Concejo Municipal: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Con el objetivo de alienar las políticas de control del espacio público entre municipio, provincia y Nación, los concejales que integran el bloque de La Libertad Avanza presentaron en el Concejo Municipal un proyecto para que Rosario cuente con un protocolo antipiquetes, similar al implementado hace dos años por el Ministerio de Seguridad nacional.

La iniciativa ingresó la semana pasada al Palacio Vasallo y lleva las firmas de los dos integrantes del bloque libertario, Samanta Arias y Lautaro Enriquez. En rigor, de trata de dos proyectos. El primero dispone un protocolo de actuación para el mantenimiento de la libre circulación cuando se producen manifestaciones en la ciudad de Rosario y establece la "tolerancia cero" a la obstrucción de la vía pública. El segundo pide a la provincia que arbitre los medios para implementar la norma en la ciudad.

La propuesta será discutida en las comisiones de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana y de Obras Públicas del Concejo Municipal. "No se trata de oponernos a las manifestaciones, lo que no puede pasar es que corten el tránsito", destacó Arias, una de las impulsoras de la iniciativa, y consideró que "es el punto de partida para una convivencia que haga que podamos vivir mejor la ciudad que queremos".

Para la concejala, "es claro que el protocolo de actuación a nivel federal ha tenido resultados contundentes, como lo explicó varias veces Patricia Bullrich, y esa lógica queremos replicarla a nivel municipal, que Rosario sea ejemplo de no solo la lucha contra el crimen organizado sino también en garantizar que el orden se aplica sin excepciones", apuntó.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto de decreto pide que el municipio establezca un protocolo de actuación para el mantenimiento de la libre circulación en la vía pública. La iniciativa considera que el impedimento de la circulación en calles, avenidas, pasajes, bicisendas o carriles del transporte público dentro del ejido urbano es una falta grave al código de convivencia y un delito tipificado en el Código Penal.

La propuesta establece que toda manifestación pública en el ejido urbano "deberá realizarse exclusivamente sobre las aceras (veredas), plazas o paseos, respetando los semáforos y sin interrumpir en ningún momento el tránsito vehicular en la calzada".

Como excepción, considera a situaciones donde la magnitud de la concurrencia hace imposible la circulación por la vereda. En esos casos, los agentes municipales podrán encauzar el desplazamiento por un carril adyacente o media calzada, garantizando siempre la circulación vehicular fluida en el resto de la arteria.

Del protocolo quedan exceptuados los eventos o manifestaciones cuyos organizadores hayan obtenido un permiso de uso del espacio público por parte del municipio.

Según el proyecto, los inspectores municipales de la Secretaría de Control y de Tránsito y la policía provincial trabajarán en conjunto cada vez que se realicen manifestaciones en la vía pública. Los agentes municipales serán los encargados de intimar a los manifestantes a subir a la vereda o liberar la traza vehicular de inmediato.

Si la indicación es desoída, se requerirá de inmediato el auxilio de la fuerza policial para proceder al despeje físico de la arteria y restablecer el orden.

La iniciativa también prohíbe la quema de neumáticos, plásticos o sustancias tóxicas en la vía pública y obliga a los uniformados a su decomiso y a la denuncia penal por daño ambiental, independientemente de la obstrucción del tránsito.

Un protocolo cuestionado

La Resolución 943/2023, más conocida como protocolo antipiquetes, se presentó el 14 de diciembre de 2023. La norma habilita a las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería o la Policía federal) a intervenir ante casos de impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales, para despejar los accesos y las vías de comunicación o de transporte.

La resolución dispone que la intervención de las fuerzas se podrá producir sin orden judicial, ya que considera que se trata de un delito flagrante, es decir, que es advertido por las autoridades mientras se comete. La norma establece que "los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos" y no podrán utilizarse armas letales.

Al mismo tiempo establece que, en la medida de lo posible, se deberá identificar a los manifestantes y los vehículos en los cuales se trasladan.

>>Leer más: La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

La resolución fue cuestionada por organismos de derechos humanos, considerando que vulnera el derecho a las libertades de expresión, de reunión o de asociación. Y, en diciembre pasado, el juez federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo al entender que el Poder Ejecutivo asumió facultades propias del Legislativo.

No obstante, tanto la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como la actual titular del área, Alejandra Monteoliva, destacaron que el fallo no está firme, ya que puede ser apelado, por lo cual el protocolo antipiquete sigue vigente.