La muerte de un hombre dejó ayer en cuatro las víctimas fatales por el desalojo violento de un predio privado ocupado por familias en Jujuy, donde el gobierno propuso expropiar esas tierras, mientras el hecho fue "repudiado" por la administación nacional y organizaciones que marcharon en distintos puntos del país.
El deceso obligó a aclarar a las autoridades provinciales que la cifra de las víctimas dada anteanoche era incorrecta, ya que se había asegurado que eran cuatro los muertos, sin contar este último fallecimiento.
El gobierno de Jujuy remitió al Poder Legislativo un proyecto de ley para expropiar tierras de la empresa Ledesma en la localidad Libertador General San Martín, donde anteayer se produjo el desalojo, y otros terrenos en Fraile Pintado y Pampa Blanca.
La jueza Carolina Pérez Rojas, quien subroga la causa a raíz de la licencia del magistrado que ordenó el desalojo, Jorge Samman, afirmó que Gendarmería Nacional "va a peritar las armas" secuestradas y explicó que "es para que haya transparencia en todo el procedimiento, dado que está involucrado el personal policial".
La magistrada pidió esperar los resultados de las autopsias practicadas ayer para "determinar de dónde provinieron las balas que mataron a estos jóvenes, si por parte de la policía de la provincia, de los asentados de la Corriente Clasista Combativa o si el personal de seguridad de Ledesma, que según los rumores existentes, habría prestado ayuda logística al personal policial".
La empresa Ledesma, por su parte, expresó que son "totalmente falsos los rumores" que asocian a la compañía con la represión perpetrada en el predio y pidió "una pronta investigación judicial que esclarezca los hechos".
El ministro de Salud provincial, Víctor Urbani, informó que la cuarta víctima mortal por el desalojo fue un civil identificado como Juan Velázquez, de 37 años, quien permanecía en estado de coma en el hospital Pablo Soria.
"Tenía una herida de arma de fuego en la región frontal del cráneo sin orificio de salida", expresó el funcionario, y reportó que 11 personas permanecen internadas en diferentes centros de salud de la provincia.
Urbani sostuvo que "el servicio de asistencia médica atendió a 63 personas heridas en el lugar de los hechos", de las cuales 39 fueron derivadas al hospital Oscar Orías y tres llegaron fallecidos.
Las otras víctimas mortales fueron el policía Alejandro Farfán, de 22 años, y los civiles Félix Reyes, de 21, y Ariel Farfán, de 17, quienes recibieron impactos de armas de fuego.
El gobierno nacional, en tanto, pidió el "inmediato" esclarecimiento de lo ocurrido en Jujuy y reclamó que "se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida".
El desalojo violento y las muertes fueron repudiadas por organizaciones sociales, políticas y sindicales que marcharon en diferentes puntos del país, entre ellos Plaza de Mayo, en Capital Federal, y en la capital jujeña.
En la ciudad de Buenos Aires los manifestantes, entre ellos integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se concentraron en el Obelisco, desde donde marcharon a la Casa de Jujuy y luego a Plaza de Mayo.
En la capital jujeña, organizaciones sociales, políticas y sindicales encabezadas por la CCC marcharon al mediodía a la plaza Belgrano, donde repudiaron al gobierno provincial, a la empresa Ledesma y al juez que ordenó el desalojo.
El hecho también fue repudiado por el referente de la prelatura de Humahuaca, Jesús Olmedo Rivero, quien dijo a DyN que "lamentablemente la historia de violencia y represión vuelve a repetirse en la provincia".
El Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, por su parte, consideró en declaraciones a radio Mitre "preocupante" la posición del gobierno nacional frente a los hechos que suceden en provincias administradas por sus aliados políticos.
El desalojo de unas 700 familias que ocupaban un predio del ingenio Ledesma en la localidad ubicada a unos 120 kilómetros de la capital provincial se produjo anteayer a la mañana dando cumplimiento a una orden judicial que llevó adelante la policía jujeña.
El desalojo violento del predio, donde permanecen familias con el apoyo de la CCC, derivó anteanoche en la renuncia del ministro de Gobierno y Justicia jujeño, Pablo La Villa, quien en forma interina será reemplazado por el actual secretario de Interior, Hugo Echavarri.
En tanto, en la provincia integrantes de la CCC mantienen al menos siete cortes de rutas nacionales y provinciales en Jujuy. l (DyN y Télam)
La CGT reclama
La cúpula de la CGT reclamó ayer que "se castigue con toda la fuerza de la ley a los responsables directos de tantos heridos y muertos" por el desalojo de los predios del ingenio Ledesma. Además, exigió que "se investigue al juez que dio la orden de desalojo, a los funcionarios que estén involucrados y a los sectores del poder económico concentrado, como los Blaquier". La central obrera aseveró que "los Blaquier, paradigmas de la explotación, con la complicidad del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, pisotean la vida y los derechos de los más pobres".
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