En asamblea, Atilra resolvió solicitar la quiebra. La cooperativa SanCor adeuda salarios, aguinaldo y acumula pasivos laborales por más de $14.000 millones
Los trabajadores de SanCor decidieron dar un paso drástico y pedir la quiebra de la empresa.
La histórica cooperativa SanCor enfrenta una de sus horas más críticas. Tras años de intentos frustrados de reestructuración y en medio de un proceso concursal sin avances, los trabajadores decidieron dar un paso drástico: pedir la quiebra de la empresa.
La resolución fue votada por unanimidad en una asamblea extraordinaria de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), el gremio que nuclea a los empleados lácteos y será formalizada en el juzgado de Rafaela, donde se tramita el concurso preventivo
El planteo no implica un cierre inmediato, sino la figura de quiebra con continuidad de la explotación, que busca preservar los establecimientos fabriles y los puestos de trabajo, mientras se exploran alternativas de gestión o el ingreso de inversores.
En el comunicado, los trabajadores remarcaron que SanCor adeuda sueldos desde abril, el aguinaldo del primer semestre y aportes sociales. Señalaron que “estos incumplimientos reiterados, permanentes y generalizados posteriores a la apertura del concurso fueron informados mes a mes tanto a la sindicatura como al juez del concurso”.
De acuerdo al gremio, solo en los últimos cinco meses el pasivo laboral ya supera los $14.000 millones. Además, recordaron que la empresa reconoce 1.860 créditos laborales preconcursales por unos $69.000 millones. “La concursada no respondió ninguna de las más de 2.500 intimaciones de pago cursadas por los trabajadores”, remarcaron desde Atilra.
Para la organización, el escenario actual refleja de manera evidente la “impotencia patrimonial, la insolvencia generalizada y la cesación de pagos” de SanCor.
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El deterioro de la actividad se refleja en números: SanCor procesa apenas 50.000 litros diarios de leche, un volumen marginal frente a la capacidad histórica de sus usinas. En un año perdió 500 puestos de trabajo, quedando con unos 850 empleados tras retiros voluntarios, jubilaciones y despidos.
El 90% de las plantas industriales permanecen inactivas. La excepción es la planta de Devoto, en Córdoba, que logró una reactivación parcial a partir de un contrato de producción a fasón (término utilizado en el ámbito industrial en el cual el dueño del producto delega la fabricación a un tercero que es quien lo realiza) con Elcor, dueña de la marca Tonadita. El acuerdo, limitado y de carácter técnico, permite elaborar mantecas y cremas con insumos aportados por la otra firma, pero no alcanza para revertir la crisis estructural.
Con problemas de abastecimiento de materia prima, caída de ventas en el mercado interno y la pérdida de presencia en góndolas, la cooperativa atraviesa un desgaste operativo, financiero y organizacional que la empuja a un callejón sin salida.
El concurso de acreedores, abierto a comienzos de año, tampoco aportó soluciones. Concluida la verificación de créditos, se abrió el período de impugnaciones y observaciones, pero SanCor aún no presentó un plan de reestructuración ni convocó a negociar a los principales actores del proceso.
Desde Atilra apuntaron que “el incumplimiento permanente y generalizado de abonar las obligaciones esenciales de carácter alimentario y cobertura de salud de sus empleados y sus grupos familiares” deja en claro que la empresa no puede sostenerse. Por eso, solicitaron a las autoridades sindicales que activen la búsqueda de “soluciones e inversores que posibiliten la continuidad con mantenimiento de los establecimientos fabriles y de los puestos de trabajo”.
En paralelo, abogados de acreedores cuestionaron la falta de transparencia y de conducción de la cooperativa. Incluso señalaron que hay causas penales abiertas por la retención indebida de aportes previsionales y sindicales. “Si SanCor entra en quiebra, ni trabajadores ni productores van a cobrar un peso. Solo lo harán el Estado y algunos acreedores privilegiados”, advirtió uno de los representantes.
Fundada en 1938, SanCor fue durante décadas la mayor láctea del país, con fuerte presencia en exportaciones y marcas emblemáticas en góndolas. En los últimos años, quedó reducida a su mínima expresión, sin capacidad de inversión, con conflictos gremiales permanentes y un modelo cooperativo que ya no logra atraer capital externo.
A esta compleja situación se suma un problema que arrastra desde hace más de una década: un millonario pago que el gobierno venezolano nunca realizó por la compra de leche en polvo.
“Venezuela le quedó debiendo a SanCor a hoy USD18 millones y con ningún gobierno se logró cancelar”, aseguran fuentes de la empresa.
Hubo intentos de rescate con capitales nacionales y extranjeros, desde Adecoagro y Fonterra hasta un fideicomiso apoyado por el gobierno en 2021, pero todos fracasaron por falta de consenso, dudas sobre el pasivo real y resistencias internas.
Hoy, la decisión de los trabajadores de pedir la quiebra marca un punto de inflexión. El futuro de SanCor dependerá de lo que resuelva la Justicia y de la posibilidad de encontrar inversores que apuesten a sostener la producción. De lo contrario, la cooperativa que alguna vez fue un símbolo del sector lácteo argentino, corre el riesgo de desaparecer definitivamente.
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