Serán tres días, el primero de ellos este viernes. Reclaman seis meses de deuda y la implementación de la ley de emergencia en discapacidad. Advierten que si no cobran, cierran
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
El sector de DIscapacidad sigue luchando para sostener las prestaciones
Instituciones dedicadas a pacientes con discapacidad, profesionales y todo trabajador en torno al sector llevarán a cabo un paro el próximo viernes en Rosario y todo el país para exigir el pleno funcionamiento de la ley de emergencia en discapacidad y la deuda por las prestaciones ofrecidas. La medida de fuerza se completa la próxima semana con otro corte de actividades por 48 horas.
Ningún empresario o trabajador sabe qué hacer en el sector de Discapacidad. La situación que atraviesan es más que crítica. Las instituciones están cerrando sus puertas y los profesionales están buscando otras alternativas para subsistir mientras exigen el cumplimiento de la ley en emergencia en discapacidad y la ley 24.901. Es que además de tener aranceles atrasados a diciembre de 2023 en un 40%, todo el sector sufre el corte de la cadena de pagos de Pami, del programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación y obras sociales nacionales privadas, que en algunos casos llega hasta octubre de 2025.
El Foro Permanente de Discapacidad presentó la medida y advirtió: “La falta de pagos en tiempo y forma impide el normal funcionamiento de los servicios, ya que muchas instituciones no pueden afrontar obligaciones básicas como el pago de sueldos, servicios, alimentación, transporte y otros costos indispensables para sostener las prestaciones”.
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De no resolverse, “numerosas instituciones se verán empujadas a la quiebra y al consecuente cierre de servicios" lo que constituirá, sucriben, a “un nuevo ataque a derechos esenciales de las personas con discapacidad”.
La medida es inédita. Nunca los profesionales e instituciones realizaron un “cese de actividades involuntario”, como lo definió ante La Capital Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) de Rosario. Sólo en la ciudad, hay 5 mil profesionales y decenas de instituciones que, en algunos casos, atienden a unos 150 pacientes.
Para contextualizar, los pacientes no recibirán atención en los centros de día o espacios terapéuticos, se suspenderán todas la agendas y los profesionales no atenderán en sus consultorios o a domicilio. Sólo se mantendrán las actividades esenciales para la salud de las personas con discapacidad.
La iniciativa fue planteada en la última reunión de asociaciones a nivel nacional por “los que cerraron, los que están por cerrar y los que luchan por mantenerse”, aseguró Chapero sobre una medida que pone a las instituciones del sector entre la espada y la pared.
“Si cierro no tengo para pagar indemnizaciones, si sigo no tengo para pagar salarios”. Esta encerrona se repite en cada encuentro del Foro Permanente de Discapacidad, que integra Apridis con instituciones de todo el país. En el último encuentro una institución avisó que en abril cierra y otra de Rosario expuso que no sabe cómo hará para abonar los salarios del próximo mes. “El paro es para mostrar que es inminente el cierre de todos los sectores en discapacidad”, manifestó Chapero.
La presidenta de Apridis remarcó que los aranceles están atrasados y que se necesita un 40% de actualización para lograr alcanzar el poder adquisitivo a diciembre de 2023. El último aumento para instituciones y prestadores fue del 5,78% en febrero, “pero no lo podemos cobrar porque nos deben desde octubre”, confió un empresario del sector a La Capital.
Sumado a que la Secretaría de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, abona menos de la mitad del arancel sugerido por los colegios de profesionales. A modo de ejemplo, el Colegio de Psicólogos de Rosario estipula un arancel mínimo de 36 mil pesos por consulta y el Estado paga menos de 18 mil pesos. A principios de marzo, se dio la continuidad a los Talleres Protegidos de Producción (TPP) del Ministerio de Capital Humano pagándole a sus trabajadores 28 mil pesos por mes para quienes cumplen 4 horas por día durante cinco días a la semana.
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Como si el atraso en el pago no fuera poco, Pami, Incluir Salud y distintas obras sociales nacionales cortaron la cadena de pagos poniendo en jaque al sistema que no puede mantenerse solo con el pago de las prepagas. “El representante del gobierno, Alejandro Vílches, nos pide paciencia pero ya no le podemos creer y es fácil plantear eso cuando no tenés que pagar sueldos o comer con esa plata”, remarcó Chapero y reconoció el incremento de rispideces entre profesionales y sus jefes.
Chapero recordó que en el gobierno de Mauricio Macri la deuda llegó a 9 meses, “pero eran otros tiempos y había aranceles más reales”. En la actualidad, “las instituciones están adeudadas con privados para abonar salarios”.
El próximo viernes las instituciones nucleadas en Apridis entregarán en Pami I de Rosario un escrito pidiendo la actualización de aranceles y el cumplimiento de las leyes nacionales.
En septiembre pasado, el Senado nacional dejó firme la ley emergencia en discapacidad, que había sido aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei. La norma establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
A principios de febrero, tras meses de demora y bajo la presión de una orden judicial, el gobierno reglamentó la ley de emergencia nacional en discapacidad. En paralelo, designó a tres funcionarios en el área, entre ellos a Alejandro Alberto Vilches, exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), como titular de la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad.
La ley de emergencia en discapacidad pasó por varios estadios antes de ser promulgada. Primero fue debatida en el Congreso de la Nación y las dos Cámaras lo aprobaron, pero Javier Milei la anuló mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El cuerpo legislativo tomó nota y puso en discusión ese veto, el cual rechazaron para dejar vigente la norma. Así, mediante el Decreto 681/25, el presidente promulgó. Sin embargo, dejó en suspenso su aplicación.
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El atraso en su implementación profundiza más la crisis en el sector que ve cómo se van cayendo prestaciones. "Estamos reclamando la inconstitucionalidad del decreto 681 por la vía judicial, porque el gobierno considera que es el Congreso el que debe establecer la resignación de las partidas presupuestarias, pero esto es una potestad que tiene el jefe de Gabinete", planteó Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atraes).
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Por Florencia O’Keeffe