Cuatro oferentes quedaron en carrera para participar del salvataje de Vicentin, luego de cumplir con el requisito de depositar $ 1.100 millones para demostrar la seriedad de su pretensión.
Cinco empresas, dos de ellas en forma conjunta, realizaron el depósito requerido para competir por la compra de bienes de la cerealera. Se anotaron Grassi, Bunge, Unión Agrícola Avellaneda, y la entente conformada por Molinos y Dreyfus
Foto: Archivo / La Capital.
Algunos de los acreedores directos y otros participantes indirectos, se encuentran ahora en la incómoda posición de asumir costos judiciales.
Cuatro oferentes quedaron en carrera para participar del salvataje de Vicentin, luego de cumplir con el requisito de depositar $ 1.100 millones para demostrar la seriedad de su pretensión.
El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, cerró este lunes el registro definitivo de inscriptos al salvataje de la empresa Vicentin. Los anotados fueron Bunge, Grassi, Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada y la asociación entre Molinos y LDC (Louis Dreyfus Company), que presentaron una oferta conjunta.
El siguiente paso es que el evaluador presente su informe sobre los interesados, lo que tiene fecha final el 29 de agosto de este año. Con ese dictamen, luego el juez debería abrir al proceso para las conformidades.
Para evaluar técnicamente las ofertas, el juez Lorenzini eligió al contador Juan José López Forastier (egresado de la UBA), inscripto ante Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, socio gerente del estudio Marinozzi Mazzitelli & Asociados.
El cramdown habilitado por Lorenzini es el último intento por evitar la quiebra de la empresa concursada desde febrero de 2020.
Desde esta semana, Lorenzini se enfocará en la evaluación de las ofertas concretas para luego determinar cuál de ellas será aceptada para asumir el control y reestructuración de la empresa.
El candidato seleccionado no solo deberá cumplir con los requisitos formales, sino también ser apoyado por al menos el 50% de todos los acreedores, quienes deberían representar al menos el 65% del total de la deuda de la fallida empresa, de cuyo futuro perdieron exclusividad sus dueños luego de que el Poder Judicial de Santa Fe rechazó el acuerdo concursal por considerarlo abusivo e ilegal.
Cuando decidió abrir el cramdown a fines de junio, el juez subrayó la urgencia de actuar por la continuidad productiva de la firma: “La crítica situación de caja, la proximidad del vencimiento de los contratos de fazón y los plazos de cosecha y siembra hacen necesario reencausar el salvataje sin demoras”, enfatizó.
Vicentin enfrenta desde 2019 un concurso preventivo por deudas cercanas a u$s 1.300 millones y un extenso listado de más de 1.700 acreedores. Pero también tiene una deuda posconcursal que los interventores designados por la Justicia, Andrés Shocron y Guillermo Nudemberg, estimaron en u$s 30,5 millones. En tanto, el capital de trabajo es negativo en u$s 32 millones.
Además, detectaron que aún existen filiales en Uruguay y Europa sin actividad, con fondos en el exterior que podrían repatriarse, y recomendaron cerrar esas sociedades para frenar gastos. También reclamaron reordenar la planta de personal, tras identificar casos de empleados sin tareas asignadas, incluso familiares de exdirectivos y accionistas que siguen cobrando, y suspendieron acuerdos de desvinculación firmados por el anterior directorio, cuyos integrantes están imputados penalmente.
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