La imputación apunta a ampliar la estructura de la asociación ilícita denunciada en su momento con los directivos que asumieron en Vicentin y empresas vinculadas después del default.
Por Alvaro Torriglia
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital
Vicentin. La audiencia imputativa pasó a cuarto intermedio.
A partir del sábado rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe.
La audiencia imputativa a los cuatro detenidos en el marco de la causa Vicentin arrancó este jueves picante. Con una hora de retraso respecto de lo previsto, apenas comenzó la audiencia, cerca de las 15, la defensa de los ex directivos de la cerealera pidió aplazarla para permitir el traslado de Omar Scarel y Alberto Macua de donde están detenidos desde el fin de semana. Finalmente, pasadas las 16, llegaron Scarel y Macua al Centro de Justicia Penal de Rosario.
A la espera de que se concrete ese traslado, la audiencia se inició para tratar temas "laterales" pero no vinculados al corazón de la imputación.
Los detenidos el fin de semana pasado fueron Buyatti, Gazze, Scarel y Macua. La audiencia arrancó con los dos primeros presentes, pero los otros dos permanecían detenidos en el Order, la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario que se encuentra en 27 de Febrero al 7800, con el protocolo de alta peligrosidad.
La defensa dijo que recibió el contenido de la imputación este jueves a las 3.18 de la mañana y, por trabas técnicas y administrativas, no pudieron interiorizar a sus clientes. Por eso los mandaron a llamar.
Se esperaba que en la audiencia la Fiscalía presente los nuevos delitos que se les imputa a los cuatro altos ejecutivos de Vicentin que fueron detenidos la semana pasada.
Los defensores se quejaron porque en la imputación figurarían datos de lo que facturaron a sus clientes.
Sobre las 18 la audiencia está en cuarto intermedio por 15 minutos. Hasta el momento la imputación apunta a ampliar la estructura de la asociación ilícita denunciada en su momento con los directivos que asumieron en Vicentin y empresas vinculadas después del default. Según la fiscalía, sería una fachada que respondía a Buyatti, Gazze, Castel y Macua para consolidar el poder dentro de la empresa y seguir extrayendo fondos de esa y otras sociedades vinculadas, incluso después del concurso.
La última novedad importante que surgió en el marco de la causa de la cerealera se produjo el sábado pasado cuando dos ex directivos de Vicentin quedaron detenidos tras presentarse en la sede rosarina de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Omar Scarel y Alberto Macua tenían orden de captura por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Este viernes anterior, la policía ya había detenido a Daniel Buyatti y a Roberto Gazze, considerados por los fiscales que llevan adelante la acusación, como jefes de una asociación ilícita junto a a Macua y Scarel. Las cuatro detenciones se ordenaron en el marco de un operativo que incluyó 20 allanamientos en Rosario, Reconquista, Avellaneda, Adrogué y Ciudad de Buenos Aires.
Buyatti y Gazze fueron considerados por los fiscales como jefes de la asociación ilícita, junto a a Macua y Scarel.
Según se informó en ese momento, sobre los detenidos ya pesa un pedido de prisión por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos, en el marco de la acusación que presentaron a fines de 2023 contra 16 exdirectivos y auditores de la compañía en la Justicia penal de Rosario, por el cargo de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía regional, solicitaron los procedimientos que se llevan a cabo en simultáneo en distintos domicilios. La investigación se inició en 2020 por los delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta relacionados a la empresa.
En la previa a la audiencia Jorge Ilharrescondo, abogado defensor de los empresarios, advirtió sobre irregularidades judiciales y no descartó recurrir a instancias internacionales. El letrado hizo hincapié en las demoras en recibir la imputación concreta contra sus clientes. “Si mis clientes le atribuyen un delito y en base a eso se pide prisión preventiva, lo menos que corresponde un estado de derecho es que nos den los tiempos para adoptar los medios adecuados para ejercer la defensa y replicar los delitos que se atribuyen. Y eso no ha acontecido. Y eso será motivo de críticas muy fuertes".
La Fiscalía considera que la caída de Vicentin en 2019 fue confeccionada de manera fraudulenta por un grupo de personas que constituyeron una organización criminal para llevarla a cabo. La conclusión principal del trabajo de los fiscales es que el sorpresivo default de 2019 no fue producto de una crisis repentina sino la exteriorización de un proceso de endeudamiento y deterioro que comenzó años antes y que se ocultó a los bancos que le prestaban dinero y a las empresas agropecuarias que le entregaban mercadería, mayormente bajo la modalidad conocida como “a fijar precio”. Una operación utilizada en el comercio de granos por la cual el comprador recibe el producto y lo paga en un futuro.
Llegó un momento en que la cerealera no pudo afrontar el compromiso, interrumpió esos pagos y se presentó en concurso de acreedores. Balances falsos, simulaciones y un desordenado flujo de fondos entre la concursada y un entramado de empresas vinculadas, forman parte del mecanismo que el Ministerio Público de Acusación considera que se utilizó para construir una estafa en la que se tomaban recursos de bancos y vendedores, aun en medio de una situación financiera complicada, que luego se perdían en el laberíntico mundo de sociedades ligadas a la firma. Algunos de los puntos que se señalan dentro de las 500 páginas del escrito presentado.
En la presentación realizada en diciembre de 2023 ante la Oficina de Gestión Judicial, los fiscales pidieron la apertura del juicio y reclamaron penas de prisión para la conducción que llevó al default de la empresa. Se trata de Daniel Buyatti (16 años), Alberto Macua (16 años), Roberto Gazze (17 años), Omar Scarel (14 años), Máximo Padoan (12 años), Cristian Padoan (10 años), Martín Colombo (13 años), Sergio Roberto Vicentin (10 años); Pedro Germán Vicentin (10 años), Yanina Colomba Boschi (10 años) , Javier Gazze (8 años) y Miguel Vallaza (8 años). Además, pidieron penas de 7 años de prisión para Eduardo Harnan, socio de la consultora KPMG (auditora de los balances de Vicentin en su momento) y de tres años para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut.
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