Pullaro y otros jefes provinciales de distintos signos políticos activan sus defensas ante el federalismo por default de Milei y el vacío de la política nacional. Las reformas que vienen en Santa Fe y la sombra de la violencia
Por Mariano D'Arrigo
Pullaro cumple un año de gestión.
Los gobernadores se cansaron de los gestos no correspondidos y las promesas incumplidas de Javier Milei. El presidente vende el ajuste sobre las provincias como parte de su cruzada contra la casta. O, peor, las ve como simples casilleros de un Excel gigante que hay que retocar para que al final de la columna dé déficit cero.
Sin embargo, los gobernadores que hasta acá transitaron el carril del colaboracionismo evitan —por ahora— al ataque frontal contra Milei. En su lugar, se asocian para plantarse desde una posición de mayor fortaleza frente al poder central.
“Cuando te atacan mucho desde afuera, uno se resguarda en la familia y en la gente que conoce”, dice un hombre del entorno de Maximiliano Pullaro.
La Región Litoral surgió como plataforma para potenciar los intereses de seis provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, un espacio unido por la hidrovía, que comparten reclamos hacia Nación —como los aportes para las cajas de jubilaciones— y que con la incorporación de Córdoba agrupará a un cuarto del PBI nacional.
Al igual que la Región Patagonia, el futuro G7 del Litoral aparece en el marco de una reconfiguración drástica en la relación entre Nación y provincias. Más que un federalismo virtuoso en que ambas instancias de gobierno acuerdan cómo se distribuyen las funciones —y sobre todo los recursos—, son los estados subnacionales los que tienen que hacer lo mismo, o incluso más, ante la defección del poder central.
Antes y después de llegar a la jefatura de la organización que sueña con destruir, Milei ya dejó en claro demasiadas veces que su prioridad es que cierren las cuentas fiscales y que su modelo es el Estado mínimo del siglo XIX. Economía, defensa, seguridad, justicia, relaciones exteriores y no mucho más. Del resto, que se ocupen las provincias, y que ellas mismas se encarguen de conseguir la plata. Una suerte de federalismo delegativo de arriba hacia abajo.
La crisis de las coaliciones y los liderazgos nacionales que ordenaron la política post 2001 habilita que gobernadores radicales, amarillos, provincialistas y peronistas se asocien en pos de intereses comunes. Instinto de supervivencia mata ideología.
Pasados diez meses, los gobernadores amigables comprobaron con amargura que su cooperación con Milei, por necesidad o convicción, no los dejó en una mejor posición relativa que aquellos que se pusieron en modo confrontativo desde el día 1.
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El esquema cortoplacista de Milei de negociación tema por tema le sirve a los legisladores opositores para negociar en una paritaria muchas veces unipersonal. Pero no le conviene a los gobernadores, urgidos por pagar sueldos y jubilaciones.
Por eso no sorprendió que el miércoles en Santa Fe el discurso más duro haya sido el del entrerriano Rogelio Frigerio, un mandatario del PRO pero tiene a cargo la prima pobre de la nueva región.
De todos modos, los gobernadores administran los tiempos y regulan la intensidad de la disputa con Milei. Pese al bajón en las encuestas, el libertario sigue generando expectativas en parte de una sociedad que se aferra a que el expanelista corte la racha de fracasos y esta vez sí salga bien.
“Hoy el gobierno nacional representa la esperanza, y no te podés ir a pelear contra la esperanza. Al santafesino le gusta que el gobernador defienda lo propio y levante la voz, pero no que se vote en contra”, señalan desde el laboratorio del pullarismo.
Los gobernadores intentan remixar los hits del momento: austeridad, eficiencia, más mercado. Música para los oídos de los hombres de negocios que se reunieron en Idea. A los gerentes les entusiasma el rumbo que propone el libertario pero dudan sobre si puede llevarlos a buen puerto sin naufragar en el intento.
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Pullaro fue invitado al tradicional evento que se realiza en Mar del Plata pero desistió de ir. “Maxi es muy comarcal, siente que en esos eventos está perdiendo tiempo de gestión”, dicen a su lado.
Milei tiende a encerrarse en su mundo de números y redes sociales. Allí puede revolear cifras e insultos a cualquiera que se le cruce por el camino y no está atado a las convenciones de la política, aunque en los últimos meses tuvo que empezar a juntarse con legisladores y gobernadores para rascar votos para aprobar leyes o el más módico objetivo de salvar vetos.
Sin diálogo directo entre el presidente y el gobernador, Pullaro y sus ministros buscan caminos alternativos para superar los retrasos y los bloqueos de la gestión nacional. En el caso de Vialidad, es literal: la provincia le reclama desde hace meses que le ceda la administración de rutas nacionales claves para el traslado de la producción y el acceso a los puertos.
En la provincia destacan la predisposición de Luis Toto Caputo. Pero lo ven restringido por la rigidez fiscal del gobierno y la difícil gestión de un megaministerio que absorbió el equivalente a tres carteras provinciales como Economía, Producción y Obras Públicas.
“Es como el juego de la oca: avanzamos un casillero y retrocedemos tres”, dice un alto funcionario del ministerio a cargo de Lisandro Enrico, que sufre por la guillotina sin fin de Milei. Desde el cambio de gobierno, Vialidad cambió de cabeza tres veces.
