Luego de la detención de cuatro exdirectivos de Vicentin, la Fiscalía de Delitos Complejos comenzó a leer este jueves las imputaciones que les formularon. El trámite quedó en pausa cerca de las 20 cuando, al cabo de una larga y discutida audiencia, los jueces decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes. De lo expresado hasta el momento en el Centro de Justicia Penal, se entiende que los investigadores de la causa por estafa que se tramita en el fuero penal rosarino consideran que los detenidos siguieron manejando los hilos de la cerealera, en combinación con los que los reemplazaron. Y que, en ese marco, siguieron afectando el patrimonio de la compañía a través de distintas maniobras. Por eso, adelantaron que ampliarán la asociación ilícita denunciada en diciembre de 2023.
El fin de semana pasado, en el marco de un operativo que incluyó 20 allanamientos, fueron detenidos primero Daniel Buyatti y Roberto Gazze, y luego Omar Scarel y Alberto Macua, todos jerarcas de Vicentin al momento del default de 2019 y acusados en su momento por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja de ser los jefes de una asociación ilícita conformada para engañar a productores y bancos ocultando la verdadera situación financiera de la empresa antes de que se consumara la cesación de pagos. El fin era seguir obteniendo créditos y granos que no devolvieron.
La imputación
Aunque la imputación se completará este viernes, de lo expuesto ya en el tribunal se desprende que las detenciones estuvieron motivadas en la convicción de los fiscales de que los cuatro detenidos siguieron manejando los hilos de la cerealera después del default, y lo hicieron en perjuicio de la compañía, de los acreedores del concurso preventivo y de los trabajadores. De hecho, estimaron que entre fines de 2019 y fines de 2024, fueron responsables de una erosión en el patrimonio de la concursada de $ 890 millones, equivalentes “a 20.400 salarios mínimos computados en el momento de las maniobras denunciadas”. A valores actuales, más de $ 6 mil millones. Ese perjuicio habría sido ocasionado a través de una serie de maniobras de administración fraudulenta, posibles por la vinculación de los ex directivos detenidos con la estructura del directorio surgida luego de la crisis de pagos de diciembre de 2019.
Por eso, ampliaron la acusación de asociación ilícita que formularon en 2023 contra el ex directorio de Vicentin, con los cuatro detenidos como jefes. En esa figura incluyeron a nuevos directivos relacionados con la gestión posdefault.
Al mismo tiempo, expusieron un conjunto de elementos de prueba, como correos electrónicos, actas y comprobantes de facturación, para señalar que, a través de distintas maniobras, esta estructura fue tomando decisiones que afectaron el patrimonio tanto de Vicentin Saic (“la empresa del holding a la que eligieron cargarle todas las deudas”, apuntaron) y vinculadas como Sir Cotton, Oleaginosas San Lorenzo, Sottano y Algodonera Avellaneda.
Desde la enajenación de una aeronave hasta el pago de consultorías, fianzas, servicios periodísticos y los honorarios de los abogados que defienden a los acusados en el juicio penal, distinto hechos fueron señaladas por la Fiscalía como parte de las maniobras por las cuales siguieron deteriorando el patrimonio de las empresas.
Controversias
En este punto se picó la audiencia ya que los abogados defensores hicieron planteos sobre la sensibilidad personal de esa información y la violación a su intimidad.
Parcialmente, el conflicto se zanjó con la eliminación de las cifras en cuestión durante la exposición oral de los fiscales en la audiencia. Aun así, en términos generales se aludió a pagos de honorarios por cientos de millones de pesos para pagar la asesoría legal personal de los imputados.
La audiencia, prevista para las 14, arrancó a las 15 pero luego se abrió un impasse de dos horas para permitir el traslado de Scarel y Macua, detenidos en la Order, bajo el protocolo de alta peligrosidad. Sus abogados plantearon que habían recibido el escrito con la imputación a las 3 de la mañana del jueves y que, por distintas trabas administrativas y técnicas, no pudieron compartir adecuadamente el contenido con los clientes. Y, aunque está prevista la participación virtual, se acordó la presencialidad.
Continuidad
En el medio, se discutieron temas procesales, como el tratamiento de la pieza acusatoria que involucra la facturación de los abogados, y el tratamiento de nuevos querellantes. Una vez con todos presentes, la Fiscalía comenzó a leer la imputación, interrumpida cada tanto por alguna objeción, hasta que finalmente el tribunal, constituido por tres jueces, dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el día siguiente.
En un hecho poco frecuente, hubo una terna de magistrados para conducir la audiencia, integrada por Nicolás Fopiani, Gonzalo Fernández Bussy y Valeria Pedrana.
En la reanudación del proceso, se estima que los acusadores avanzarían con algún pedido de prisión preventiva. Y luego será el turno de las defensas.
En 2023, los fiscales acusaron a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Omar Scarel, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze y Miguel Vallaza de integrar una asociación ilícita. Ahora piden sumar a directivos posdefault, como Estanislao Bourgain y Carlos Sartor.
