Hacia una política energética integral

La crisis internacional que atraviesa la principal región petrolera del mundo volvió a ponernos frente a un espejo incómodo pero revelador: Argentina no tiene una estrategia energética de largo plazo y continúa reaccionando ante los acontecimientos en lugar de anticiparse a ellos.

Un ejemplo reciente fue la decisión de elevar al 15% el corte de naftas con bioetanol, una medida largamente reclamada por el sector que recién se adoptó luego de la escalada del precio internacional del petróleo provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Más allá de esta situación coyuntural, la pregunta de fondo es: ¿por qué debemos sufrir las consecuencias de un conflicto en Medio Oriente cuando vivimos en un país que produce petróleo, gas, biodiésel y bioetanol? La respuesta es tan simple como desafiante: Argentina necesita una política energética integral que articule toda la cadena de combustibles, incorporando de manera inteligente tanto los recursos fósiles como los biocombustibles derivados de materia orgánica de origen vegetal y animal.

Los biocombustibles no son solo una alternativa ambientalmente sostenible. Son también una herramienta económica y estratégica para reducir costos de abastecimiento, diversificar la matriz energética incorporando fuentes renovables, agregar valor a la producción nacional y amortiguar el impacto que las crisis internacionales tienen sobre los precios que pagan los argentinos.

Una ventaja competitiva única

Argentina cuenta con dos activos estratégicos que pocos países poseen de manera simultánea. Por un lado, Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencionales del mundo, cuyo desarrollo permitió que el país se posicionara dentro del selecto grupo de exportadora de energía.

Por otro, una de las plataformas agroindustriales más importantes del planeta. Solo la región núcleo, integrada por Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, produjo en la última campaña más de 51 millones de toneladas de soja y cerca de 15 millones de toneladas de maíz, dos de los principales insumos para la elaboración de biocombustibles. Es decir que tenemos una ventaja que muy pocas naciones tienen: la posibilidad de producir combustibles fósiles y biocombustibles.

Sin embargo, durante décadas se impuso una mirada fragmentada del sector que impidió potenciar la posición única en la que se encuentra nuestro país. Se trata de una discusión mezquina que beneficia a quienes quieren conservar posiciones de poder dentro de una matriz energética diseñada para pocos. La verdadera discusión no debe ser petróleo versus biocombustibles, sino cómo construir una política energética inteligente que aproveche todo el potencial que ya tenemos.

Las principales economías y socios estratégicos de la región avanzan en la misma dirección. Brasil elevó en 2025 sus mezclas obligatorias de bioetanol en naftas (E30) y de biodiésel en gasoil (B15). Estados Unidos continúa ampliando la incorporación de biocombustibles con incentivos a la innovación tecnológica y Europa impulsa el uso de biocombustibles para descarbonizar el transporte y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Lejos de considerar a los biocombustibles un complemento marginal, las principales economías los integran como una pieza central de su estrategia energética y productiva.

Todos los actores sentados a la mesa

Para que esta visión integral de la política energética se convierta en una realidad, es necesario que todos los sectores que forman parte de la cadena de valor energética tengan representación allí donde se toman las decisiones estratégicas. Por eso cobra cada vez más fuerza la propuesta de incorporar al sector bioenergético al directorio de YPF.

Estamos convencidos de que esta empresa petrolera con participación estatal mayoritaria debe transformarse en la guía y el motor de la integración de ambas cadenas de combustibles. El proyecto Santa Fe Bio, que busca convertir a la Refinería San Lorenzo en un complejo industrial orientado a la producción de biocombustibles, es una evidencia del interés de YPF en este sector.

Santa Fe tiene mucho para aportar en esta discusión. Nuestra provincia concentra cerca del 80% de la capacidad instalada de producción de biodiésel del país. Aquí hay plantas, tecnología, conocimiento, inversión, trabajo y una cadena productiva con potencial para seguir creciendo. Es una provincia que tiene la autoridad y la responsabilidad de liderar esta discusión a nivel nacional. Es también un actor fundamental de la Liga Bioenergética de las Provincias y uno de los principales impulsores de una nueva ley de biocombustibles.

Hace unos días, durante el tratamiento del último proyecto de ley en el Senado nacional, la provincia reclamó modificaciones clave para potenciar la industria y atraer inversiones. En particular, pidió incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) proyectos vinculados con Diésel Renovable (HVO), Combustible Sustentable para Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V).

El desafío que tenemos por delante es mucho más grande que la letra de una ley. Estamos definiendo qué tipo de país queremos ser. Un país que extrae recursos y exporta materias primas o uno que transforma sus recursos en desarrollo, genera valor agregado, fortalece sus regiones y construye soberanía. Integrar el sector bio al directorio de YPF es también una señal política de apostar por una estrategia energética federal que aproveche todo el potencial de la Argentina.

La verdadera riqueza de nuestro país no está en elegir entre sus recursos, sino en la capacidad de integrarlos para decidir con mayor autonomía su propio destino.