Detrás del revuelo por la repentina detención de Santino Alvarado aparece algo más impactante: la acusación a su padre, el jefe narco Esteban Alvarado, por seguir activo desde la cárcel de Ezeiza donde cumple condena a perpetua. No es novedad que un líder criminal de su talla opere desde el encierro, lo llamativo es que desde el gobierno nacional sostuvieron durante los últimos tres años que estaba recluido bajo un control estricto. Este viernes indagaron a los nuevos detenidos y se conocieron detalles de la investigación.
Otro aspecto de interés que trasciende con esta causa iniciada en 2023 es que, alrededor de la estructura de Alvarado, se mantuvieron los vínculos con otros pesados que ganaron relevancia en los últimos años. Los traficantes Jorge Adalid Granier, preso en Ezeiza, y Brian Walter Bilbao, detenido desde fines de 2025, aparecen en la acusación como parte de un grupo dedicado a la importación de cocaína desde Bolivia por vía aérea. El historial de Alvarado, que se convirtió en jefe narco gracias a la connivencia estatal, permite los interrogantes que deja picando esta nueva acusación.
El expediente, a cargo del fiscal Matías Scilabra por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), ubica el funcionamiento de esa asociación ilícita al menos desde el 10 de marzo de 2023, cuando se abortó un plan de fuga del penal de Ezeiza. Para entonces, la organización mantenía una estructura con ramificaciones en Rosario, Roldán, Funes y Granadero Baigorria, además de proyección hacia Buenos Aires, Córdoba y Paraguay. El tráfico de estupefacientes, el manejo de dinero y el lavado de activos aparecen como los principales ejes de las actividades investigadas.
En el esquema descripto por la Fiscalía, Esteban Alvarado ocupaba el lugar de jefe y su hijo Santino Alvarado, detenido este jueves en Funes, tenía la conducción operativa fuera de prisión. También fue acusada María Fernanda Rojas, sindicada como administradora de los fondos de la organización. A Claudio Tavella, abogado con condena cumplida como parte de la banda, le atribuyeron ser el principal enlace entre el jefe y el resto de los integrantes.
Esteban Alvarado, jefe desde la cárcel
La acusación sostiene que Esteban Alvarado decidía las condiciones de las operaciones financieras, impartía instrucciones individualizadas sobre los deudores, exigía rendiciones de cuentas semanales y resolvía tanto los conflictos internos como la incorporación o exclusión de colaboradores. Todo esto, según había asegurado el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo el Sistema de Gestión Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo al cual había sido incorporado en febrero de 2024.
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Su hijo Santino, de 21 años, aparece como el responsable de ejecutar esas directivas en la calle. La Fiscalía le atribuye la financiación de las operaciones de aprovisionamiento, la fijación de precios y cantidades, el aporte de vehículos y la distribución de tareas entre los integrantes del grupo operativo. También habría sido el canal permanente de comunicación entre el interior y el exterior del penal, incluso mediante la triangulación de llamadas con personas que no estaban autorizadas para mantener contacto con su padre.
El lugar de Claudio Tavella en la estructura es un punto que vuelve a poner bajo la lupa el rol de los abogados en las organizaciones criminales. La Fiscalía sostiene que, aprovechando su condición de defensor, habría funcionado como un canal estable de comunicación entre Esteban Alvarado y quienes operaban fuera de prisión. Esa tarea excedió las funciones propias de la defensa técnica y tenía, según la acusación, una retribución mensual financiada con dinero de la organización.
Vuelos narco
La investigación le atribuye a la banda un episodio de marzo de 2024 en el que intentaron ingresar al país unos 430 kilos de cocaína mediante un vuelo proveniente de Bolivia. Según la acusación, Esteban Alvarado habría adquirido el cargamento y organizado su traslado desde el penal, mientras que su hijo se ocupaba de las comunicaciones relacionadas con los elementos que debían ingresar desde Paraguay. El plan se frustró el 10 de marzo de 2024, cuando efectivos policiales de Paraguay interceptaron una aeronave Cessna 206 en una pista no habilitada de la compañía Tristán Salazar, en el departamento de Misiones.
