
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Días después, el 3 de junio de 2024, la misma agente actualizó la información. "Está re en estado crítico. Si se muere bueno, se murió, pero no me hago cargo", dijo y después agregó: "Están hasta las manos. El kako se está recuperando y está despierto pero sedado". Siguió con mensajes más oscuros: "Estamos hasta las manos. Está re lúcido. Acá tendrían que estar los del procedimiento para que los reconozca más fácil o para que lo terminen de matar". A la noche del mismo día compartieron un pronóstico que los complicaba: "Está lúcido el kako. Dice que no se quemó él. Yo ya estoy sufriendo acá, me subió la presión".
Al avanzar la investigación con los policías como sospechosos, la víctima declaró por escrito ya estando imputado y detenido. Contó que salía de la casa de su hermano cuando una camioneta policial se le puso a la par, unos agentes lo subieron por la fuerza y lo llevaron a una casa. "Cuando me meten me tiran al suelo y me empiezan a pegar, querían que me haga cargo de una mochila. Un policía que estaba ahí agarro una botella de alcohol, la abrió y me empezó a tirar en la cabeza y en la cara. Sacó un encendedor del bolsillo y empezó a hacer chispas cerca de mí hasta que me prendió fuego la cara", aseguró el hombre, hoy de 44 años.
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En esa casa, mientras tanto, había otros tres detenidos. Allí los policías los amenazaron: "Fíjense lo que dicen de nosotros. Yo soy re sicario, yo robo, los mato a ustedes, soy más sicario que cualquiera de acá, saben por qué, porque yo soy policía y hago lo que quiero". Pero en marzo de este año uno de ellos declaró y afirmó lo mismo que la víctima: "Vi cómo lo prendieron fuego, eso no se me saca de mi cabeza nunca más". "Nunca en mi vida vi tal acto de cobardía", aseguró.
Diez policías presos
Este martes el fiscal Socca imputó a los policías involucrados distintos delitos relacionados al mismo operativo. A David Zeballos le atribuyó la tentativa de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y abuso de funciones en carácter de autor. Mientras que a Omar Cabral, Juan José González, Maximiliano Ortiz, Jesús Balais y Maximiliano Cuevas les imputó el mismo delito pero como partícipes primarios. A su vez a Zeballos y Cabral les imputó amenazas coactivas y a los agentes Estela Berón, Isaías Basualdo y Germán Narvaja los acusó por encubrimiento agravado, omisión de persecución penal e incumplimiento de deberes.
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Por las presuntas irregularidades relacionadas a la confección del acta de procedimiento, los imputados fueron Zeballos, Cabral y González. El fiscal les atribuyó el delito de falsedad ideológica de instrumento público por "insertar afirmaciones falsas sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del suceso ocurrido". A los mismos tres agentes les imputó también falso testimonio por haber sostenido esas falsedades en distintas declaraciones ante fiscales. Mientras que a María Eugenia Núñez la acusó por omisión de persecución penal, al considerar que estaba al tanto de lo ocurrido y no lo denunció.
Al final de la audiencia, Socca se refirió a las consecuencias colaterales de un procedimiento repleto de irregularidades: "Al acreditar la falsedad de las circunstancias en relación al tiempo, al modo y el lugar de lo ocurrido, uno no puede saber si efectivamente la droga la tenían estas personas o si la plantaron los policías. Obviamente ahora uno duda de todo el relato oficial de los policías". Respecto de las medidas cautelares, el juez Rafael Coria confirmó la prisión preventiva efectiva por un año para nueve de los imputados y domiciliaria para la agente Núñez por estar a cargo de una hija menor.
