La Casa Gris solicitó su apartamiento en los amparos que cuestionan la reforma y pidió que el tema sea revisado por la Corte Suprema de la Nación
Foto: Archivo / La Capital.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
El gobierno santafesino solicitó que cuatro ministros de la Corte Suprema provincial se aparten de las causas vinculadas a la reforma jubilatoria por considerar que existen circunstancias que podrían comprometer la imparcialidad del alto tribunal en el tratamiento de los amparos presentados contra la ley.
El planteo del Ejecutivo se produce en el marco de la judicialización de distintos aspectos de la reforma previsional sancionada por la Legislatura, que introdujo cambios en el sistema jubilatorio provincial con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y garantizar la sustentabilidad del régimen.
Entre las medidas adoptadas por la norma se encuentra el establecimiento de un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas para los haberes más altos del sistema, además de la creación de un aporte solidario para beneficios superiores a determinados niveles.
A partir de esas modificaciones, jubilados y pensionados presentaron acciones de amparo para cuestionar la aplicación de la normativa.
Por ejemplo, sobre un total de 117 personas que recurrieron a la Justicia para que no se les aplique el tope de 20 jubilaciones mínimas, 36 obtuvieron fallos favorables en instancias inferiores: no fueron alcanzadas por el tope y actualmente perciben haberes que oscilan entre los 10 y los 15 millones de pesos. De esos 36, 33 son jubilados provenientes del Poder Judicial.
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En ese contexto, la provincia solicitó el apartamiento de cuatro integrantes del máximo tribunal santafesino al momento de resolver esas causas: Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder.
El argumento central del planteo oficial es que esos magistrados se encuentran alcanzados —de modo actual o inminente— por el régimen previsional que está bajo análisis judicial, lo que podría implicar un interés directo o indirecto en el resultado de las causas.
Según sostiene la presentación judicial realizada por Fiscalía de Estado, uno de los ministros, Weder, ya reviste la condición de jubilado del sistema previsional provincial —con el beneficio suspendido mientras ejerce el cargo—, mientras que otro, Spuler, presentó su renuncia para acogerse al retiro, decisión que fue aceptada por el Ejecutivo.
En tanto, otros dos magistrados, Falistocco y Gutiérrez, manifestaron públicamente su intención de jubilarse en el corto plazo.
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El planteo se fundamenta en el principio jurídico según el cual nadie puede ser magistrado en su propia causa, uno de los pilares del debido proceso y de la garantía de imparcialidad judicial reconocida tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales de derechos humanos.
El máximo tribunal de Santa Fe rechazó el planteo de recusación al considerar que la presentación era improcedente. Tras esa decisión, el Ejecutivo interpuso un recurso extraordinario federal para que la cuestión sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, explicó que el cuestionamiento busca preservar la imparcialidad del tribunal que deberá resolver los amparos contra la reforma previsional.
“Lo primero que dijimos es que aquí está en juego el principio y la garantía de la imparcialidad. Esos jueces tienen un interés directo, actual e inminente en el resultado de la causa”, afirmó el funcionario.
En ese sentido, agregó que “si ellos van a ser beneficiarios del mismo régimen previsional que está siendo discutido, terminan siendo jueces de su propia causa”. Y señaló que, desde la perspectiva del Ejecutivo, esa situación “compromete la imparcialidad que debe garantizar el tribunal”.
Boasso también defendió la reforma impulsada por el gobierno provincial y resaltó que permitió evitar un mayor deterioro del sistema jubilatorio santafesino.
“Gracias a esa reforma se salvó el sistema previsional de Santa Fe, que además tiene de las mejores jubilaciones del país. La alternativa era transferir la Caja a la Nación o sostener el sistema provincial. La decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro fue mantenerla”, sostuvo.
El funcionario indicó, además, que los cambios introducidos permitieron reducir significativamente el déficit previsional.
“En 2025 el déficit fue de 311.000 millones de pesos. Sin la reforma habría superado los 650.000 millones. Es decir, la reforma permitió reducir prácticamente a la mitad el desequilibrio del sistema”, explicó.
Por último, Boasso señaló que el diseño de la reforma buscó distribuir el esfuerzo fiscal dentro del sistema. “El aporte solidario se aplicó únicamente a quienes perciben jubilaciones más altas. Fue una medida redistributiva que pidió un esfuerzo mayor a quienes más ganan dentro del régimen”, concluyó.
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