Cuando aún la Justicia no tiene determinada la mecánica sobre la muerte del asaltante Diego Hernán Villarruel, quien la tarde del jueves se enfrentó a tiros con el policía Nicolás Osvaldo Porfiri tras robarle la mochila en la que llevaba una abultada suma de dinero, el jefe de la Unidad Regional II de la fuerza, director Adrián Forni, anunció que el numerario de la comisaría 25ª de Villa Gobernador Gálvez será condecorado con la medalla al valor por haber “actuado en legítima defensa” y “cumplir con varios preceptos de un profesional”, una decisión que parece al menos polémica aunque el accionar del agente tuvo el aval del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y cuenta con el apoyo de un importante número de vecinos que se manifestaron en las redes sociales y se muestran hartos de la falta de seguridad.
De acuerdo a la ley que rige el comportamiento policial, los uniformados pueden portar y usar su arma reglamentaria aún cuando no estén prestando servicios. Además, están obligados a dar la voz de alto y pueden actuar cuando son testigos o parte de un hecho delictivo en flagrancia. Eso fue lo que pasó la tarde del jueves en avenida Arijón al 1400 con un resultado fatal: la muerte de un ladrón.
Sin embargo, en ese mismo momento por el lugar transitaban autos, motos, bicicletas, peatones y muchos comerciantes abrían sus negocios para iniciar sus labores vespertinas. ¿Qué hubiese pasado si una de las más de diez balas disparadas terminaba con la vida de uno de esos inocentes?¿De qué valor y valores estaríamos hablando?¿Cuál sería la opinión de la gente en las redes sociales?
Destacar el accionar de Porfiri y condecorarlo con una medalla al valor contiene un significado que trasciende a la fuerza policial. Los rosarinos que llenan las redes sociales con mensajes como “está bien lo que hizo”, “un ladrón menos” o “éste no roba más” podrían haber estado en la escena y ser alcanzados por un proyectil que les quitara la vida. Pero también son ciudadanos que leen, con esta decisión, que matar en legítima defensa puede considerarse un derecho ante una ciudad que carece total y literalmente de la presencia de una policía preventiva y que las calles, a cualquier hora, son tierra de nadie donde hay más balas que dinero.
Bajo esa lectura, que no es nueva, en marzo de 2014 un grupo de jóvenes linchó públicamente a David Moreira por robar una cartera. De ese grupo de justicieros, tres fueron imputados y uno de ellos fue condenado en 2019 en un juicio abreviado bajo la figura de homicidio en agresión a tres años de prisión en suspenso y el cumplimento de reglas de conducta. Otros dos esperan el juicio en el cual la acusación pidió para ellos seis años de cárcel.
En esa misma línea, la semana pasada este diario publicó una nota bajo el título “Vecinos que apresan a ladrones, una delgada línea entre justicia y delito”, en la cual se resaltaba la saga de detenciones a manos de personas que, a la espera de la tardía llegada policial, descargan toda su furia con golpes, patadas y palazos contra ladrones sorprendidos in fraganti. Sin embargo no suele haber imputados por esos hechos. Y quizás muchos piensen que haya que darles una medalla por el “valor ciudadano”.
Poner el valor seguridad por sobre el valor vida es lo que se cuestiona. Nada puede estar por sobre la vida de los individuos. Nadie tiene derecho a matar. Pero para eso es necesario vivir en una sociedad donde se respeten los derechos y las demandas de todos y cada uno. Eso lo debe garantizar cada poder del Estado. En este caso puntual haciendo de Rosario una ciudad más segura. Y en nada colabora condecorar “el valor” de un policía que mató a un ladrón. Eso solo habilita a que cada uno sea juez de lo que sucede y dicte per se la sentencia que considere.