El hombre fuerte del departamento General López se reunió dos veces con el exministro de Mauricio Macri, que promete un decreto para traspasar las rutas nacionales pero está trabado en el laberinto de la burocracia.
La provincia quiere hacerse cargo de la 11, la 33 y la A012. Las tres significan mil de los 2.800 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan a la provincia.
El gobierno santafesino pretende cambiar las reglas del ruego. Tanto para usuarios como para las empresas constructoras y los intendentes y jefes comunales. Quiere cobrar un peaje único por tonelada que se pague a través de una app y crear una zona única de bacheo, en la que liciten las nueve compañías del sector. “Que compitan”, es la consigna.
Otra pelea es con los gobernantes locales del cordón industrial. “Le cobran 13 mil pesos por camión para que transiten en caminos de tierra o con pozos”, se quejan en Obras Públicas. “Son medidas antipáticas, pero este sistema no va más”, plantean.
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Pese a las similitudes, cuando puede Pullaro aprovecha para diferenciarse de Milei. Remarca que el superávit es un medio para realizar obras y no un fin en sí mismo, hace guiños a la universidad pública y gira recursos a políticas sociales, como el Plan Abre.
El programa es parte de la herencia del viejo Frente Progresista. En esa línea, el socialismo pide que se termine la obra en el Hospital Regional Sur, que se perfilaba como un nuevo elefante blanco.
Hasta acá, el triángulo de hierro de la gestión de Pullaro fue seguridad, producción y educación. En el PS quieren darle a la salud el mismo estatus de prioridad. La crisis económica expulsa a afiliados del mundo de las obras sociales y las prepagas y sobrecarga al sistema público.
“Más allá del símbolo, terminar el hospital significa darle un reimpulso al sistema provincial”, indican desde el socialismo.
Por otro lado, la conducción del partido encabezado por Joaquín Blanco tiene su proyecto de reforma constitucional, que deberá transitar el pantano de la realpolitik. Igual, dicen, el texto no es rígido y está abierto a modificaciones. El plan es pulirlo entre esta semana y la próxima y luego ponerlo a debate con los aliados de Unidos.
El proyecto contempla una reelección para todos los cargos, con un intervalo de un período para volver a competir por el mismo lugar. ¿Y Pullaro? “El texto no habla de casos particulares”, responden.
“Queremos crear nuevas instituciones, darle más poder a la gente, con más equilibrios cruzados entre poderes”, agregan.
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En el partido de la rosa empiezan a ver que los tiempos de la reforma se vuelven chiclosos. “Parece que nunca es el momento ideal y que siempre hay un motivo de coyuntura para postergarla. Creemos que hay que hacer un esfuerzo para intentarlo, y si la realidad no nos acompaña, veremos. Queremos meterle celeridad, pero sin encorsetarnos en fechas. La idea es hacer las cosas bien”, resalta una persona del núcleo dirigente.
Antes, el PS va por la reforma judicial, que propone criterios para renovar la Corte y mecanismos para agilizar los trámites y ganar en transparencia. “Ordena el proceso y le da certezas a los actores de la política y de la Justicia”, consideran desde la conducción del partido.
Por otro lado, escala la tensión con los gremios estatales, otro de los adversarios preferidos del gobierno. La detención de cinco referentes sindicales por los incidentes en la Legislatura —imputados y luego liberados, aunque siguen procesados— gatilló movilizaciones que apuntaron directamente contra el gobernador y denunciaron la criminalización de la protesta social.
En el gobierno niegan que las órdenes hayan partido del Ejecutivo. “Nosotros no mandamos a detener a nadie. Menos a la misma Justicia a la que le estamos tocando intereses”, asegura un funcionario de máxima confianza del gobernador,
Por lo pronto, la foto de los referentes gremiales trasladados con esposas causó impacto. En este tema, el Ejecutivo y el PS, que encarna a la pata progresista de la coalición, están alineados.
“No hay violencias buenas y malas. Lo que pasó en la Legislatura es condenable. Y si hubo un abuso en los allanamientos y en el trato policial están todos los mecanismos institucionales para denunciarlo. Hubiera sido sano que hubieran condenado con la misma vehemencia lo que pasó en la Legislatura. Hay un doble estándar peligroso”, advierte un dirigente de primera línea del socialismo.
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Pese a que son protagonizados por personas sueltas o grupos minoritarios, se repiten escenas de mayor tensión. Un conflicto vertical entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, pero también horizontal: entre simpatizantes y detractores del gobierno. La violencia de las redes, uno de los rasgos identitarios del oficialismo, desborda hacia la vida analógica.
Son señales inquietantes. Como muestra la interna a cielo abierto del peronismo, donde aparece desafiado el propio liderazgo de Cristina, las viejas estructuras partidarias son incapaces de contener y canalizar el descontento social.
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El veranito financiero le da aire al gobierno, aunque nunca se sabe cuándo puede aparecer un frente frío y las bases de sustentación de Milei siguen siendo precarias.
Por eso, una de las cláusulas no escritas del tratado de integración de la Región Litoral es la posibilidad de que los mandatarios se reúnan en caso de un fogonazo económico o político. “Ante una crisis los gobernadores se pueden juntar. Hoy la virtualidad te permite una fluidez importante”, deslizan desde la Casa Gris.
ATE y UPCN habían aceptado la propuesta del gobierno, pero los sindicatos docentes -tanto Amsafé como Sadop y UDA- la consideraron insuficiente
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