La empresa y la UOM de Villa Constitución acordaron aplicar el esquema cuando sea necesario. Debe ser homologado
Acindar prevé otro año complejo y se arma un esquema de contención laboral.
En previsión de que el año próximo será tan complejo como el actual, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la siderúrgica Acindar negociaron la extensión por un año más del mecanismo que permite aplicar suspensiones en caso de que la crisis productiva lo demande.
La voluntad de ajustar este esquema para 2026 se expresó por ahora en una minuta de entendimiento firmada por las partes, que debe ser homologada en el Ministerio de Trabajo de la provincia. El sistema prevé la rotación equitativa y proporcional de las suspensiones, en caso de que sea necesario, con un esquema de remuneración parcial que se va escalonando hacia abajo desde el 83% del salario en enero y febrero al 75% en el último trimestre.
Las fechas en las que se harán efectivas las suspensiones dependerán del ritmo productivo de la planta. Acindar ocupa en forma directa a 2.500 empleados. Durante 2024 y 2025 redujo la producción prácticamente a la mitad de su capacidad por la caída del mercado interno.
La decisión del gobierno de Javier Milei de frenar la obra pública significó un golpe durísimo para la compañía que tiene su principal fábrica en Villa Constitución y es uno de las grandes jugadores del sector siderúrgico a nivel nacional.
Tras un primer año de fuertes tensiones, la empresa y el gremio acordaron para 2025 un dispositivo de suspensiones que abarcó todo el año y se fue aplicando en la medida que se necesitaba ajustar producción. Hay un principio de acuerdo para replicar este esquema en 2026, en caso de que la evolución de la actividad lo amerite.
El escalonamiento remunerativo sería el siguiente: 83% del salario en enero y febrero; 81% en marzo y abril; 80% en mayo, junio y julio; 78% en agosto y septiembre; y 75% en octubre, noviembre y diciembre.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Indice de Producción Industrial manufacturero (IPI) cayó 2,9% en octubre en comparación con el mismo mes de 2024.
De acuerdo al último relevamiento difundido por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), al mes de septiembre el 60% de las ramas industriales en la provincia registraba caídas interanuales de producción.
En ese marco, la fabricación de acero en Santa Fe enfrentó en ese mes una baja de 45% interanual, a pesar del bajo punto de comparación anual.
“En nueve meses la actividad sectorial muestra fuertes restricciones para recuperar el marcado retroceso de 2024”, señaló el último informe de Fisfe. Señaló que la producción de acero de agosto y septiembre fue la más baja de los últimos diecisiete años.
“Desde fines de 2023 y hasta el presente la menor demanda interna de productos siderúrgicos asociada a la paralización de la obra pública nacional limitó de manera acentuada la producción sectorial especialmente en nuestra provincia”, indicó.
La crisis es generalizada en el sector manufacturero. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), elaborado en base a cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Más de 19 mil empresas y 276 mil puestos de trabajo se perdieron en todo el país en lo que va de la gestión presidencial de Javier Milei.
En base a las variables del mercado de trabajo que publica la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Cepa calculó que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 la cantidad de empleadores se redujo en 19.164, a un total de 493.193 en todo el país. El ritmo de caída de “unidades productivas”, tal cual las nombra el organismo oficial, fue de casi 30 por día en todo el país.
Con el mismo análisis, los números de la SRT muestran que en noviembre de 2023 había en Santa Fe 50.608 empleadores y 632.555 empleados bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo. En agosto de 2025 se relevaron 48.576 y 616.898, respectivamente. Es decir que se produjo una caída de más de 2 mil unidades y 15.657 puestos de trabajo.
En su más reciente informe de coyuntura, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), se señaló que “la contracara de la política de dólar barato y apertura importadora es la desindustrialización, con su consecuente cierre de empresas productivas y la pérdida de puestos de trabajo”.
Para su coordinador, el economista Andrés Asiaín, se trata de un efecto buscado por el gobierno nacional, que considera “necesaria” la eliminación de ese entramado productivo para “poner presión sobre los empresarios locales, empujándolos a posiciones más duras en las negociaciones paritarias, acelerando sus reclamos por reducir las cargas sociales e impositivas”.
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Por Tomás Barrandeguy