Advierten que el proyecto de reforma laboral tensa la protección de los derechos laborales

Desde la perspectiva del trabajador, el proyecto de la reforma laboral propuesto por el Ejecutivo -denominada "Ley de promoción de inversiones y empleo"- utiliza incentivos fiscales a la contratación como fachada para implementar una profunda desregulación y precarización en áreas fundamentales del derecho laboral.

Esto se desprende del informe "¿Hacia una reforma laboral?", realizado por el Centro de Estudios Colectiva. Entre los puntos principales, se destaca que la iniciativa del gobierno nacional debilita la protección económica del salario y el financiamiento de la seguridad social; impulsa la flexibilidad horaria y la disposición del tiempo de trabajo y dificulta la defensa de los derechos al limitar drásticamente la compensación judicial por mora y el acceso a representación legal.

El gobierno de Javier Milei avanza con su intención de reforma laboral. Es más, lo considera una de las prioridades para la nueva etapa al frente del Ejecutivo tras las elecciones legislativas de octubre. La iniciativa toma como base un proyecto de ley presentado por la diputada libertaria Romina Diez en 2024, el cual contiene modificaciones en la jornada de trabajo, indemnizaciones y convenios colectivos. Este proyecto reproduce varios artículos del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, actualmente suspendido por la Justicia.

Según la visión del oficialismo, el objetivo principal es formalizar a cerca de ocho millones de trabajadores que actualmente se desempeñan en la economía informal, un paso que el mandatario considera previo a una reforma tributaria, Entre los principales ejes del proyecto, se destacan la ampliación de la jornada, que podría extenderse hasta un máximo de 12 horas diarias; fraccionamiento del período de vacaciones, lo que habilita a los trabajadores a tomar sus días de descanso en partes; para pymes se establece la posibilidad de abonar las indemnizaciones y multas derivadas de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales y la propuesta autoriza la implementación de sistemas de banco de horas y otros esquemas laborales flexibles, los cuales se podrán negociar mediante los convenios colectivos de cada sector.

Por otra parte, se recupera la opción de abonar una porción del salario a través de prestaciones no dinerarias, como vales de comida o canastas de alimentos, un sistema conocido como “ticket canasta”. El texto se enfoca en otorgar beneficios fiscales a las pequeñas y medianas empresas para fomentar la contratación de nuevo personal, en una suerte de régimen de incentivo para inversores de menor escala.

Impacto en los derechos de los trabajadores

El Centro de Estudios Colectiva también analizó qué propone el salario dinámico. En ese sentido, explicó que los aumentos salariales dejarían de ser generales y dependerían de la productividad individual y de la situación económica de cada empresa. Los convenios dejarían de ser pisos mínimos y pasarían a ser techos de referencia, limitando la capacidad de los sindicatos de garantizar derechos comunes. Se eliminaría la fijación automática de aumentos por inflación, reemplazándola por incrementos ligados al desempeño y la capacidad de la empresa. La ultraactividad, que hoy mantiene vigentes los convenios vencidos hasta la firma de uno nuevo, sería eliminada. “El gobierno plantea acotar la vigencia de las cláusulas económicas, forzando renegociaciones periódicas según la evolución del contexto macroeconómico y sectorial”, puntualizaron desde el centro de estudios, dirigido por el politólogo Brian Tieppo.

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En Colectiva también pusieron de relieve los riesgos del salario dinámico. Advirtieron que la reforma debilita la negociación colectiva: los convenios dejarían de ser un piso general de derechos. Podrían abrirse negociaciones de menor alcance (empresa o provincia) que permitan regionalizar y diferenciar salarios, pagar sueldos por debajo del convenio y reducir la protección histórica de los trabajadores. Esto invierte principios básicos del derecho laboral argentino, que protegen a todos los trabajadores frente a remuneraciones insuficientes.

