Buenos Aires.- La Cámara de Diputados convirtió esta noche en ley el proyecto de traspaso de subterráneos y líneas de colectivos que circulan por la capital a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una pelea política entre los gobierno nacional y porteño y que derivó en la judicialización del tema.
El proyecto fue aprobado por 162 votos en general del oficialismo, aliados y el radicalismo (quienes en particular cuestionaron el traspaso de los colectivos sin subsidios), contra 54 votos negativos del macrismo, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y parte del FAP; y 18 abstenciones.
Las críticas del oficialismo contra el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, porque no quiere asumir la gestión del autotransporte y, en cambio, dedicarse a “comentar los problemas, en lugar de resolver los problemas”, como dijo Agustín Rossi, titular del bloque oficialista; mientras que macrismo acusó al gobierno nacional de haber incumplido el convenio y retirado la Policía Federal de los andenes y quitar los subsidios, ocuparon parte del debate.
Todo indica que, ahora, la definición del tema será en la órbita judicial, luego de que el jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, impulsara una acción ante la justicia después de que rechazara la transferencia, aunque el 3 de enero había aceptado la misma mediante la firma de un acta acuerdo y haber aumentado la tarifa del servicio, de lo que luego se arrepintió, tras la tragedia ferroviaria de Once, con el argumento que no estaban dadas la condiciones para el traspaso.
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, se encargó de informar el proyecto oficialista en el recinto y argumentó que la iniciativa es constitucional, al explicar que, de acuerdo al artículo 75 de la Constitución, “no se trata de una cuestión de competencias sino de devolverle a la Ciudad lo que le pertenece”.
Apuntó que, tiempo atrás, el Gobierno nacional tomó “la facultad de privatizar subtes y colectivos” y, en el proceso licitatorio, se “dio la concesión a Metrovías” y a la Ciudad se le adjudicó “la capacidad de ser el concedente, situación jurídica que el jefe de Gobierno porteño ejerció, no solo al firmar del acta, sino decretando el aumento de tarifas a 2.50” pesos, un acto que consideró “irreparable”.
El macrista Pablo Tonelli replicó, a su turno, que el proyecto del Poder Ejecutivo “es insuficiente” y “es inconstitucional”, y dijo que la propuesta “es insuficiente” además de que al proyecto le falta la firma de un convenio “para resolver toda una serie de detalles que hacen a la transferencia”, puntualizó.
Tonelli, ex procurador de la Ciudad, sumó, a la lista de pendientes, “la transferencia de recursos” para sostener el servicio, así como “prever la aprobación de la Legislatura” y “las inversiones pendientes”, prometidas por el PEN mediante decreto en 2005, que -según el macrista- “implican la suma de alrededor de mil millones de dólares”.
El radical Mario Negri ratificó, por su parte, la decisión de su partido “tratar la materia que está en discusión” según el artículo 75 de la Constitución Nacional, pero confesó que “no sería sincero si no dijera que tenemos una profunda insatisfacción por la manera en que se llega a este debate”, que estimó no resolverá el problema de fondo.
El socialista porteño Roy Cortina se manifestó en contra del proyecto, pese a que la mayoría del Frente Amplio Progresista (FAP) anunció que se abstendría en la votación, por entender que la iniciativa es “inconstitucional” y “poco seria” con “un sesgo economicista”, con apenas cuatro artículos “para transferir un servicio de transporte que usan 1,4 millones de pasajeros por día”, resaltó.
El debate volvió a dejar de relieve discrepancias en el FAP que votó dividido: el socialista Cortina, los juecistas cordobeses, el GEN y Victoria Donda lo hicieron en contra, mientras el resto de los socialistas, la Unidad Popular y Libres del Sur resolvieron abstenerse.
Por el Frente Peronista, Eduardo Amadeo consideró que el proyecto “vulnera el derecho de la gente” a contar con un transporte público de calidad; lo cual fue refutado por el kirchnerista Roberto Feletti, quien aclaró que “la demanda de movilidad crece a medida que crece el producto bruto”.
El jefe de Proyecto, Fernando “Pino” Solanas, dijo al oficialismo que “le están pasando a la Ciudad una farsa cargada de deudas” y le recordó que “los servicios públicos están para servir al público, el público los paga, no pueden seguir mantenimiento el sistema corrupto de las concesiones”.
Mientras, la macrista Laura Alonso responsabilizó a la presidenta Cristina Fernández y a la mayoría parlamentaria oficialista porque a su entender obraron para “la destrucción de la lógica del sistema de transporte del área metropolitana y profundizar la desigualdad”.
El jefe del bloque socialista, Juan Zabalza, aseguró que “los conflictos jurisdiccionales que están en la justicia no deben ser tratado por el Congreso”; mientras su par de la CC, Alfonso Prat Gay, calificó como “banal” y “vil” el debate porque tuvo de una cuestión de fondos, dado que -según indicó- el gobierno nacional “le tiro a Macri los subtes por la cabeza” porque ya “no tiene caja” y, cuando el empresario se dio cuenta de que no tenía plata para mantener el servicio, lo rechazó sin dudar. (DyN)
Por Lucas Ameriso
Por Carina Bazzoni
Por Elbio Evangeliste