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El avión había partido de Bolivia y llevaba diez bolsas que, tras el pesaje definitivo, arrojaron 433,850 kilos de cocaína. La investigación también incorporó una conversación posterior, del 27 de marzo de 2024, en la que Esteban y Santino habrían hablado en con términos en clave utilizados para disimular el contenido de las comunicaciones. La maniobra quedó incorporada a la causa como una tentativa de contrabando de estupefacientes.
La acusación plantea otra operación aérea, que no llegó a ser interceptada, para el traslado de otros 300 kilos de cocaína desde Bolivia por medio de rutas no autorizadas y aterrizajes en pistas clandestinas. En esa maniobra aparecen Jorge Adalid Granier Ruiz, su hijo Jean Carlo Alexis Granier Molina y Brian Walter Bilbao como quienes se ocuparon de la logística. Esteban Alvarado figura como el destinatario final del cargamento, mientras que Santino debía recibirla fuera de prisión y Rojas habría sido la encargada de entregar el dinero de la operación a Bilbao, en la zona de Mendoza y Guatemala de Rosario.
Los Menores, un vínculo rosarino
En la causa provincial a la banda Los Menores aparecen menciones de los vínculos de Santino Alvarado con Luis "Gordo" Palavecino, preso desde diciembre pasado como organizador de esa asociación ilícita. Un aspecto que se refuerza en la acusación federal y que también incluye al abogado Martín Castillo, imputado como parte de la banda de Francisco "Fran" Riquelme. Esa triangulación, de acuerdo a la acusación, estuvo detrás de la compra de cuatro kilos de marihuana en la provincia de Córdoba.
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La investigación también ventiló movimientos vinculados al abastecimiento de puntos de venta minoristas, otra caja histórica de la banda de Alvarado. En ese aspecto aparece otro indicio de la conexión con Los Menores, por parte de Alexis Emanuel "Chami" Mendoza, detenido desde marzo pasado, a quien ahora le atribuyen la comercialización al menudeo de la droga abastecida por Santino y el Gordo Palavecino. Una de las operaciones ventiladas en la causa describe una transferencia de 15 millones de pesos que para los acusadores estuvo relacionada a la provisión de estupefacientes.
Lo llamativo es que en esta ocasión no se trató solo de puntos en barrios periféricos de Rosario sino, por ejemplo, en complejos privados como el Condominio Pedro Ríos de Funes. En ese marco aparece un nuevo involucrado, Ignacio Matías Aranda, como uno de los responsables de administrar ese inmueble entre agosto y noviembre de 2025.
Lavado de activos
La aparición de Santino Alvarado en la acusación implica también una renovación de la estructura con roles atribuidos a personas de su confianza. Ignacio Matías Aranda, Gino Cacciatore, Alexis Valda, Julián González y Jeremías Toloza aparecen como parte de un núcleo operativo dedicado a la custodia, traslado de mercancía, administración de inmuebles y circulación de dinero.
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Estos jóvenes facilitiaban sus domicilios como lugares de reuniones, se prestaban para ser titulares de vehículos utilizados por la organización y compartían viajes a distintos destinos. En ese marco también aparecen las maniobras que se investigan como lavado de activos. Los acusadores plantean que parte de las ganancias provenientes de la venta de drogas se destinaban a la compra y administración de autos y camionetas que en los registros figuraban a nombre de otras personas ligadas a la organización.
También se explora una maniobra de lavado ubicada fuera del período temporal de la asociación ilícita, vinculada a la adquisición de un inmueble en la localidad de Derqui, partido Pilar de la provincia de Buenos Aires. La Fiscalía sostiene que el beneficiario final del inmueble fue Vito Alvarado, hijo de Esteban menor de edad. Una maniobra que ya había realizado con Santino en la propiedad ubicada en el paraje Los Muchachos, al sur de Rosario.