Respecto al banco de horas, desde el centro de estudio adviriteron que se trata de una "flexibilización encubierta”. El proyecto impulsa un banco de horas extras, donde las empresas dejan de pagar las horas trabajadas fuera del horario habitual y las acumulan para que el trabajador las recupere dentro del mes.

Incluso se habilita la posibilidad de cumplir jornadas de hasta 12 horas diarias, lo que extiende la jornada laboral y debilita el control sindical sobre los tiempos de trabajo.

“Las principales críticas apuntan a que esta medida legaliza la extensión encubierta de la jornada, convierte al trabajador en variable de ajuste del calendario productivo y subordina su descanso, su salud y su vida familiar a las necesidades empresariales. En lugar de generar empleo, abarata costos laborales y aumenta la intensidad del trabajo”, precisaron.

Desde Colectiva apuntaron que “el contexto económico explica esta demanda empresarial”. Es que hoy las empresas no contratan, sino que sostienen la producción mediante horas extras pagadas: “Con el banco de horas, ni pagarían extras ni ampliarían personal, logrando más trabajo sin costo adicional”.

Según el Centro de Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (Cetyd–Unsam), desde fines de 2024, el empleo cayó 2,3% respecto de 2023. En el mismo período, las horas trabajadas por empleado aumentaron 5%. Las empresas prefieren aumentar la carga laboral antes que contratar. Mientras los salarios paritarios apenas crecieron 1% entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, los salarios efectivamente cobrados subieron 9%, señal de un reacomodo de ingresos con base en la intensificación laboral más que en el empleo genuino.

Otra jornada laboral es posible

Colectiva indicó en su informe que el camino hacia una jornada más justa es posible. Argentina mantiene una de las jornadas legales más extensas del mundo: 48 horas semanales desde 1929. Hoy, la jornada efectivamente trabajada promedia 37 horas semanales, pero un 34% de los asalariados registrados supera las 42 horas, lo que evidencia la persistencia de la sobreexplotación laboral.

Diversos estudios demuestran que reducir la jornada no implica menor productividad. Países con jornadas reducidas combinan altos niveles de eficiencia con mejor calidad de vida. Por ello, se propone una reducción gradual de la jornada semanal de 48 a 42 horas, implementada en cuatro años, beneficiando al 34% de los asalariados registrados y al 17% del total de ocupados. “El objetivo no es sólo trabajar menos, sino trabajar mejor y vivir mejor”, indicaron.

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Respecto a las vacaciones fraccionadas, se indicó que flexibilizar cuándo se otorgan. Permitir fraccionarlas debilita la garantía de descanso y convierte un derecho anual en un calendario sujeto a la organización del empleador. Los plazos y fraccionamientos por semanas facilitan presiones para que el trabajador acepte descanso fragmentado con el riesgo real de no recuperar descanso efectivo.

Sobre el salario en especies y beneficios no remunerativos, el proyecto amplía la lista de beneficios no remunerativos que pueden integrarse al salario (comidas, guardería, gimnasio, ropa, celular, reintegros médicos) y los declara exentos de aportes, con un tope del 10% del salario. Convertir partes del salario en “bienes y servicios” reduce la base sobre la cual se calculan aportes y contribuciones: menos aporte a jubilaciones y obra social, menos protección social futura, señaló el informe. “La exención de aportes incentiva sustituir salario por beneficios, presionando a trabajadores a aceptar retribuciones parciales en especie. Lo que fomenta una precarización salarial encubierta”, agregaron.

Al hablar de las indemnizaciones, el proyecto del Ejecutivo contempla que las mipymes podrán pagar las sentencias judiciales condenatorias (tanto del despido por indemnización como por multas) en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. “Facilitar el pago en cuotas protege la caja de la empresa, pero retrae el efectivo que el trabajador debería percibir de inmediato y complica la ejecución efectiva de la sentencia: la empresa obtiene ventaja frente al trabajador que pierde su empleo”, indicaron.