Santa Fe pone en marcha una nueva herramienta para combatir el mercado ilegal de celulares robados. La denominada Ley de Celulares, que se pondrá en marcha el año que viene, implica que la policía haga controles en la calle para detectar dispositivos denunciados por robo, hurto o extravío.
Esto generó dudas acerca de qué facultades tiene la fuerza policial y qué puede hacer con el celular durante el control. En rigor, la ley solo le permite pedir el IMEI del celular —el número de identificación internacional de los equipos móviles—, al cual puede accederse marcando *#06#, para chequearlo en una base de datos donde están esos códigos de celulares denunciados por robo.
“No se accede al contenido del celular, solo al número de IMEI y que permite escanear y contrastar con la base de datos y si hay match con un celular robado se comunica a la Fiscalía”, explicó en El primero de la mañana por LT8 el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.
Celulares robados
“Vamos a hacer una campaña explicando. Muchas de las dudas y desinformación fueron producto de opiniones poco ilustradas que sembraron dudas no de garantías sino de aspectos tecnológicos: alguien confundió IMEI con email, o dijo que íbamos a acceder a información del celular”.
Cococcioni explicó que el policía lo puede secuestrar en el momento y avisar inmediatamente a la Fiscalía quien llevará la causa. “Es la definición de flagrancia”, sostuvo.
Nuevos procedimientos por celulares robados
¿Y si es robado pero comprado de buena fe? “El celular hay que secuestrarlo en ese caso igual. Si esta persona que compró de buena fe tiene legítimo derecho, más derecho tiene al que se lo robaron. El celular se devuelve a la víctima”. Claro que luego habrá margen para descargos y explicaciones.
El ministro descartó algún tipo de estigmatización a la hora de efectuar los controles. “La directiva es que se chequea a todo lo que pasa, a todos, sin orientar a algún tipo de población”.
El objetivo es desarticular los circuitos de comercialización de teléfonos y otros dispositivos tecnológicos provenientes de delitos contra la propiedad, impedir que se obtengan beneficios económicos con su venta y desalentar la demanda de estos productos. La normativa también apunta a recuperar los equipos y restituirlos a sus legítimos titulares.
Uno de los principales instrumentos que incorpora es el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. La inscripción será obligatoria para las personas y empresas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen, reacondicionen o comercialicen celulares y otros dispositivos usados.
De esta manera, la ley busca establecer una mayor trazabilidad sobre las operaciones y transparentar las actividades económicas vinculadas con el mercado de equipos tecnológicos de segunda mano.