Las acciones fueron desarrolladas en un trabajo conjunto entre el gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación
Este miércoles se desarrolló el derribo de dos búnkeres en zona sudoeste.
El derribo de dos búnkeres de drogas en la zona sudoeste de Rosario este miércoles por parte del gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) elevó a 108 la cantidad de construcciones de este tipo dadas de baja desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico en la provincia.
La intervención se realizó en Cisnero al 6400, en un operativo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y el MPA. Las dos construcciones derribadas este miércoles se utilizaban para la venta de estupefacientes.
Durante la supervisión del procedimiento, el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, explicó que el operativo fue sobre dos búnkeres ubicados a escasos metros entre sí y que se trata de una zona “particularmente activa” en términos de violencia vinculada al narcomenudeo.
“El barrio La Lagunita registró hace unos meses una serie de homicidios, tiroteos y balaceras. Es uno de los sectores de la ciudad con mayor actividad en investigaciones relacionadas con venta de drogas y donde más intervenciones de este tipo hemos tenido desde que comenzó a aplicarse la ley”, sostuvo.
Consultado sobre posibles detenciones, Pereira indicó que al momento del allanamiento el lugar estaba deshabitado. No obstante, precisó que en procedimientos anteriores realizados en el mismo punto se secuestraron estupefacientes y se constató su funcionamiento como puesto de venta.
“El espíritu de la Ley de Microtráfico apunta directamente a reducir la violencia que generan estos lugares. Cuando hablamos de búnkeres hablamos también de homicidios, balaceras y de situaciones que deterioran la vida cotidiana de los vecinos. Por eso es clave desactivar estos espacios”, agregó.
Por su parte, el fiscal del MPA, Diego Giro, brindó detalles de la investigación judicial que permitió avanzar con el procedimiento. Según explicó, los inmuebles forman parte de una causa que se viene desarrollando desde el año pasado en esa zona de la ciudad: “Se trata de una investigación que lleva bastante tiempo. Ya se realizaron varios allanamientos en el sector porque es un lugar muy complejo en cuanto a la comercialización de estupefacientes y los delitos vinculados a esa actividad”.
El fiscal indicó que en la última etapa de la investigación se trabajó con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y que, a partir de las tareas de inteligencia, se confirmó que las construcciones seguían siendo utilizadas para la venta de drogas. “En el último allanamiento pudimos verificar que continuaban activos. Además, en diciembre del año pasado, a pocos metros del lugar se produjo un doble homicidio que, según lo que surge de la investigación, estaría vinculado con las mismas personas que regenteaban este búnker”, detalló.
Por Florencia O’Keeffe