La iniciativa busca prohibir la actividad en todo el territorio santafesino y dotar al Estado de sanciones efectivas. En Rosario, el proyecto aparece como respuesta a años de controles ineficientes y sin respaldo legal suficiente.
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital
En Rosario, la escena se repite desde hace años: controles municipales, operativos puntuales y una presencia constante de cuidacoches y limpiavidrios en zonas céntricas, corredores comerciales y eventos masivos. La intervención suele terminar con una demora breve y, pocas horas después, el regreso a la calle. Ese límite operativo es uno de los motores centrales del proyecto de ley que avanza en la Legislatura provincial para prohibir la actividad en todo el territorio santafesino.
Bajo la consigna “El espacio público es de los vecinos”, la diputada provincial Ximena García impulsa una reforma integral al Código de Convivencia junto a los diputados Walter Ghione y Germán Scavuzzo, y el senador Ciro Seisas. El proyecto también cuenta con el acompañamiento de legisladores de Unidos y apunta a unificar criterios en toda la provincia, pero con una mirada puesta especialmente en los grandes centros urbanos.
“El espacio público es de todos los santafesinos y no de quienes pretenden adueñarse de la calle mediante la amenaza. No podemos seguir permitiendo que el vecino se sienta rehén en su propia ciudad”, sostuvo García, en una frase que resume una queja habitual en Rosario, donde la convivencia urbana se volvió un tema de debate permanente.
Desde el espacio legislativo reconocen que el problema no es nuevo ni exclusivo de una ciudad. Sin embargo, remarcan que en Rosario el conflicto se volvió estructural. Ordenanzas locales, controles y presencia de agentes no alcanzan cuando aparecen la reincidencia, la intimidación o la violencia.
“En Rosario pasa lo mismo: hay operativos, pero sin una ley provincial el abordaje queda incompleto”, explicó García al señalar uno de los puntos neurálgicos del proyecto. La falta de un “paraguas legal” provincial impide que la Policía y la Justicia intervengan de manera sostenida y con sanciones que desincentiven la práctica.
El texto fue elaborado en articulación con el Gobierno provincial y toma como referencia experiencias previas, como el modelo aplicado en la ciudad de Santa Fe bajo la gestión del intendente Juan Pablo Poletti. La diferencia, destacan, es que ahora se busca una norma homogénea que también cubra a Rosario.
Uno de los argumentos centrales del proyecto apunta a terminar con la llamada “doble imposición”: pagar el estacionamiento medido y, al mismo tiempo, un aporte informal exigido por cuidacoches. En Rosario, donde el sistema de estacionamiento regulado convive con estas prácticas, la situación genera un fuerte malestar entre automovilistas y comerciantes.
Para los autores de la iniciativa, esa dinámica transforma una supuesta ayuda voluntaria en un esquema de presión que vulnera el uso igualitario del espacio público. “Donde el Estado no ejerce autoridad, alguien más toma el control”, advirtió Seisas, en alusión a las estructuras que delimitan cuadras y amedrentan a vecinos, una descripción que remite a situaciones denunciadas reiteradamente en distintos barrios rosarinos.
El proyecto incorpora tres artículos clave al Código de Convivencia y establece un régimen de sanciones escalonado, siempre que la conducta no configure delito penal.
En una primera instancia, quienes realicen cuidados de vehículos o limpieza de vidrios sin autorización podrán recibir entre 2 y 10 días de tareas comunitarias. En caso de reincidencia, la Justicia estará habilitada a dictar arrestos contravencionales de entre 10 y 20 días, una herramienta de la que hoy carecen los municipios.
Si el pedido de dinero se realiza bajo intimidación, violencia o en zonas de estacionamiento medido —una situación frecuente en áreas céntricas de Rosario— las penas se duplicarán. El proyecto también alcanza a clubes, productoras o instituciones que toleren estas prácticas durante eventos masivos, con multas de hasta 300 JUS y clausuras temporarias.
Un capítulo específico apunta a la organización de la actividad. Si dos o más personas coordinan tareas de cuidacoches o limpiavidrios, se prevén arrestos accesorios que se cuadruplicarán para quienes actúen como cabecillas, una figura pensada para desarticular esquemas organizados que operan en la vía pública.
Lejos de plantear una respuesta exclusivamente punitiva, el proyecto incorpora un Programa Provincial de Abordaje Integral, de adhesión voluntaria, destinado a personas que realizan estas actividades por situaciones de extrema vulnerabilidad.
El programa prevé capacitación en oficios, intermediación laboral con empresas privadas y organismos públicos, y un abordaje específico en salud mental y consumos problemáticos. También se crea un registro y se establecen incentivos para el sector privado que incorpore a quienes decidan abandonar la calle.
“Esta ley combina la firmeza necesaria para recuperar el orden con las herramientas para que quien quiera trabajar de verdad tenga una oportunidad formal”, afirmó García.
La cúpula de los gremios que agrupan a los maestros públicos tildaron la propuesta de "insuficiente" al afirmar que "no se recupera la perdida salarial acumulada de un 33% desde diciembre de 2023". Sin embargo, las bases decidirán la respuesta en una votación provincial.
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