La Policía de Santa Fe adopta una herramienta que ya había sido evaluada por distintos gobiernos en la última década.
Foto: Gobierno de Santa Fe.
El gobierno de Santa Fe entregó las primeras 28 pistolas Taser el miércoles 10 de septiembre de 2025 en la capital provincial.
Hace tiempo que la provincia de Santa Fe debate sobre las pistolas Taser, pero debieron pasar años para que se hiciera efectiva su incorporación como herramienta para las fuerzas de seguridad. Tras un nuevo cambio de signo político en la Casa Gris, la ciudad Santa Fe recibió este miércoles la primera tanda de este tipo de pistolas y Rosario finalmente tendrá su prueba piloto esta misma semana.
El proceso de implementación de las armas de baja letalidad comenzó con una licitación lanzada en marzo pasado. Además de los 100 dispositivos de descarga eléctrica, el Estado compró otras tantas lanzadoras Byrna, aparatos para disparar proyectiles con sustancias irritantes.
El gobernador Maximiliano Pullaro decidió habilitar el ensayo mediante una inversión de 1.900 millones de pesos. En 2019, cuando era ministro de Seguridad provincial, Pullaro ya había mostrado interés en las Taser por una resolución nacional que reglamentaba su uso. Aunque aquella reacción suscitó críticas que se repitieron recientemente por parte de organismos defensores de los derechos humanos, finalmente pasó el tiempo y se puso en marcha el plan para que la policía cuente con una "opción intermedia" a la hora de resolver un conflicto por la fuerza, según argumentaron fuentes oficiales.
La iniciativa de fines de la década anterior se mantuvo dentro de la carpeta de gestión del Poder Ejecutivo provincial a pesar del cambio de signo político. En el inicio de la administración peronista, Marcelo Sain comenzó evaluar la compra de armas eléctricas. Frente a la emergencia sanitaria por Covid-19, el funcionario decidió postergar el proyecto porque la cuarentena hacía imposible una capacitación adecuada.
A partir de la renuncia del exministro de Seguridad en un marco de violencia creciente en Rosario y la crisis política, las Taser desaparecieron del radar local durante algunos años. Mientras tanto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires las adoptó en julio de 2023 y la iniciativa incluso tuvo cierto eco electoral. En ese momento, la actual presidenta de Aguas Santafesinas SA (Assa), Renata Ghilotti, y el concejal del PRO, Carlos Cardozo, propusieron la creación de una fuerza especial con este equipamiento para "terminar con la mafia de los trapitos" en la ciudad.
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A fines del año pasado, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, confirmó un nuevo plan para tener una alternativa entre las armas de fuego y la contención física. Después de la compra de los dispositivos y el proceso de formación del personal, la seccional Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se pronunció en contra de la prueba piloto porque considera que este tipo de dispositivos es "un instrumento de tortura debido al gran dolor que provoca, afectando el derecho a la vida, la integridad física, y en algunos casos, llegando a producir la muerte”.
El funcionario santafesino sigue convencido sobre la convenciencia del proyecto y esta semana entregó las primeras 28 pistolas en la ciudad capital. Durante el acto, aseveró que el Estado también está cuidando a cada uno de los ciudadanos con esta medida. "La tarea policial a veces puede terminar en un daño físico, pero también en un daño jurídico por ejercer la fuerza, con una imputación penal o una demanda", explicó. Así anunció que las Taser son "otro paso más hasta llegar al uso de la fuerza letal como último recurso”.
La implementación de las armas eléctricas en Rosario se programó a partir de esta semana. El primer paso previo fue un curso con profesionales especializados. Después llegó el turno de 15 capacitadores de la policía santafesina para la formación de los agentes que usarán estos aparatos a nivel local y en otros puntos de la provincia. Cada uno de ellos es un instructor de tiro con años de experiencia.
El entrenamiento se realiza bajo un protocolo de seguridad con una línea segura. De un lado se ubican los observadores y el personal que recibirá la descarga. En el otro sector de la zona de práctica, marcada con tatamis, el operador acciona el dispositivo.
El impacto de las Taser dura cinco segundos. La persona que los recibe cuenta con un asistente para evitar caídas. Después se retiran los dardos para realizar peritajes y el participante cuenta con unos diez minutos de acompañamiento para garantizar que no sufra problemas de salud. La descarga de 400 voltios tiene una baja intensidad de corriente que no provoca lesiones graves. No obstante, Amnistía Internacional registró al menos 70 muertes entre 2001 y 2016 en Estados Unidos. El organismo advirtió en su informe que sólo deben emplearse como "sustituto de armas letales y únicamente por personal capacitado”.
Los dardos pueden dispararse a una distancia máxima de 7,6 metros desde el objetivo, aunque lo ideal es hacerlo entre 3 y 5 metros. Para controlar su uso, el gobierno santafesino adquirió 200 cámaras corporales. Cada aparato se coloca en el pecho de los agentes y permite registrar en video la acción del portador desde distintos ángulos para evaluar si incurrió en algún abuso. "Así se puede proteger al efectivo de una falsa denuncia por la mala utilización del arma”, indicó el subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, Armando Faraoni.
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