Lo adelantó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario dijo que no llegaron a acuerdos con los bloques aliados. No descartan hacerlas en febrero
Foto: Archivo / La Capital.
El gobierno, frente a su debilidad legislativa, necesitaba de los bloques aliados para acordar el temario para convocar a extraordinarias.
El gobierno nacional descartó este miércoles la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre por la falta de acuerdos con la oposición para tratar y aprobar los temas que le interesan al Poder Ejecutivo, y evalúa posponer el llamado para febrero próximo.
“Hasta hoy, no están los acuerdos que nos indiquen un temario para tratar en sesiones extraordinarias”, confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una rueda de prensa en la Casa Rosada.
En esa línea, amplió: “Todos conocen cuál es nuestra situación parlamentaria, estamos en minoría, y saben que dependemos de preestablecer acuerdos para tratarlos en el Congreso”.
Pese al anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales el miércoles pasado, que detallaba que la convocatoria se llevaría a cabo “entre el 5 y el 27 de diciembre”, en Balcarce 50 casi dan por extinta la posibilidad de que el Congreso sesiones en lo que queda del mes. Aunque no descartan hacerlo en febrero.
“Hoy no los tenemos (los acuerdos). Por eso, en diciembre no convocaríamos”, insistió Francos.
Asimismo, un importante funcionario detalló que la reforma electoral, que incluye la eliminación de las primarias (Paso), modificaciones en la publicidad estatal y el financiamiento a los partidos, es de los puntos que más traba las negociaciones con la oposición.
“No hay certezas. La mitad del PRO quiere, la otra no. Innovación Federal y el radicalismo, ni”, describió una fuente legislativa. Y agregó: “Al momento, hay un 80 por ciento de que no convoquemos y un 20% de que sí”.
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Lo cierto es que el oficialismo tampoco tiene la garantía de que el PRO respaldará la ley antimafias y el proyecto de reiterancia, que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dos cambios clave en la “nueva doctrina de seguridad” anunciada por el presidente Javier Milei.
Llama la atención el adelanto en X del portavoz presidencial sobre la convocatoria, pero en los pasillos de Casa Rosada lo atribuyen a un mensaje direccionado a la oposición. “La idea era sacudir el árbol y demostrar que el Ejecutivo estaba para sesionar”, sintetizaron.
Si los interlocutores violetas logran aceitar el vínculo con sus aliados legislativos al calor del verano, habrá llamado para febrero.
En otra de las oficinas de Balcarce 50 se mostraron más cautos y, pese a que se inclinaron por descartar el llamado, aseguraron que esta tarde habrá definiciones. “Hay una remota posibilidad de convocar en diciembre, que es del 10 por ciento”, admitieron.
La reciente detención del senador nacional Edgardo Kueider en Paraguay, con 200 mil dólares sin declarar, enturbió el esquema de acuerdos de La Libertad Avanza (LLA) que había encontrado en Unión por la Patria (UP), un aliado para la eliminación de las Paso.
Frente a la estocada contra el “nuevo” oficialista, y a sabiendas de que su potencial sucesora, Stefanía Cora, es dirigente de La Cámpora, la mesa chica libertaria anuncia que responderá a la sesión para tratar su remoción con un proyecto para echar a todos los legisladores con causas judiciales abiertas.
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Con el presupuesto 2025 descartado por falta de acuerdos con los gobernadores, ficha limpia se convirtió en la prenda de cambio con el PRO. La promesa de su reescritura no parece bastarle al bloque que lidera Cristian Ritondo y que tendría a varios legisladores en contra de las reformas electorales diseñadas por los equipos libertarios.
Por otro lado, la ausencia de los votos necesarios para aprobar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema operativizó su exclusión del temario, mientras el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, hábil negociador con la oposición, intenta sumar adhesiones.
Con un listado que siembra más dudas que certezas, la administración libertaria se inclina por dejar pasar las fiestas de fin de año para volver a la carga en la búsqueda de consensos que permita convertir en leyes los deseos del Ejecutivo.
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