La Justicia provincial rechazó el pedido de prisión preventiva tras la denuncia de un operativo irregular y abuso de autoridad en Nuevo Alberdi
Los policías habían sido detenidos el 17 de noviembre.
Tres días después de la detención de ocho policías por robo en un allanamiento ilegal, la Justicia rosarina dispuso este jueves la liberación de todas las personas imputadas. Todas fueron imputadas y deberán cumplir una serie de reglas de conducta mientras continúa la investigación.
El fiscal Rodrigo Urruticoechea había solicitado una orden de prisión preventiva para profundizar la pesquisa sobre el operativo realizado unos días atrás en Nuevo Alberdi. De acuerdo a la denuncia, este grupo de agentes ingresó sin autorización a la casa de una pareja, se llevó dinero y ropa para la venta.
El juez Rodrigo Santana rechazó el pedido de la medida cautelar por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En cambio, les impuso una fianza a todos los policías para transitar el resto del proceso penal en libertad. Mientras tanto, deberán presentarse una vez por semana ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y tienen prohibido salir de la provincia.
El operativo que investiga la unidad de Flagrancia se llevó a cabo el lunes 17 de noviembre en el extremo norte de la ciudad. Un grupo de agentes recibió un alerta a través del 911 por venta de drogas en la zona del pasaje 1353, entre las calles Somoza y Ciudadela.
Los imputados fueron a inspeccionar la zona alrededor de las 11.30 de la mañana. El fiscal constató que llegaron a la vivienda a bordo de cuatro patrulleros y presume que algunos ingresaron abusando de su autoridad. Mientras tanto, el resto se quedó en la calle para vigilar la zona.
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La pareja que ocupa la casa quedó retenida contra uno de los automóviles. De esta manera les revisaron los teléfonos celulares y les impidieron ver lo que ocurría dentro del domicilio. Además, una de las víctimas recibió puñetazos en las costillas en estas circunstancias.
Tras esta maniobra, los agentes agarraron varias prendas de ropa en el inmueble y se retiraron. A partir de la denuncia, la División Judiciales comenzó a rastrear a los policías en busca de la mercadería y el resto de los elementos sustraídos.
Los investigadores consiguieron inspeccionar tres móviles en el transcurso de la jornada. El primero fue hallado a las 16.15 en el enlace de Joaquín Suárez y Juan Pablo II, a unas veinte cuadras del domicilio. Allí encontraron un bolso negro con vestimenta y $ 40.000 en efectivo. Entonces detuvieron al oficial Leonardo G., de 39 años, y a la suboficial Daiana M. (32).
La última parte del procedimiento tuvo lugar cerca de las 18 en la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II. En esta instancia, los encargados de la pesquisa identificaron dos patrulleros más. En uno de ellos hallaron una mochila negra perteneciente a Damián B. (39), que contenía otra parte de las prendas buscadas. El suboficial estaba acompañado por su colega Sofía R. (31). La requisa del tercer y último automóvil arrojó resultados negativos.
En base a esta evidencia y los testimonios recabados, Urruticoechea imputó a todos los detenidos como coautores de allanamiento ilegal y abuso de autoridad. También les atribuyeron el delito de robo doblemente agravado por ser en poblado y en en banda y por tratarse de integrantes de las fuerzas de seguridad.
El juez Santana consideró que los policías pueden permanecer en libertad mientras se desarrolla la investigación. No obstante, tienen prohibido acercarse a 500 metros de la vivienda allanada y de las víctimas. Tampoco pueden contactarse con ellas ni con el resto de sus colegas acusados por cualquier medio o través de otras personas.
Laura Garcilazo expresó su preocupación porque la defensa de Damián Reifenstuel "quiere ir en contra de una testigo que vio todo y que complica al joven"
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