El oficialismo se mostró dispuesto a eliminar un artículo del proyecto de ordenanza que permite la actividad en ciertos sectores y circunstancias
Foto: Archivo / La Capital
La ley provincial 14.486 prohíbe la presencia de cuidacoches desde octubre de 2026.
Una semana después de la última reunión para discutir la prohibición de cuidacoches en Rosario, el Concejo empezó a barajar una modificación importante del proyecto original. Los representantes del oficialismo aceptaron este miércoles el pedido para avanzar hacia la prohibición general en vez de habilitar un régimen de excepción.
Los integrantes de las comisiones de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Obras Públicas y Gobierno y Control tampoco llegaron a un acuerdo en esta oportunidad. Sin embargo, los ediles más cercanos al intendente Pablo Javkin se mostraron dispuestos a dejar de lado la autorización de la actividad en determinados lugares y circunstancias, algo que actualmente ocurre en algunos eventos masivos como el Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades.
Entre los impulsores del proyecto del Poder Ejecutivo el concejal Fabrizio Fiatti reconoció: "Dado que se presta a confusión, entendemos que el artículo 2 no es prioritario para nosotros para seguir conversando. No es la idea que haya un marco de excepciones que se pueda interpretar con la amplitud que sugiere el mensaje". Esta cuestión no sólo fue objetada por fuerzas opositoras como La Libertad Avanza (LLA), sino también por Federico Lifschitz, parte del interbloque oficialista.
La ley provincial 14.486 entró en vigencia el último 2 de octubre. Sin embargo, Rosario tiene que adherir a la normativa para que rija la prohibición de los cuidacoches. Pasado más de un mes desde la promulgación, las tres comisiones del Concejo encargadas del tema volverán a reunirse el próximo miércoles en busca de acercarse a la aprobación.
El edil socialista Lifschitz expresó su rechazo hacia el mensaje original de la intendencia porque "abre la puerta para una legalización encubierta" de la actividad de quienes piden dinero en la calle a los automovilistas. En la vereda libertaria, Lautaro Enríquez advirtió que borrar el régimen de excepción no alcanza: "Así como está la ordenanza, a pesar de sacar el artículo 2, no tiene sentido porque no termina demostrando realmente cómo se va a efectivizar. En los hechos, no estaríamos haciendo nada".
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La postura de los sectores opositores sobre la adhesión a la ley no es unánime. Por su parte, Sabrina Prence (Nación y Libertad) propuso otras modificaciones para garantizar la capacitación e inserción laboral de las personas en situación de calle. Además indicó que las multas no deberían aplicarse en todos los casos. "Es inviable pedirle a un trapito que pague. Apostamos más por el trabajo comunitario", reclamó en cuanto a las sanciones que se aplicarán.
Así como se mostró preocupada por la búsqueda de herramientas de inclusión social de la mano de la prohibición, la edila señaló que no debe haber contemplaciones en el caso de quienes pertenecen a las barras bravas. En cuanto a este tipo de casos, el concejal de Ciudad Futura, Antonio Salinas, señaló: "De esto se habla poco pero es una de las mayores concentraciones del problema. Honestamente, no creo que esto lo resuelva. En dos o cuatro meses, voy a ir a la cancha y me van a seguir cobrando diez lucas. En Newell’s y Central van a seguir estando, esta ordenanza y la ley provincial no los mojan".
Como vocero de la intendencia, Fiatti coincidió en la necesidad de eliminar a los cuidacoches en los eventos masivos. "Esto tiene sentido si intervenimos en el entorno de los estadios", replicó durante la reunión.
Por otro lado, el edil oficialista planteó que una de las prioridades de la nueva ordenanza es agregar sanciones al Código de Convivencia. Si bien la ley provincial ya las contempla, el cambio "tiene que ver con la posibilidad de labrar un acta" cuando detectan la infracción. Así planteó que el marco normativo actual es insuficiente y argumentó: "El inspector no tiene la causa que amerita que pueda generar el principal instrumento que da cuenta de la actuación".
Después de las últimas dos reuniones, el Concejo no sólo pretende zanjar las diferencias alrededor de las medidas para una prohibición efectiva. Mientras algunos sectores están preocupados por la falta de definiciones sobre los límites de actuación del municipio junto a la policía, la concejala peronista Norma López pidió que el proyecto incorpore herramientas más concretas para la asistencia social. A la hora de analizar propuestas previas, insistió en la necesidad de establecer protocolos diferenciados para personas adultas y menores de edad.
Finalmente, Salinas cuestionó la comparación entre la iniciativa actual y la que impide la tracción a sangre en las calles. "Eso no prohibió el cirujeo ni el cartoneo, prohibió una herramienta. A continuación, citó el mensaje de la Iglesia católica sobre la situación de los cuidacoches e indicó: "Prohibir esta actividad roza prohibir la mendicidad del siglo XX. Ojo, que esto no sea prohibir la ayuda social".
Después de la reunión en el Palacio Vasallo, el autor del proyecto de ley santafesina, Ciro Seisas, se quejó de las demoras para adherir a la normativa. "No es una sensación. Sólo en el primer semestre hubo 3.453 denuncias al 911", precisó.
El senador del departamento Rosario recordó que la propuesta fue aprobada defintiivamente el 17 de septiembre, pero la ciudad todavía no cuenta con esta reglamentación ni con las sanciones correspondientes. A la hora de buscar responsables, apuntó directamente contra el edil libertario Juan Pedro Aleart por su ausencia en las reuniones referidas al tema. "Del otro lado, el kirchnerismo romantizando la vulnerabilidad sin proponer nada. Más de lo mismo: históricamente no hicieron nada con el tema", concluyó.
Por Carina Bazzoni
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