Líderes separatistas enfrentan penas de hasta 25 años de cárcel

La Fiscalía española solicitó ayer penas de hasta 25 años de prisión para los líderes independentistas catalanes que deben ser juzgados por el intento de secesión, confirmando su acusación por rebelión. El juicio debe empezar a principios del 2019, más de un año después de que los catalanes intentaron separarse de España, en octubre de 2017, organizando un referéndum ilegal de autodeterminación y proclamando infructuosamente una república independiente. En él no estará Carles Puigdemont, el entonces presidente del gobierno regional, que se exilió en Bélgica y quedó fuera de la causa porque la Justicia española no juzga en ausencia. En sus conclusiones preliminares, la Fiscalía solicita entre siete y 25 años de cárcel para 12 dirigentes independentistas acusados de rebelión, malversación o desobediencia grave. Según este escrito, el gobierno y el Parlamento catalanes, en colaboración con las asociaciones independentistas, desplegaron un "plan orquestado" para "declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio". Al frente de la rebelión, la Fiscalía señala al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, encarcelado hace justo un año, para quien reclama 25 años de cárcel.

También otorga un papel dirigente a la ex presidenta del Parlamento autónomo Carme Forcadell y a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para quienes reclama 17 años. Asimismo, solicita 16 años para cinco ex consejeros del gobierno actualmente encarcelados por rebelión, 7 años para otros tres acusados únicamente por malversación, y multas económicas para seis parlamentarios acusados de desobediencia. "¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión para los líderes independentistas desaparecerán los más de 2 millones de personas que quieren una república catalana?", dijo el presidente regional, Quim Torra. Su antecesor, Carles Puigdemont, acusó al Estado español de buscar venganza contra el independentismo y lanzó un llamado a Europa para que no sea "cómplice, con su silencio, de este abuso".

Después de organizar un referéndum de autodeterminación prohibido el 1º de octubre de 2017, los separatistas catalanes proclamaron el 27 de ese mes una efímera república independiente. El gobierno español, entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy, abortó la secesión destituyendo a Puigdemont, disolviendo el Parlamento y tomando el control de esta región de 7,5 millones de habitantes. Días después, con Puigdemont y parte de su gobierno instalados en Bélgica, la Justicia encarceló preventivamente a varios dirigentes por rebelión.

Según la Fiscalía, "el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido". Así, evoca la "fuerza intimidatoria" que representan las grandes manifestaciones independentistas de los últimos años o el control directo sobre los 17.000 agentes del cuerpo regional de policía, para cuyos dirigentes reclama entre cuatro y once años de cárcel en una causa separada.