El Tribunal Federal 2 de Rosario dictó prisión perpetua para un exmilitar, condenas de entre 3 y 6 años para otros seis y la absolución a otro por crímenes en San Nicolás
Los organismos de derechos humanos siguieron de cerca el juicio Saint Amaint IV en el que se condenaron crímenes de lesa humanidad
La condena a exmilitares en el marco de la causa Saint Amant IV, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario (TOF Nº 2), dejó gusto a poco para la Fiscalía interviniente. Si bien los magistrados señalaron que los hechos expuestos en el juicio "constituyen crímenes de lesa humanidad", las penas que recibieron los distintos acusados, y la absolución de uno de los implicados, derivó en críticas por parte de quienes llevaron adelante las acusaciones.
En concreto, el tribunal condenó a un exmilitar a cadena perpetua, a entre tres y seis años a otras seis personas y absolvió a otro exmilitar. La Fiscalía criticó las sentencias ya que había pedido prisión perpetua para cuatro de los siete implicados.
"Habíamos pedido perpetua para cuatro de los condenados (Omar Andrada, Enabel Otilio Cappa, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla), pero se dictó sólo para Andrada. Para el resto fueron penas bastante inferiores a lo que habíamos solicitado", contó Adolfo Villate, fiscal federal y encargado de la investigación, en diálogo con LT8.
En base a las pruebas y más de 100 testimonios, el TOF Nº 2 de Rosario condenó al exmilitar Omar Andrada, de 89 años, a prisión perpetua. Según la investigación, estuvo a cargo de la Sección Inteligencia San Nicolás del Destacamento Inteligencia 101 y se le atribuyó ser autor de 27 allanamientos ilegales de domicilio, la privación ilegítima de la libertad de una víctima y la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia en perjuicio de 24 personas.
También se le atribuyó la privación ilegítima de la libertad agravada por haber durado la detención más de un mes en cuatro casos; el mismo delito, pero agravado por mediar violencia y por haberse extendido más de un mes sobre 32 víctimas; tormentos agravados por ser la víctima perseguido político, que damnificaron a 52 personas; el homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar su impunidad de ocho víctimas y por el robo agravado por haber sido cometido en un lugar poblado y en banda a uno de los damnificados.
El tribunal, conformado por Román Lanzón, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario, absolvió a Andrada por el beneficio de la duda en cuatro casos de tormentos agravados y, por aplicación del principio de congruencia, en tres hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y cuatro allanamientos ilegales de domicilio.
Los fundamentos de la sentencia de este juicio, que comenzó en marzo de 2024, se conocerán el 5 de febrero de 2027. "Se venían conociendo los alegatos de las partes y se puede trabajar con tiempo. Tres meses para dictar los fundamentos parece mucho tiempo. Es cierto que son muchos casos, pero el tribunal tiene una estructura suficiente como para dar sus fundamentos con más celeridad", reclamó Villate.
Durante 14 jornadas de alegato fiscal, Villate y los auxiliares Juan Patricio Murray y Álvaro Baella expusieron el modus operandi del grupo que operó en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército de esta ciudad y las delegaciones locales de la Policía Federal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba).
La prisión perpetua también se pidió para Enabel Otilio Cappa (exoficial de la Dippba), Adrián Domingo Meisner (excabo de la Policía Federal en San Nicolás) y Gregorio Florentino Mancilla (también parte de la Policía Federal en San Nicolás). En tanto, la fiscalía había solicitado ocho años de prisión para Miguel Ángel Amarillo y seis años para Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi, exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dippba. También había pedido seis años de cárcel para el subteniente de la Sección Antisubversiva del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, Carlos Manuel Biglieri.
Sin embargo, los jueces determinaron que Meisner y Cappa fueran condenados a cinco y seis años de prisión, respectivamente. Al primero se le indilgó coautoría en el allanamiento ilegal del domicilio de tres de seis víctimas y su participación secundaria en una privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia, además de considerarlo responsable de un hecho de tormento agravado por ser la víctima un perseguido político. Por su parte, Cappa fue coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia en perjuicio de seis víctimas, aunque se lo absolvió de ser partícipe de seis homicidios agravados y tormentos agravados en perjuicio de seis víctimas.
En cuanto a Mancilla fue absuelto por el beneficio de la duda de todos los delitos que se le habían atribuido, entre ellos allanamiento ilegal, tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de una víctima.
