Argumentaron que los navíos “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”
El Ejército de Estados Unidos anunció que llevó a cabo ataques contra tres embarcaciones acusadas de traficar drogas en aguas latinoamericanas, que dejaron 11 muertos, en uno de los días más letales de la campaña del gobierno de Donald Trump contra presuntos traficantes.
“A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, dice la comunicación.
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La inteligencia confirmó que las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”.
“Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda (también) en el Pacífico Oriental y tres en la tercera en el Caribe”, precisó, para añadir: “Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.
Desde el 2 de septiembre pasado, el Ejército estadounidense llevó a cabo al menos 42 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental. Como resultado, murieron al menos 135 personas, indica un balance de CNN.
Los ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que Estados Unidos implementa en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo de incrementar la presión en torno a Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la situación como un “conflicto armado” contra cárteles del narcotráfico en América Latina y sostuvo la necesidad impulsar estas acciones para frenar el flujo de estupefacientes hacia su país.
La campaña de ataques ejecutada por el Comando Sur bajo la Operación Southern Spear generó una intensa controversia jurídica y ética a nivel internacional y dentro de los propios Estados Unidos a inicios de 2026.
Entre los detalles centrales del debate aparece un cambio de paradigma jurídico. Es que, tradicionalmente, el narcotráfico se trataba como un asunto de cumplimiento de la ley, donde la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaba embarcaciones para detener y procesar a los sospechosos. Ahora el gobierno reclasificó a los carteles y grupos traficantes como “combatientes enemigos” o “narcoterroristas”.
El Pentágono sostiene que estos ataques son legales bajo el Derecho de los Conflictos Armados (Loac) y las facultades del artículo II de la Constitución de EEUU, argumentando que se trata de medidas de “defensa propia” contra organizaciones terroristas designadas.
Entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) cuestionan la legalidad de estas acciones basándose en varios puntos: argumentan que matar a sospechosos en alta mar que no representan una amenaza inminente constituye una privación arbitraria de la vida y una violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El episodio del pasado 2 de septiembre, cuando se realizaron ataques secundarios para eliminar a sobrevivientes de un primer impacto, fue calificado por expertos y legisladores como un posible crimen de guerra.
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