Los fiscales solicitaron que se prohíba a todos los imputados tener contacto, cargo o injerencia en todas las empresas del grupo Vicentin
Por Alvaro Torriglia
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital
Vicentin. La audiencia imputativa que continuó este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario había comenzado el jueves con cruces y demoras.
La Fiscalía de Delitos Complejos pidió prisión preventiva por 120 días para los exdirectivos de Vicentin Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y a Roberto Gazze. Al resto de los acusados de asociación ilícita se les prohíben tomar contacto y tener injerencia en la cerealera.
Además, los directivos que quedan libres deberán pagar u$s10 millones de caución. A Javier Gazze y Máximo Padoan, que son parte de este grupo le piden una caución de u$s15 millones. Los fiscales pidieron que se prohíba a los imputados tener contacto, cargo o injerencia en todas las empresas del grupo Vicentin, que está integrado por Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario (TPR), Sótano Sur Cotton y Criar, Playa Puerto, entre otras. Y que ninguno puede salir del país.
La audiencia imputativa que continuó este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario había comenzado el jueves con cruces y demoras. El trámite quedó en pausa cerca de las 20 cuando los jueces decidieron pasar a un cuarto intermedio. Hasta el momento los investigadores de la causa por estafa que se tramita en el fuero penal rosarino habían expuesto que los detenidos siguieron manejando los hilos de la cerealera, en combinación con los que los reemplazaron. Y que, en ese marco, siguieron afectando el patrimonio de la compañía a través de distintas maniobras. Por eso, adelantaron que ampliarán la asociación ilícita denunciada en diciembre de 2023.
El fin de semana pasado, en el marco de un operativo que incluyó 20 allanamientos, fueron detenidos primero Daniel Buyatti y Roberto Gazze, y luego Omar Scarel y Alberto Macua, todos jerarcas de Vicentin al momento del default de 2019 y acusados en su momento por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja de ser los jefes de una asociación ilícita conformada para engañar a productores y bancos ocultando la verdadera situación financiera de la empresa antes de que se consumara la cesación de pagos. El fin era seguir obteniendo créditos y granos que no devolvieron.
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