Aunque la fiscalía había pedido 8 años de prisión, los jueces determinaron que Amarillo sea condenado a cuatro años al considerarlo coautor de tres privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por mediar violencia. Amarillo fue absuelto por tres casos de tormentos agravados.
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La misma pena habían pedido los fiscales para Parodi y Calabresi, que finalmente fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por considerarlos coautores del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia. Además, se les impuso una serie de reglas de conducta, entre las que se incluye la prohibición de acercamiento a la víctima y sus allegados, la realización de un curso de 100 horas en materia de derechos humanos y la abstención de utilizar armas de fuego.
Biglieri fue condenado a tres años y seis de meses de prisión por ser autor de un allanamiento ilegal de domicilio y una privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia.
En el debate, en el que declararon más de 100 testigos, se unificaron cinco causas judiciales: “Marfott de Trod”, “Berg”, “Santillán”, “Francioni” y “Comolli”, en las que se investigaron los crímenes cometidos en el ámbito de la jurisdicción del Área Militar 132, que incluía gran parte del noroeste provincial y que estuvo bajo el mando del fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant.
Además de los siete condenados y el absuelto, también estaban acusados el policía Hugo Bellet y los militares Nicolás Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa, pero fallecieron antes del veredicto, por lo que se declaró extinta la acción penal.
En la causa “Berg” se abordó el allanamiento ilegal sufrido por los integrantes de esa familia, que residían en la localidad bonaerense de San Nicolás. También se analizaron las privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y dos homicidios, ocurridos en 1976, y que afectaron a un grupo de personas, algunas de las cuales militaban en el Partido Comunista (PC).
Con relación a la persecución ilegal sufrida por los Berg, en el juicio se probó que, en la madrugada del 16 de mayo de 1976, mientras la familia se dormía en su vivienda de la calle Reynoso, personal del Ejército del Área Militar 132 irrumpió con armas de largo calibre para secuestrar a sus integrantes. Para concretar el operativo las fuerzas represivas dispusieron de militares apostados en los techos de las viviendas linderas y realizaron un cerco.
En ese marco, detuvieron a las víctimas Juan Berg Frank y a sus dos hijos mayores (de 15 y 18 años) y los trasladaron a un calabozo en la sede del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. Esa misma noche, en otro operativo en el mismo domicilio, detuvieron a María Mayer de Berg junto a sus tres hijos de 11 años, un año y medio, y cuatro meses de edad.
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Fueron trasladados al batallón, donde la mujer fue sometida a interrogatorios en los que la instaban a afirmar que pertenecía a la agrupación Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Al día siguiente fue liberada.
En tanto, su esposo y sus hijos mayores fueron trasladados a la delegación local de la Policía Federal en la cual fueron sometidos a tormentos de distintos tipos: golpes, amenazas y agresiones psicológicas. El padre estuvo detenido durante 18 días, mientras que sus hijos fueron liberados tras dos días de estar secuestrados.
En el debate también se juzgó el allanamiento ilegal de la casa de los militantes Cecilia Marfott y Jorge Luis Trod, ubicada en las calles Schubert y Chopin, en San Nicolás. El hecho ocurrió el 17 de noviembre de 1976 y fue perpetrado por miembros de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
En aquel operativo, tras ser torturado, asesinaron a Ignacio Valentín Sabena, el cuidador de la vivienda. Los uniformados habían llegado al domicilio, con el dato de que allí encontrarían a integrantes de la organización político militar Montoneros. Por su parte, Marfott y Trod pudieron escapar de la vivienda, tras el alerta de sus vecinos.
A su turno, en la causa Santillán, se abordaron los hechos que tuvieron como víctimas a los militantes políticos Benjamín Santillán, Carlos Alberto Aranda, María Cristina Lanzilloto, Carlos Gerardo Pérez, Leonor Genoveva Pierro e Irene Ballester. Todos ellos integraban la “Regional Norte-Norte” o “Riberas del Paraná” del ERP y fueron detenidos. Hasta la fecha, permanecen desaparecidos. Allí también fueron víctimas de privación ilegítima de la libertad Anito Prado, Omar Eduardo Inza, Rubén Rodríguez Moreno y Andrés Carlos Fassy.
Finalmente, en la causa Francioni se abordaron los hechos que perjudicaron a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de Pergamino, mientras que en el expediente Comolli, se juzgó la persecución de militantes sindicales y obreros metalúrgicos que, en su mayoría, pertenecían a la agrupación Felipe Vallese.
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